Luis María Pardo, Iustitia Europa: “La imputación de Marlaska por Ceuta es posible”

Luis María Pardo es un guardia civil en excedencia que emigró a Italia por amor. Allí estudió derecho por la UNED. Durante la pandemia cuestionó las medidas de las autoridades y ayudó a las personas afectadas por el parón como abogado. A partir de ahí, empezó a personarse en aquellos casos en los que “podía haber corrupción” por la compra de material sanitario. Así llegó a formar parte de la acusación popular de uno de los casos más mediáticos de nuestro país, el caso Koldo.

Tras ello, Pardo decidió “dar la batalla” contra la corrupción política de PSOE y PP, y cita el caso de Begoña Gómez o Isabel Díaz Ayuso. También ha llevado a los tribunales la ley de nietos y la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta. Y para rematar, ahora se presenta a las elecciones, como explica en esta entrevista con Artículo14.

Pregunta: ¿Qué es Iustitia de Europa? ¿Cuáles son las expectativas?

Respuesta: Es un partido reformista y transversal que ha luchado contra la corrupción durante todo este tiempo. Nos presentamos solo por la circunscripción de Madrid, con casi cinco millones de votantes y donde hay cabida para que partidos como Iustitia Europa. Queremos ser llave del gobierno en la próxima legislatura. Nuestras encuestas nos dicen que podemos sacar casi un 12% de votos en Madrid.

P: ¿Llave de un gobierno PP-Vox o de PSOE y las demás izquierdas?

R: Llave de un gobierno que firme y que adopte nuestro contrato electoral: despartidizar el Estado, superar el régimen del 78 con la reforma constitucional, limitar el mandato de los políticos, quitar los aforamientos, retirar las subvenciones públicas a los partidos políticos y sobre todo la elección directa del presidente del Gobierno. Queremos tener por fin a los tres poderes del Estado separados.

P: Se le ha asociado mucho con la ultraderecha porque ha participado en acusaciones populares en las que están plataformas como Hazte Oír, Manos Limpias o Vox. ¿Es usted ultraderecha?

R: No, ni soy de ultraderecha, ni nadie que conforma el partido tiene nada que ver ni con la ultraderecha, ni con la ultra izquierda. Nosotros somos sociedad civil. Estamos cansados de las ideologías, de los dogmas y consignas del pasado que nos han traído a la sociedad española a la polarización. Es más, si ven todas las causas de corrupción en las que hemos entrado también hay causas de la derecha.

P: ¿Cómo abordaría el tema de la vivienda?

R: Dos cuestiones básicas, el mayor nicho de corrupción que existe en España son los ayuntamientos y las corporaciones locales a través del suelo público. Lo que haría sería la reforma de la Constitución: la vivienda tiene que ser una política estatal. El suelo tiene que estar liberalizado.

P: ¿Cuál es su opinión en materia migratoria?

R: Defendemos la inmigración legal y no populista. No se puede permitir es que haya partidos políticos que digan reinmigración. Reinmigración es un concepto vacío, hueco y que solo busca ganar votos, un concepto que viene de la ultraderecha europea que es imposible de aplicar.

P: En el plano judicial, ¿cómo piensa que va a avanzar la causa de María Tardón?

R: Es complicado. Esta causa afecta a la seguridad nacional. Tenemos informes clasificados, secretos y confidenciales y determinadas actuaciones del Estado que no pueden de momento ser expuestas a disposición del público, puesto que afectaría a la propia seguridad de la nación. En este caso hay un actor que te ataca y luego tienes unas decisiones en suelo español que o no se realizan o no se hacen bien. Hay una comisión por omisión o una omisión. Eso tiene que investigarse.

P: ¿Cuál podría ser la responsabilidad penal de Marruecos en este caso? ¿A quién se podría abrir una investigación penal en concreto?

R: Contra aquellos ideólogos que pisaran suelo español o territorio Schengen. Se podrían liberar requisitorias contra todos los agentes, ideólogos o financiadores de este proyecto que estén en territorio de la Unión Europea, ordenar su detención y puesta a disposición de la Audiencia Nacional. La competencia de la Audiencia permitiría traer a esas personas a España para ser juzgadas.

P: ¿Ve posibilidad de que esta causa termine en el Supremo con una imputación del ministro de Interior?

R: La delegación del Gobierno y el CNI sí elevaron a las autoridades correspondientes una serie de avisos de informes y de alertas, como hacen de manera rutinaria. Es decir, avisaron a la Secretaría de Estado de Seguridad y al ministro del Interior. Por tanto, yo sí que veo una posible imputación una vez que tengamos los informes. Pero esto ya después de las elecciones.

P: Otro de los frentes judiciales que tiene abiertos son los recursos por la ley de nietos ante el Tribunal Supremo. Esos 163.020 nacionalizados españoles, que al parecer no van a poder votar. ¿Cómo piensa que puede terminar todo esto?

R: Ahora mismo la situación es de extraordinaria gravedad. El Gobierno está indicando que quizás no vaya al Tribunal Constitucional. Puede ser que a través de terceros sí que quieran recurrir. Parece que no hay tiempo para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Yo mando un mensaje de cautela, pero también de alerta.

P: ¿Cómo pretenden que un nieto acredite que su abuelo salió de España por razones de ideología, orientación sexual o creencia? Nadie se fue con un cartel de soy homosexual o soy comunista…

R: Pero hubo mucha gente que se fue por motivos económicos. La ley lo determinaba. Lo que pasa es que la instrucción habilitó unos supuestos mayores. Por cierto, ahí estaba de acuerdo el Partido Popular y Ciudadanos. Todos estaban de acuerdo en ampliar todo ese espectro de personas que podían tener acceso. Es peligroso que se ponga en duda la transparencia electoral.

Si la ley de nietos establece unos supuestos para adquirir la nacionalidad, una instrucción no puede ir contra la ley. Y si no, que hubiera modificado la ley y que hubieran habilitado que no se tenía que acreditar.

P: Con respecto al ático de Ayuso, caso en el que también lidera la acusación popular. ¿Piensa que se va a acabar abriendo investigación penal?

R: Sí, por supuesto. Existen indicios de que puede haber una posible prevaricación con un capital público que se eleva a 6,3 millones de euros. Ahora, el juzgado tiene que ver qué investiga y vamos a ver hasta dónde escala. Algún responsable tendrá que haber de Planifica Madrid por la adquisición de esa vivienda. Yo veo a la señora Ayuso nerviosa.

P: Para terminar, el caso Begoña Gómez.

R: Este caso y el de David Sánchez son muy parecidos. Begoña Gómez consiguió una cátedra al parecer por ser la mujer del presidente del Gobierno. ¿La hubiera conseguido si no hubiera sido la mujer del presidente del gobierno? Gran interrogante. ¿David Sánchez hubiera conseguido la plaza del conservatorio si no hubiera sido hermano del presidente ? La Justicia ha dicho que no.