El ala socialista del Gobierno se inclinaba hace escasos días por el “principio de prudencia”, por evitar que el nuevo real decreto ley con medidas de vivienda solo llegara al Congreso de los Diputados con su convalidación garantizada. Todo cambió con el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años con discapacidad que este miércoles generó una ola de empatía e indignación que ha hecho sonar las alarmas en Moncloa, forzando un cambio de estrategia.
Distintos grupos parlamentarios aseguran a Artículo14 que el Ejecutivo sólo ha retomado las negociaciones después de que el desalojo fuera retransmitido por televisiones, radios y periódicos. “Una vez han tenido a Mari Carmen en las portadas, en la foto en su camilla, han reaccionado”. El “punto de inflexión” que aprecian en las filas de Sumar ha empujado a sus socios de coalición a moverse, pero el jueves no comprometían la aprobación de la norma en el Congreso de Ministros del próximo martes, como exigen en las filas de Yolanda Díaz.
El miércoles, en una comparecencia ante los medios desde la sede de la ONU, en Nueva York, Pedro Sánchez prometió enviar al Parlamento “de manera urgente” el real decreto comprometido en julio, que según distintos grupos políticos habría podido evitar el desahucio de Mari Carmen. No dio plazos, como tampoco lo hacen en el Ministerio de Vivienda.
Como ha ocurrido durante toda la legislatura con los decretos, según fuentes del Ejecutivo, el texto no ha pasado por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el organismo que prepara las reuniones del siguiente Consejo de Ministros. Aún están a tiempo de llevarlo en mano el martes.
En la tarde del jueves, en una entrevista en Malas Lenguas (RTVE), la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, afirmó que trabaja con los grupos parlamentarios para llevar la norma al Consejo este martes. Pero recalcó que necesita “el compromiso de los grupos” para poder aprobarlo “lo antes posible” en el Congreso. Hasta ahora, la justificación de los retrasos era el veto cruzado entre las propuestas de Podemos y Junts.
Distintas fuentes apuntan a que además de la ministra de Vivienda, son el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quienes capitanean las conversaciones. Que los teléfonos han vuelto a sonar cuando Mari Carmen ya había sido expulsada del que fue su hogar durante siete décadas. Y que ahora sí aprecian ganas de actuar en los socialistas.
“Es indignante que haya pasado esto habiendo llevado un decreto hace seis meses”
La mera promesa de urgencia es insuficiente para el socio minoritario de la coalición, que este jueves escenificó en boca de sus ministros que su paciencia ha llegado al límite: “El próximo martes el Consejo de Ministros debe aprobar la expropiación de la vivienda de Maricarmen y un paquete para congelar los alquileres, como pedimos desde Sumar. Sí o sí”, escribió en Bluesky la vicepresidenta segunda del Gobierno. Sus socios no simpatizan con la expropiación, por más que se les repita.
“Hasta aquí hemos llegado. Tiene que ir estas medidas que están encima de la mesa desde hace muchísimo tiempo y, por supuesto, tiene que ir el martes e intervenir un mercado que es inhumano, que va contra la vida”, apostilló el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 230, Pablo Bustinduy.
Del mismo modo se expresaron el resto de ministros de Sumar. Llevan casi un año presionando a los socialistas para aprobar un decreto que recupere la prohibición de desahuciar a vulnerables o permita prorrogar forzosamente los contratos de alquiler de vivienda, con precios topados. Los socialistas rechazaron aplicar medidas que sí habían aplicado con motivo del impacto de la guerra en Ucrania, y el conflicto en Irán se convirtió en una nueva oportunidad.
En marzo, después de negarse a participar en el Consejo de Ministros, lograron que sus socios aceptaran aprobar un nuevo real decreto en esa dirección. Naufragó en el congreso en abril, y siempre criticaron la pasividad de la ministra de Vivienda a la hora de impulsarlo, acusándola de no contribuir a su aprobación. También anunciaron una gran campaña de movilizaciones que nunca llegó.
El Gobierno se comprometió a la aprobación del nuevo decreto en el mes de julio, si bien lo retrasaron hasta septiembre. En julio los grupos sí trabajaron con un borrador que ha ido sufriendo cambios, pero agosto fue prácticamente inhábil. La crisis de Ceuta y la ausencia de apoyos -fuentes de Vivienda recordaron el fracaso del decreto anterior- les sirvieron para justificar un nuevo retraso. Hasta ahora.
