El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado la “más enérgica queja” a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” que ha realizado por el magistrado Juan Carlos Peinado, titular de la Plaza nº 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, en una resolución conocida este sábado.
En dicha resolución, el juez Peinado asegura que “no cabe duda” de que los agentes que acompañan a la mujer del presidente del Gobierno pueden, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar “en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.
Para el ministro, esas afirmaciones “representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho“, como ha expresado Interior en un comunicado este sábado.
Marlaska ha señalado además que las sospechas del magistrado alcanzan no solo a los agentes con el servicio de acompañamiento asignado “sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales”.
“Un hecho de máxima gravedad”
El titular de Interior considera estas afirmaciones “un hecho de máxima gravedad” y ha instado al CGPJ a que adopte “las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones” al tiempo que ha insistido en la “plena profesionalidad” de los agentes y de sus mandos.
La queja se produce a raíz del auto en el que Peinado acuerda abrir juicio oral con jurado popular a Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, tras la audiencia preliminar celebrada el lunes en los juzgados de Plaza de Castilla. El juez les atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y acuerda retirarles el pasaporte, prohibirles salir de España y obligarles a comparecer dos veces al mes ante el juzgado.
El instructor argumenta que los hechos investigados “pudieron suponer que, desde la llegada de su esposo primero a la secretaría general del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional”. Peinado también envía a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, aunque sin medidas cautelares.
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