La “legislatura de la vivienda” que prometió Pedro Sánchez sigue sin llegar a la calle. Lo que perciben los ciudadanos, que los anuncios multimillonarios del Ejecutivo no se materializan en soluciones reales, queda confirmado con datos. La ejecución presupuestaria en los siete primeros meses del año se situó en el 4,6%, apenas 163,8 millones de euros desembolsados, frente a los 3.595 millones presupuestados.
Las obligaciones reconocidas, que reflejan los gastos comprometidos pero que no se han ejecutado, apenas alcanzaron el 25% del total. Sumaron 886 millones, el 24,6% del presupuesto, de los que 722 millones permanecían pendientes de pago al cierre de julio.
La radiografía mejorará en agosto, cuando se contabilicen los pagos correspondientes a los 800 millones que Vivienda ha transferido a las comunidades autónomas dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Con todo, la escasa proporción de obligaciones reconocidas respecto al presupuesto disponible evidencia las dificultades para movilizar los recursos asignados.
🏡 Vivienda transfiere los primeros 800 millones de euros del nuevo Plan Estatal de Vivienda a las CCAA.
➡️ Para garantizar una gestión transparente y eficiente de esta inversión, se establece un marco común de seguimiento y control con las CCAA.
— Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (@viviendagob) August 28, 2026
Tensión con las comunidades autónomas
Prácticamente la totalidad del presupuesto de Vivienda se destina a transferencias de capital (2.061 millones) y activos financieros (1.360 millones), fundamentalmente préstamos. Su ejecución queda ligada, en buena medida, a los convenios con las comunidades, en un momento en el que las relaciones entre el Gobierno central y varios ejecutivos autonómicos atraviesan una etapa de tensión por la política de vivienda.
Se trata de un problema endémico, que fuentes del Departamento achacan a este reparto de competencial. Para la cartera de Isabel Rodríguez, el Ministerio no puede contabilizar determinadas transferencias como ejecutadas hasta que recibe de las comunidades autónomas la certificación correspondiente. Mientras tanto, los fondos figuran como comprometidos, aunque ya hayan sido asignados a las administraciones autonómicas.
En 2024, solo ejecutó 32,4%
Esta dificultad para materializar los recursos presupuestados ya quedó reflejada en la liquidación de 2024. Este es el último año con datos definitivos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, que confirman que Vivienda solo logró una ejecución del 32,4%.
Todo ello a pesar de que ese año, el primero de prórroga presupuestaria de la legislatura, aumentaron los recursos disponibles para el Ministerio. El presupuesto disponible aumentó un 20%, al pasar de 3.482 millones a 4.175 millones. Sin embargo, al cierre del ejercicio, los pagos realizados -el indicador que refleja el dinero efectivamente desembolsado- sumaron 1.354 millones.
A falta de liquidación final y con datos provisionales, la situación habría mejorado en 2025, logrando el hito de alcanzar una ejecución del 95,8%, gracias a una aceleración de los pagos en la recta final del año y a un reajuste del presupuesto disponible.
Tal y como informó Artículo14, entre enero y septiembre de 2025, Vivienda solo ejecutó el 7% de su presupuesto asignado, que entonces ascendía a 6.358 millones. Sin embargo, la información provisional de cierre del ejercicio sitúa los créditos definitivos en 4.989,7 millones, un 21,5% menos menos que los disponibles en septiembre. Este ajuste resulta relevante para explicar parte de la mejora de la ejecución.
Los datos en detalle de 2026
Según los datos de ejecución presupuestaria hasta julio, la mayor partida vinculada al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotada con 2.000 millones para rehabilitación y recuperación económica y social de entornos residenciales, presenta un nivel de ejecución prácticamente nulo en algunas de sus principales líneas de actuación.
Esta partida incluye una línea de préstamos por 1.100 millones, en la que no figura ningún gasto comprometido. Por su parte, de los 500 millones destinados a la construcción de viviendas de alquiler, solo se habían desembolsado 23,24 millones, el 4,65% del total.
Con este punto de partida, el anuncio del Gobierno de activar préstamos del ICO por más de 12.000 millones este mes de septiembre para la construcción de vivienda asequible se antoja un reto para su conversión en proyectos efectivos.
Este programa se enmarca en el fondo “España Crece”, con el que el Gobierno quiere dar continuidad a los fondos europeos que concluyeron el pasado 31 de agosto y que ahora está pendiente de justificar ante la Unión Europea. La rendición de cuentas ante la Comisión Europea permitirá conocer también el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de vivienda, que han experimentado sucesivas revisiones a lo largo del Plan.
La promesa inicial de construir 25.000 viviendas se ha reducido a algo más de 17.365 viviendas sociales en alquiler “construidas o rehabilitadas”, según las cifras recogidas en la última revisión del Plan.
De los ambiciosos anuncios a la realidad
En la recta final de la legislatura y con la vivienda como el primer problema de los ciudadanos, el objetivo de aumentar el parque público de vivienda protegida avanza con cuentagotas. Según resalta el Ministerio, el parque público se sitúa en el 3,4%, frente al 2,5% anterior, todavía lejos del 8% que el propio Departamento utiliza como referencia europea.
“Los datos de la IGAE confirman un problema grave de gestión en el Ministerio de Vivienda: anunciar presupuesto no sirve de nada si el dinero no llega a la calle. Que existan partidas con gasto cero en pleno conflicto de acceso a la vivienda no es solo un fallo burocrático, es una falta de respuesta social”, señala a Artículo14, José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa en la Universidad Europea.
En este sentido, el experto subraya la falta de ejecución en el capítulo de inversiones. A su juicio, esta parálisis responde a las trabas burocráticas y a los convenios bloqueados con comunidades autónomas y ayuntamientos, que paralizan la transferencia de fondos. A ello se añade el desajuste entre las condiciones de algunos programas públicos y la realidad del mercado inmobiliario.
“Muchas licitaciones quedan desiertas o programas sin solicitar porque las condiciones o precios fijados por la Administración no encajan con los costes reales del sector. En definitiva, el cuello de botella no está en la falta de recursos asignados, sino en la incapacidad institucional para convertirlos en viviendas reales”, concluye.