“No es un Consejo progresista”. Es la reflexión que sobrevuela en el Consejo General del Poder Judicial tras los dos últimos nombramientos de las salas segunda y tercera del Tribunal Supremo. El bloque progresista achaca la culpa a su presidenta, Isabel Perelló. Siempre se ha dicho que es de sensibilidad progresista. De hecho, estuvo asociada a Jueces y Juezas para la Democracia, de esta sensibilidad. Sin embargo, los vocales de su bloque discrepan: “No es progresista ni tecnicista. Ella está de paso, tiene otros objetivos”.
De ahí que el lamento de los denominados progresistas es que están “en un Consejo de corte conservadora”, como quedó reflejado en la votación de este miércoles. Las Salas Segunda y Tercera del Tribunal Supremo serán cubiertas por los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, respectivamente. Ambos de sensibilidad conservadora, después de que las magistradas apoyadas por el bloque progresista, Ana Ferrer y Pilar Teso, se retiraran ante el bloqueo de casi un año para lograr el nombramiento.
En una carta, Ferrer fue muy crítica ante la incapacidad para el acuerdo aseveró: “Los vetos ideológicos han prevalecido sobre los criterios de mérito, capacidad y presencia equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones públicas”.
Es por ello que tras el paso al lado de sus candidatas, “por lealtad institucional”, los vocales progresistas decidieron dejar de seguir peleando y permitir que salieran elegidos los dos únicos candidatos que quedaban conservadores. “Después del gesto generoso que habían hecho las candidatas hubiera sido una irresponsabilidad no haber cubierto hoy las vacantes, pero teníamos claro que no íbamos a hacer acuerdo por unanimidad”. Su solución fue que seis vocales progresistas votaron en blanco para elegir a Arrieta y cinco para elegir a Lucas, en señal de disconformidad con el desenlace del nombramiento.
Sin cumplir la paridad
Pero, además, lanzaron un alegato en favor del feminismo y denunciaron que estos nombramientos no cumplían con la ley de paridad porque cuatro de las cinco salas del Tribunal Supremo estarán presididas por hombres a partir de ahora. “La paridad no se refiere al número de mujeres en la carrera judicial que es mayoritario sino a su representación en los espacio de decisión (…) Pretende romper inercias masculinas consolidadas que perpetúan una situación en la que los espacios de poder siguen estando ocupados por hombres”, argumentaron.
Lamentaron haber perdido la oportunidad de marcar “un antes y un después” en la historia del Tribunal Supremo, precisando que solo en dos ocasiones una sala ha sido ocupada por una mujer. Es la sala de lo Social, primero por María Luisa Segoviano y, ahora, por Concepción Ureste.
Por su parte, desde el sector conservador, las fuentes consultadas por Artículo14 aseguran que “no era el escenario que nosotros contemplábamos” pero se muestran satisfechos con “la salida encontrada”. Además, señalan que ambos presidentes se jubilan en los próximos años y el Consejo tendrá que volver a proponer candidatos. E indican que ellos cedieron desde el principio porque los elegidos no son “ni progresistas ni conservadores”. “Nosotros hicimos el esfuerzo de proponer candidatos que no estuvieran significados desde el principio, ellos no”, apostillan.
Las salas Segunda y Tercera del Tribunal Supremo son las más “singulares” a ojos de un vocal. Son las más relevantes a nivel político. De ahí que elegir a los nuevos presidentes se haya antojado tan difícil. Su función es la más politizada. En la segunda, la de lo Penal, se juzga a los cargos del Estado aforados, es decir se resuelven los grandes casos de corrupción política como el caso Cerdán. La tercera es la de lo Contencioso Administrativo que también tiene gran relevancia política porque dirime los asuntos que afectan a decisiones del Gobierno.
Pese a la enorme discrepancia entorno a la presidencia de estas dos salas, el CGPJ en su primer año de vida han realizado 161 nombramientos por unanimidad o amplios consensos.