Maricarmen, la octogenaria desahuciada en Madrid, no debía el alquiler. Había pagado más de mil mensualidades, una detrás de otra, hasta que este miércoles salió en camilla del piso de Madrid en el que llevaba 71 años viviendo. La comisión judicial entró en su casa y el Samur la trasladó después al hospital Gregorio Marañón mientras en la calle centenares de personas protestaban contra el lanzamiento. La propiedad había rechazado las distintas propuestas planteadas para evitarlo.
Esta mujer pertenece a ese cada vez más reducido club inmobiliario de los inquilinos de renta antigua, contratos anteriores al 9 de mayo de 1985 que sobrevivieron al llamado decreto Boyer. Aquella norma acabó para los nuevos alquileres con la prórroga forzosa. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 mantuvo después un régimen transitorio para los anteriores, pero limitó las posibilidades de ir transmitiéndolos indefinidamente dentro de las familias.
Quedan pocos, aunque no se sabe exactamente cuántos. Se estima que en torno a 126.000 alquileres antiguos sobreviven en España. Lo que sí existe es una generación de mujeres que llega a la vejez dentro de contratos nacidos en otro tiempo social, jurídico y económico. Cuando muchas de aquellas familias alquilaron sus casas, el Código Civil exigía la licencia marital para numerosos actos jurídicos. La reforma que desmontó aquellas limitaciones no llegó hasta 1975. Infinidad de contratos familiares habían quedado ya formalmente ligados al marido y fueron pasando después a viudas e hijos mediante subrogaciones.
De Barcelona al surrealismo de Palma
Aquello tiene hoy sus consecuencias. Blanca Espinosa tenía 78 años cuando fue desahuciada en Barcelona en febrero de 2024. Llevaba viviendo desde 1968 en un piso del barrio Gòtic y pagaba unos 340 euros mensuales de renta antigua. El conflicto se había originado alrededor de una diferencia de menos de 90 euros relacionada con unas obras. Cinco intentos de lanzamiento, movilizaciones vecinales y una negociación con el Ayuntamiento precedieron a la salida definitiva de la casa en la que había pasado 55 años.
A unas calles de allí, en la Barceloneta, Marina Gimeno tenía 92 años cuando estuvo a punto de ser desalojada en 2022. Vivía en su piso desde los tres. Era una vivienda de renta antigua que había llegado hasta ella por subrogación familiar. El edificio terminó involucrado en una ejecución hipotecaria y Marina tuvo que defender judicialmente su derecho a continuar en una casa en la que prácticamente había aprendido a andar. El lanzamiento previsto para noviembre fue suspendido provisionalmente.
La escena se repitió en Palma. Magdalena Aranda, de 76 años, y su marido, Fernando Ortega, de 81, se encontraron en febrero de 2025 con una comitiva judicial, un cerrajero y dos furgones policiales delante de la vivienda de renta antigua en la que llevaban casi medio siglo. Ellos aseguraban estar al corriente de los pagos. La situación tuvo un punto kafkiano porque una de las razones para extinguir el contrato daba al marido por muerto. Fernando tuvo la ventaja, no siempre disponible en los procedimientos administrativos, de poder presentarse personalmente para demostrar lo contrario.
Los propios afectados explicaron entonces que otros vecinos con renta antigua del mismo inmueble habían ido desapareciendo. Los pisos se recuperan, se reforman y vuelven después al mercado. Una renta de cien o doscientos euros puede elevarse a más de mil euros. No todos los casos terminan igual ni todos responden a la misma causa. Mercedes, en Petrer, Alicante, llevaba más de medio siglo en su vivienda. La Audiencia Provincial confirmó este año su desahucio después de que la propietaria reclamara el piso para que lo ocupara su hijo. Mercedes alegó que era su único hogar y que carecía de alternativa, pero el tribunal consideró acreditada la necesidad habitacional invocada por la propiedad.
En Barcelona, Salvadora (nombre utilizado en la resolución judicial) logró, en cambio, conservar el suyo. Su contrato se remontaba a 1974. La propiedad declaró que no vivía realmente allí y que la vivienda había sido cedida a su nieta. Ella explicó que, por edad y salud, pasaba el día en casa de su hija para ser atendida, pero regresaba por la tarde a su propia vivienda y dormía en ella. El juzgado rechazó la demanda de desahucio.
La generosidad de un equipo de fútbol
En Cádiz encontramos uno de los raros finales felices. María Muñoz tenía 88 años y llevaba viviendo desde 1967 en la misma casa del barrio de El Pópulo. Pagaba 97 euros mensuales. Tras la muerte de su marido, la familia no realizó a tiempo un trámite de subrogación y comenzó una larga cuenta atrás. La vivienda salió a la venta por 147.000 euros, una cantidad inalcanzable para María, cuya pensión rondaba los 1.180. Entonces el Cádiz Club de Fútbol compró el piso para que pudiera continuar viviendo en él.
En Tenerife, el jueves quedó suspendido el desahucio de María (nombre ficticio), una mujer de 54 años con cáncer terminal, afectación cerebral y metástasis en los pulmones y los ovarios. El lanzamiento estaba previsto para hoy, 25 de septiembre, en Granadilla de Abona.
La mayor amenaza es que el edificio entero se convierta en una inversión. Sacra, en Sevilla, tiene un contrato de renta antigua de 1984 por el que paga 230 euros. Su inmueble fue adquirido por un fondo internacional. María José, en Málaga, vive una situación similar y ha denunciado ofertas para que abandone su piso y problemas de mantenimiento desde el cambio de propiedad. Son todavía inquilinas, no desahuciadas, pero tienen la sensación de vivir con la fecha de caducidad escrita.
En la antigua barriada sevillana de Astilleros, varias viudas de trabajadores llegaron a afrontar conjuntamente un procedimiento de desalojo después de décadas viviendo con rentas antiguas en casas levantadas para las familias de los trabajadores de la industria naval. En 2010 quedaron siete mujeres afectadas por el procedimiento administrativo de desahucio.
La renta antigua fue diseñada para proteger al inquilino en un mercado que ya no existe y su progresiva extinción estaba prevista. Lo que nadie planificó es qué ocurriría si sus últimos habitantes tenían 80 o 90 años. Para una pensionista, perder un alquiler barato significa comparecer, quizá por primera vez en más de medio siglo, ante el mercado inmobiliario actual. Depositar fianza, acreditar ingresos, superar seguros de impago y pagar una renta que puede comerse buena parte de la pensión.
Aunque las historias de Maricarmen, Blanca, Marina, Magdalena, Mercedes, María o tantas otras no son idénticas jurídicamente, todas abocan a la misma situación de desamparo.