Mercedes Revuelta lleva quince años vinculada al activismo por el derecho a la vivienda. Comenzó en la Asamblea de Vivienda de Usera y hace una década fue una de las primeras integrantes del recién creado Sindicato de Inquilinas. Entonces eran apenas entre quince y veinte jóvenes que empezaron a moverse. Algunos compartían piso, otros eran inquilinos que ya percibían el problema que se avecinaba y tenían dificultades para independizarse.
“En ese momento se veía que el tema de la vivienda iba a ir hacia los alquileres, que los problemas iban a estar derivados de los alquileres y que los precios empezaban a subir“, recuerda Revuelta. Los comienzos, admite, no fueron sencillos. “Ha sido un proceso de organización lento. Al principio parecía que no iba a tirar para adelante porque cuesta mucho sacar una organización, pero dos años después comenzó la remontada. Es una inteligencia colectiva abrumadora“. Hoy, el sindicato cuenta con miles de afiliados y trabaja en coordinación con otros sindicatos de inquilinos de toda España.
En esos quince años de activismo, Revuelta ha visto cambiar también el rostro de la vulnerabilidad. La crisis inmobiliaria que estalló en 2008 golpeó especialmente a los propietarios hipotecados. Muchos perdieron el empleo y se encontraron con cuotas que no podían afrontar. Ahora, la crisis se ha desplazado hacia quienes viven de alquiler. “Hace años, la burbuja explotó sobre todo entre los hipotecados. Subieron los tipos de interés, hubo gente que se quedó en el paro y unas letras que no paraban de subir. Los grandes afectados eran propietarios, con pisos carísimos y letras muy elevadas que llegaron a duplicarse. Ahora los desahucios se han trasladado a los inquilinos, son los más vulnerables en el mercado de la vivienda“, explica.
Y apunta a otro fenómeno: la sustitución de unos inquilinos por otros con mayor capacidad económica. “Al humilde, al trabajador sencillo, los caseros se lo están quitando de encima para tener inquilinos de mayor nivel adquisitivo”.
El desahucio de Maricarmen, de 87 años, después de más de siete décadas viviendo en la misma casa, se ha convertido en el símbolo de la especulación sin límites. “Lo podemos llamar la vergüenza de un país”. Para la activista, el caso de esta anciana ha mostrado la cara más dura del sistema cuando fracasan todas las vías para evitar que una persona vulnerable pierda su vivienda.
“Es una brutalidad en toda su expresión: la policía sacando a los activistas retorciendo el cuello o las muñecas, o treinta o cuarenta antidisturbios ocupando el bloque de Maricarmen y tirando con una radial la puerta de la casa. Es una violencia muy grande para desalojar obligatoriamente”.
Su crítica se extiende a todas las instituciones implicadas. “Ha fallado todo el país. Todas las administraciones y todos los políticos son los grandes culpables de este entramado porque no les vemos más que echarse las culpas los unos a los otros. Todos tienen competencias, pueden intervenir; solo hace falta valentía y voluntad. No tienen voluntad de cambiar las cosas y hacer que la gente no sufra”.
Cuestiona también la actuación judicial. “También son culpables los jueces de no ver, con la ley en la mano, la proporcionalidad de la situación“. Y denuncia carencias en la aplicación de las herramientas de protección previstas para los inquilinos: “No se cumple. No hay oficinas de atención para temas de vivienda para que te puedan informar si hay cláusulas abusivas y no se ha puesto en marcha la Ley de Vivienda. Aquí no hay fronteras para los grandes especuladores, para poder especular con la vivienda”.
Pero para Revuelta, los desahucios que llegan a los juzgados solo permiten ver una parte de la crisis. Según datos oficiales, en España se producen 44 desahucios al día y alrededor del 65% son inquilinos que no pueden pagar el alquiler. A esa estadística añade un fenómeno mucho más difícil de cuantificar: los desahucios invisibles.
“Lo que vivimos los activistas es que hay miles de desahucios invisibles que no pasan por los juzgados. Son desahucios silenciosos: tu casero no te renueva y los inquilinos simplemente se van, buscan otra casa donde vivir, pero no ponen problemas, no resisten. Pero son desahucios silenciosos porque tu casero te está echando”.
Su propuesta es recuperar un modelo que, según explica, ya existía en España hace años y que se mantiene vigente en países como Francia o Alemania. Los contratos indefinidos, con los que el casero no puede echar al inquilino y solo puede subirle la cuota correspondiente a la inflación. “Antes había contratos indefinidos de alquiler. En Francia y Alemania existen esos contratos indefinidos y, si el inquilino se va, es porque quiere, no porque el casero le echa o le sube el alquiler. Se renueva el IPC cada año. Es una forma muy convincente de controlar el alquiler“.
