El acuerdo está encaminado, pero ni mucho menos cerrado. 48 horas de reuniones y negociaciones a contrarreloj desde el ministerio de Vivienda con los grupos parlamentarios mantienen el acuerdo en vilo. Nadie se atreve a romper la negociación pero las peticiones de máximos de Sumar son incompatibles con el sí de Junts.
A falta de pocas horas de llevar el Real Decreto al Consejo de Ministros, el pulso más duro del Gobierno ha sido con el socio de coalición, que ha elevado sus exigencias para evitar el coste político de aprobar un texto que el Sindicato de Inquilinas rechace. Las llamadas y el cruce de papeles desde el ministerio con los socios tiene ya acotadas las medidas fundamentales.
En realidad, el texto no nace ahora. Parte estaba ya en el Real Decreto a finales de julio, cuando se aplazó a septiembre por la falta de apoyos. Pero el desahucio de Maricarmen ha cambiado el contexto político y elevado el precio del acuerdo. “Todo el mundo va a máximos”, reconocen fuentes del Gobierno presentes en la negociación.
Durante el día de hoy continuaron las negociaciones del domingo, alargas hasta las 23 horas. El Ejecutivo ha optado por aunar a la izquierda —Sumar, Podemos, ERC y Bildu— mientras confía en lograr el sí o la abstención de Junts, según fuentes del Ejecutivo.
Un texto “ambicioso”
Nadie lo pone fácil, pero el Gobierno busca no perder a nadie por el camino en un Real Decreto que en el Ministerio de Vivienda califican de “ambicioso”. “Lo más fácil es que salgan a desmarcarse, pero es difícil votar en contra de medidas de protección a los inquilinos, estabilización de los contratos, beneficios fiscales y numerosas medidas que cuesta entender que se rechacen”, señalan fuentes del Ejecutivo.
El borrador final todavía tiene puntos abiertos Sumar ha advertido de que el acuerdo sobre el texto “sigue muy lejos”. Y eso a pesar de que el Gobierno insiste en que el decreto contiene “de todo” en materia de vivienda, apuntan fuentes del Gobierno.

Quién presiona a quién
El equipo del ministro Pablo Bustinduy, al frente de la negociación por parte de Sumar, amagó la tarde del sábado con romper si las medidas no se alineaban con las demandas del Sindicato de Inquilinas. Bildu mantiene una posición similar.
Desde la acampada improvisada en Sol, el colectivo ha presentado su propio “decreto Maricarmen”, con congelación de alquileres, renovación indefinida de contratos y cambios en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. En las conversaciones con el Ministerio durante el fin de semana, el sindicato ha mantenido sus demandas de máximos, pero sin cerrar la puerta a un acuerdo de mínimos.
Tras un fin de semana tenso, Sumar ha suavizado la idea de las expropiaciones y centra ahora sus demandas en la congelación y prórroga de los alquileres, la regulación de los contratos de temporada y por habitaciones y la protección frente a los fondos buitre. Hasta dónde llegar con las medidas depende del equilibrio con Junts.
Los siete diputados de Míriam Nogueras mantienen las exigencias de julio para apoyar el real decreto: desgravaciones fiscales a inquilinos y propietarios, suspensión de los desahucios y límites a las compras de vivienda por fondos de inversión.

Los grupos de izquierdas, incluido ERC, han terminado aceptando las bonificaciones a propietarios. Los republicanos defienden un discurso contundente aunque las medidas sean puntuales. “Tienes que demostrar como bloque que quieres solucionar el problema. Maricarmen es el símbolo de un fracaso estructural”, apunta la diputada Etna Estrems, al frente de la negociación. Podemos, según fuentes de su dirección, también aceptaría un Real Decreto “de mínimos” si el Ejecutivo retira la Ley del Suelo del texto.
Isabel Rodríguez cancela su agenda
La negociación ha llegado hasta la agenda de Isabel Rodríguez. La ministra tenía previsto acompañar este lunes a Pedro Sánchez en su visita a un edificio de vivienda pública en Barcelona, pero ha cancelado el compromiso para ultimar las negociaciones desde el Ministerio de Vivienda. El Gobierno apura así las últimas horas antes de llevar el decreto al Consejo de Ministros. “Hoy es el día” para saber en qué estado llega el acuerdo, apuntaban desde el equipo negociador de Isabel Rodríguez.

