La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra ha abierto uno de los episodios judiciales más controvertidos de la democracia española. Por primera vez, un antiguo jefe del Ejecutivo se encuentra formalmente investigado en una causa de presunta corrupción vinculada a tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y utilización de estructuras societarias para canalizar fondos.
La causa, instruida por el magistrado José Luis Calama en la Audiencia Nacional, gira en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra con cargo al Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Según los autos judiciales y los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), alrededor de aquella operación se habría articulado una red estable de intermediación política, empresarial y financiera cuyo supuesto núcleo estratégico era el entorno del expresidente socialista.
El juez considera que existían indicios de una “estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias” y sitúa a Zapatero “en el vértice” de dicha organización debido a su capacidad de interlocución política internacional, especialmente en Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos. El auto describe un entramado compuesto por sociedades instrumentales, contratos de consultoría, pagos cruzados, facturación de informes y operaciones internacionales relacionadas con petróleo, oro y divisas.
Aunque la investigación se encuentra en fase de instrucción y, por tanto, todas las personas investigadas mantienen su presunción de inocencia, la conexión venezolana es la que más ampollas humanas levanta, también el elemento más opaco y geopolíticamente explosivo de toda la investigación. A diferencia del eje estrictamente español, centrado en el rescate de Plus Ultra, la ramificación venezolana involucra a líderes del chavismo e incluye operaciones energéticas internacionales, presuntas intermediaciones petroleras, estructuras financieras transnacionales y testimonios de opositores que llevan años denunciando el papel del expresidente español en Caracas.
De acuerdo con el auto, la red articulada alrededor de Zapatero no operaba únicamente como una estructura de influencia política en España, sino también como una plataforma de intermediación internacional conectada con intereses económicos venezolanos. El juez Calama describe al expresidente como el “núcleo decisor y estratégico” de una estructura que habría mantenido capacidad de interlocución privilegiada con sectores del régimen chavista y con empresarios interesados en operar en Venezuela.
Más que un mediador
Según los autos judiciales y los informes policiales incorporados a la causa, la relación entre el entorno de Zapatero y Venezuela iba mucho más allá de la diplomacia informal o la mediación política. Varias de las sociedades bajo sospecha estaban vinculadas a empresarios venezolanos o a operaciones económicas relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro. Entre ellas destaca Inteligencia Prospectiva S.L., administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón.
El juez considera especialmente relevante que estos empresarios aparezcan en comunicaciones relacionadas con operaciones petroleras y financieras de alto nivel vinculadas a Caracas. El auto señala que su actividad “excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común”, hasta el punto de intervenir presuntamente en asuntos de “Estado de primer nivel”.
Las pesquisas sugieren que los hermanos Amaro actuaban como intermediarios en operaciones internacionales relacionadas con el petróleo venezolano, coque de petróleo, oro, compraventa de divisas y contactos con empresas chinas interesadas en negocios energéticos.
Según el auto, Inteligencia Prospectiva funcionaba como un “vehículo de entrada de fondos extranjeros” y como un “nodo de redistribución” hacia sociedades del entorno de Zapatero.
El petróleo venezolano y la “puerta Zapatero”
Uno de los aspectos más graves que describen los investigadores es la presunta utilización del entorno del expresidente como vía de acceso privilegiado al régimen venezolano. Según la documentación incorporada a la causa, los empresarios interesados en comprar petróleo venezolano o participar en operaciones energéticas debían canalizar determinadas gestiones a través de los contactos de Zapatero.
En varias comunicaciones intervenidas por la UDEF aparece incluso la expresión “Nuestro pana Zapatero detrás”, una referencia directa a la implicación del expresidente en determinadas operaciones internacionales. El entorno habría actuado como facilitador político y empresarial entre intereses económicos extranjeros y estructuras próximas al chavismo. Parte de esas operaciones habrían estado relacionadas con la venta de petróleo venezolano a compañías internacionales, incluida una empresa china mencionada en los autos. El juez también habla de los contactos con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano, en el marco de operaciones vinculadas al petróleo y a autorizaciones aeronáuticas para Plus Ultra.