La escalada de precios está cambiando también barrios tradicionalmente accesibles para las familias trabajadoras. “Antes cualquier familia de Vallecas, Carabanchel, Usera o Moratalaz en Madrid encontraba hace cinco años alquileres por 550 euros para un piso de dos habitaciones. Ahora tú pones alquileres de 700 euros en los portales inmobiliarios y no encuentras nada. Mínimo, de los 800 euros para arriba“.
El problema no solo es el precio. Revuelta denuncia situaciones extremas en lugares que no están habilitados para vivir. “Por ejemplo, se alquilan pisos con hamacas para dormir con los que el propietario cobra 200 euros al mes, sin cocina y con un solo baño para 24 personas, o incluso plazas de garaje sin ventanas para dormir“.
Después de quince años de activismo, su experiencia demuestra que ser inquilino hoy es más complicado que cuando comenzó en el activismo. “Las condiciones del país son más bestias que hace quince años. Hay más brutalidad en torno a la vivienda, con una violencia extrema. La gente no accede fácilmente a una vivienda digna, mucho más que hace quince años, por el precio, por las condiciones, por el maltrato al inquilino. Acaban de salir los datos oficiales del CGPJ en los que se dispara un 38% en el primer trimestre de 2026. Es una bestialidad”.
La crisis de acceso a la vivienda no afecta únicamente a los hogares tradicionalmente considerados vulnerables. “Es un problema de la clase trabajadora. Cuando vemos a médicos, al personal sanitario, con 25 contratos temporales, un trabajo precario con salarios bajos; la gente que nos está cuidando en el hospital, las kellys de los grandes hotelazos… Lo vemos en tantos estamentos de este país, que cobran unos sueldos que no son dignos, no pueden pagar la compra, no pueden pagar la vivienda“.
Ante esta situación, Revuelta reclama medidas mucho más contundentes. La primera de ellas, proporcionar mayor estabilidad a los contratos. “De manera urgente, una prórroga de los contratos de alquiler de tres a cinco años, una prórroga tranquila y larga para que nadie pueda desahuciar por especular con el precio al inquilino”.
También reclama intervenir sobre las operaciones de compra. “El Gobierno tiene que prohibir las compras especulativas porque estamos en un momento crítico y hay que tomar medidas excepcionales. Prohibir comprar casa de forma especulativa y enseñar que vives ahí. Solo personas que necesiten comprar casas. Los que tengan de tres a cinco casas, que no compren más”.
Y distingue entre dos tipos de propietario: el casero y el rentista. “Los propietarios que consideran que aumentar las restricciones sobre el alquiler puede provocar que retiren sus viviendas del mercado es porque quieren especular. No son caseros, son rentistas. Hay una gran diferencia entre el casero que tiene un alquiler, cobra el alquiler y quiere que el inquilino no le dé problemas, y los que hablan de sacar su casa del alquiler. Son rentistas, especuladores, porque lo único que piensan es en términos de dinero. Hablan de inversión, rentabilidad, pero no de casero o inquilino. Hablan de dinero, pero las personas no les importan“.
El discurso más duro se lo lanza a los políticos. “La clase política no es que llegue tarde, es que no se la espera. En el Congreso y el Senado hay políticos que tienen el control de las leyes y no hacen su trabajo porque no se enteran ni lo quieren ver. Van en coche oficial a su casa y algunos son grandes propietarios, no ven el problema y solo están pendientes de sus intervenciones. No tienen interés en hacer un grupo de trabajo y sacar adelante las cosas. El diagnóstico lo tienen, pero no tienen voluntad“.
Y a la ministra de Vivienda le pide que dimita. “La primera medida es que Isabel Rodríguez dimita, porque no nos vale. Lleva mucho tiempo y no se le ha visto arrojo. Está muy bien montar Casa 47, pero después de un año de trabajo no puedes tener dentro 180 viviendas y que ninguna de ellas esté en la Comunidad de Madrid. No está haciendo lo que se espera. Que saquen el dinero de los cajones y lo dediquen a vivienda pública, que dediquen mucho dinero para poder construir vivienda pública, inversiones, recuperar el orgullo de vivir en una vivienda pública en este país. Solo quiero políticos o gestores que crean en la emoción de la vivienda pública, que se la crean. Solo quiero políticos que se crean la gran emoción de tener un 30% de vivienda pública y no un 2%, que es lo que tenemos. Así tendríamos un equilibrio, de inquilinos orgullosos de vivir en vivienda pública”.
El caso de Maricarmen puede marcar un nuevo ciclo para las movilizaciones por el derecho a la vivienda. “Ahora, con esta otra etapa de crisis, surgen otros colectivos. A la fuerza hay gente conocida, próxima, a la que le afecta el tema de la vivienda y todos la sufrimos. Hay mucha gente afectada que ve claramente la especulación. Maricarmen es el ejemplo que nos ha abierto los ojos a todos“.
Y termina con un deseo: “Ojalá ahora haya más gente que se sume en la calle“.