Cuando Tespis, allá por el siglo VI a. C., hizo salir a escena a un personaje que respondía al coro en lugar de limitarse a cantar con él, nació el primer actor de la historia. Los griegos lo llamaron hypokrités, el que responde desde detrás. Aquel término no encerraba reproche alguno: designaba a quien se colocaba una máscara y hablaba con una voz que no era la suya para entretener al público. Con el tiempo, el término trascendió el teatro. Se empezó a aplicar a quienes, fuera del escenario, también actuaban: los que fingían una identidad falsa para engañar a los demás y sacar provecho. Siglos después, los textos del Nuevo Testamento lo convirtieron en un insulto moral, reservado a quienes exhibían públicamente una piedad que no sentían. Ese es el sentido que ha llegado intacto hasta nuestros días. La hipocresía es, según la RAE, el “fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”.
Más de 2600 años después, los españoles estamos inmersos en otra representación en la que se intenta convencernos de que hacer negocio con la vivienda es inmoral y casi delictivo. Naturalmente se puede discutir cómo regular aún más el deteriorado mercado del alquiler, si hay que construir más o si conviene topar los precios. Lo que, según se ha visto, no admite discusión, es la obligatoriedad de tratar como un desalmado, un avaricioso y un sospechoso a quien cumple las reglas que el propio legislador ha escrito.
Este es el tono que el PSOE ha adoptado en los últimos años: fondos buitre, grandes tenedores, rentistas. Se ha introducido un vocabulario incriminatorio que convierte a una categoría entera de propietarios en responsable del drama de la vivienda. Lo más llamativo es que la portavoz socialista que lo repetía, Montse Mínguez, comparte desde hace años su vida con alguien que posee una cartera de treinta viviendas en alquiler. Una contradicción que la ha obligado a dimitir.
Lo cierto es que nadie debería responder por los negocios de otro, ni tiene por qué compartirlos. Pero ella no se limitó a callar, sino que salió a defender públicamente esa actividad, lo cual sugiere que no la considera reprobable. Y ahí está la hipocresía. Porque si alquilar pisos es legítimo, debería serlo para el novio de la portavoz socialista y para el pequeño propietario de Alcorcón. Sin embargo, inicialmente a la portavoz no le pareció contradictorio compartir su vida con uno de esos rentistas tan profundamente inmorales, ni le pareció oportuno explicar por qué en casa se disculpa lo que en el mitin se condena.
En este sentido, parece esencial no confundir dos conceptos distintos. La incoherencia es hacer algo distinto de lo que uno cree y defiende. La hipocresía es exigir a los demás una conducta que uno mismo no cumple, y además fingir que sí la cumple.
Hay ejemplos de sobra fuera de la vivienda. Esta semana hemos visto a una candidata clamando contra los ricos, vociferando contra los grandes propietarios y manifestándose por la educación pública, cuando todo el mundo sabe que vive en una mansión, que tiene varias propiedades y que lleva a sus hijos a un exclusivo colegio privado. Irene Montero se llama. Culpabilizar moralmente al resto por el comportamiento al que uno mismo recurre cada semana se ve que cotiza al alza.
Volviendo a la vivienda y al caso que nos ocupa, la portavoz del PSOE quedó desautorizada cuando la opinión pública española vio claro que no criticaba a los propietarios por convicción, sino por rentabilidad. Montse Mínguez demostró que los principios funcionaban para ella como un producto que se ofrece a la clientela adecuada y que, cuando termina la jornada, se dejan en la taquilla junto con el la máscara.
No se trata de que nuestros políticos vivan como monjes, se trata de no criminalizar lo que se practica o tolera en la propia casa. Si no pueden evitarlo, que rebajen el tono; y si no pueden rebajar el tono, que luego tampoco se lamenten cuando les pillen.