“Es indignante que haya pasado esto habiendo llevado un decreto hace seis meses”, reconocen fuentes de Sumar en el Gobierno. “Hay que volverlo a llevar”; “Es lo mas urgente”. “Tiene que ir ya el martes”.
La encrucijada de Sumar
La situación es particularmente compleja para los partidos de Sumar: las dificultades para acceder a la vivienda son la primera preocupación de los españoles, según el CIS, pero son especialmente importantes para sus potenciales votantes. Y, cuando todavía no han resuelto su crisis de liderazgo y siguen retrasando la designación de su cabeza de lista a las próximas generales, una figura como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pide salir del Gobierno si no logran un cambio de rumbo. Colau saltó a la política institucional tras bregarse como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
“Sumar aporta avances en políticas sociales y empleo, pero no puede cargar indefinidamente con la inacción en vivienda, los casos de corrupción, el Sáhara”, reaccionó poco después Emilio Delgado, diputado de Más Madrid en la Asamblea. El mismo que en noviembre planteó el debate sobre la permanencia en el Ejecutivo si Sánchez no lo impulsaba con una remodelación.
Colau ha sonado como potencial líder -lo rechazó-, y Delgado prevé ir en las listas al Congreso en las próximas elecciones. No hay dirigentes de peso que hayan apoyado la opción de romper el Gobierno, y de hecho algunos de los mandos de los partidos de Sumar critican haberse enterado “por la prensa” del recado de la exalcaldesa de Barcelona. Tampoco quieren aclarar qué harán si sus socios no ceden y el decreto no sale del próximo Consejo de Ministros.
El borrador con el que han trabajado durante el mes de septiembre incluye una reedición de la moratoria antidesahucios a vulnerables -en 2025 se contabilizaron 24.540 lanzamientos-; otra del tope al precio de los alquileres, y disposiciones para impedir que los caseros sigan cobrando gastos de gestión inmobiliaria a los inquilinos.
En julio ya se incluyeron medidas como estas, así como la aplicación de los índices de contención de precios a los alquileres de temporada y habitaciones, o un incremento del gravamen especial para las Socimis. Además de incentivos para quienes se desprendan de viviendas en propiedad.
Las modificaciones de la ley del suelo, tal y como las planteó en su día Vivienda, habrían virado hacia posiciones más fáciles de asumir para los socios de izquierdas, según estas fuentes: “No es tan grave”. Pero también se incluirían medidas como nuevas deducciones en el IRPF, en línea con lo que plantean Junts o el PNV.
“Si la negociación empieza por Junts, van a bajar el listón”
El malestar de los aliados parlamentarios de izquierdas con la coalición es notable, aunque se concentra fundamentalmente en el PSOE. El hecho de que Junts haya reconocido que ya negocia con los socialistas -les entregó hace dos semanas sus propuestas- ha generado un profundo enfado entre partidos como ERC. Es el partido de Carles Puigdemont, aliado imprescindible en las votaciones, quien ha bloqueado buena parte de las medidas en esta materia.
“Junts no debe ser quien le establezca los límites en Vivienda a los demás. Los demás (Gobierno e izquierdas) deben ser quienes después de negociar le impongan a Junts qué hacer con la Vivienda. Y si Junts no quieren votarlo que se retraten y que se sigan hundiendo en las encuestas para que jamás un partido al servicio de los buitres inmobiliarios tenga la influencia que esta gente tiene”, escribió su portavoz, Gabriel Rufián, en X.
“Si la negociación empieza por Junts, van a bajar el listón”, asume un dirigente de otro partido. En su opinión, es irrelevante si son los de Puigdemont quienes se apuntan un tanto político con este real decreto ley; pero sí les indigna que el Gobierno no haya buscado antes un “pacto de mínimos” con sus aliados de izquierdas.
El enfado se extiende entre el resto de fuerzas progresistas con representación parlamentaria. Hay quienes exigen a los socialistas que sean “creativos”, después de que el Tribunal Supremo anulara en mayo el registro único de alquileres de temporada creado por Vivienda. Y quienes recuerdan que el PSOE lleva arrastrando los pies en esta materia toda la legislatura.
El mejor ejemplo que encuentra uno de estos interlocutores es la reciente proposición de ley socialista para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles. El PSOE registro esta iniciativa en mayo, pero ni siquiera ha llegado aún al pleno. “Han metido antes la que rebaja la tasa de alcoholemia, ese es el nivel”.
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