Plus Ultra y la conexión chavista
La aerolínea Plus Ultra constituye uno de los principales nexos entre la investigación española y Venezuela. Desde hace años, distintos informes y sectores políticos habían señalado la estrecha relación de la compañía con capitales venezolanos y con empresarios cercanos al chavismo.
La Audiencia Nacional considera que Plus Ultra activó simultáneamente dos líneas de influencia. Una vinculada al entonces ministro José Luis Ábalos y otra centrada en el entorno de Zapatero. Según el juez Calama, esta segunda vía terminó teniendo un “papel predominante”. Las gestiones no se limitaron al rescate financiero en España. También habría existido actividad relacionada con la obtención de permisos aeronáuticos en Venezuela y con operaciones internacionales conectadas al régimen chavista. Las comunicaciones intervenidas muestran a directivos de Plus Ultra hablando abiertamente de comisiones, “mordidas” y estructuras societarias diseñadas para canalizar pagos.
La ramificación venezolana no se limita a España y Caracas. La investigación incorpora además Emiratos Árabes Unidos como presunto centro de canalización financiera. Según el juez, el entorno investigado impulsó la creación de la sociedad Landside Dubai FZCO, vinculada a otra mercantil denominada Idella Consulenza Strategica. La sospecha judicial es que esta estructura offshore habría sido diseñada para recibir comisiones derivadas de operaciones vinculadas al rescate de Plus Ultra y posiblemente de otras actividades internacionales.
Las acusaciones de Lorent Saleh
La dimensión venezolana del caso ha provocado una fuerte reacción entre antiguos presos políticos y dirigentes opositores al chavismo. Uno de los testimonios más contundentes ha sido el de Lorent Saleh, activista venezolano, expreso político y refugiado en España tras haber sido encarcelado y torturado por el régimen de Maduro. “Los venezolanos llevamos años denunciando el papel de Zapatero en favor del chavismo. La imputación judicial llega muy tarde”, nos dice en una conversación telefónica. El opositor acusa al expresidente de haberse beneficiado económicamente del sufrimiento venezolano. “Mientras en Venezuela la gente comía de la basura y se moría de hambre, Zapatero y su familia se hacían millonarios con la desgracia venezolana”.
Saleh rechaza tajante las opiniones que defienden que Zapatero actuaba como mediador neutral para la liberación de presos políticos. “Es mentira que él era mediador para la liberación de presos políticos. No era un árbitro independiente, sino un operador político del chavismo con obsesión por enriquecerse”. E insiste: “Zapatero es una de las piezas más importantes de la dictadura. Es más, es el operador de una narcodictadura”. El opositor denuncia también la presión ejercida, según sus palabras, sobre familiares de presos políticos venezolanos. Asegura que algunas personas del entorno de Zapatero pedían a las familias que no denunciaran públicamente las torturas y violaciones de derechos humanos cometidas en cárceles venezolanas. “Presionaban a mi familia como a la de muchos presos políticos para que no denunciáramos lo que pasaba ahí”.
Le parece bochornoso que el expresidente intentase construir una imagen pública de mediador humanitario mientras mantenía una relación estrecha con el aparato político chavista. “Muchos opositores exiliados sabían que cualquier intento de regresar a Venezuela dependía indirectamente de la influencia del expresidente español. Los exiliados que quieren regresar a Venezuela tienen que pasar por Zapatero. Es el filtro del régimen chavista en Europa”.
La Audiencia Nacional deberá determinar ahora si las relaciones políticas, empresariales y económicas de Zapatero constituyeron únicamente actividades privadas y diplomáticas legítimas o si, por el contrario, formaban parte de una estructura organizada destinada a obtener beneficios económicos mediante tráfico de influencias y operaciones financieras opacas.
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