El acceso a la vivienda se ha consolidado como la principal preocupación de los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado el pasado 13 de octubre. El sondeo sitúa este problema en el 37,1% de las menciones, por encima incluso del desempleo o la economía. Este malestar se debe a las dificultades de acceso a un hogar por el fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario. En la última década, el precio de la vivienda ha subido un 70%, y tanto el alquiler como la compra de obra nueva y segunda mano han alcanzado niveles superiores a los de 2007.
En respuesta a esta crisis, el Gobierno presentó el pasado mes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una inversión prevista de más de 7.000 millones de euros hasta 2030. Sin embargo, la ejecución de los fondos asignados al Ministerio presidido por Isabel Rodríguez ha sido notablemente lenta. Y se mantiene todavía por debajo del 7% debido a las competencias delegadas en las comunidades autónomas.
Solo 441,5 millones
Las últimas cifras sobre ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), revelan que la cartera solo ha gestionado, hasta el mes de agosto, algo más de 441,5 millones de euros en pagos. El desembolso supone el 6,94% de los 6.358 millones de euros asignados para el Ministerio de Vivienda en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados para 2025. No es la primera vez que el departamento queda rezagado en esta materia. El pasado año solo tramitó el 32% de la cuantía adjudicada, la cifra más baja de todos los ministerios.
Sin embargo, fuentes oficiales de la cartera de Rodríguez justifican la demora en la delegación de las competencias en las comunidades autónomas. “Hasta que no recibimos el certificado de que la cuantía ha sido ejecutada por parte de las autonomías, nosotros no podemos modificar el estatus de la transferencia. Y hasta percibirlo, permanece como comprometidos“, señalan desde el Ministerio.
En este sentido, Vivienda cuenta con 4.292 millones de euros bajo esta designación, según los datos de Hacienda. La cifra supone el 67,5% del total presupuestado. Desde el área defienden que, por ahora, “solo podemos transferir los fondos, luego dependen de las Comunidades Autónomas”. Y confían en que con la nueva empresa estatal “la ejecución sea mucho más rápida al no depender de terceros“. Lo que -en su opinión- facilitará el cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Vivienda.
Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
El nuevo proyecto triplica los recursos del plan anterior. El grueso de la inversión, un 60%, será aportada por el Estado. Mientras, el 40% restante correrá a cargo de los Gobiernos regionales. La primera de las metas busca ampliar la oferta de vivienda pública mediante la construcción de nuevos inmuebles protegidos y la movilización de casas vacías hacia el alquiler social.
En la renta, la duda está en cómo motivar a los propietarios a sacar sus viviendas al mercado. Javier Fernández-Pacheco, profesor de Finanzas de EAE Business School, explica a Artículo14 que para lograrlo “hay que dar mayor seguridad al arrendador. En el momento que sienta que su activo está cubierto, pondrá la vivienda en alquiler”. Y critica: “Parece que haya políticos interesados en crear bandos. Los propietarios y los inquilinos no son enemigos, se necesitan mutuamente“.
El profesor recalca que topar los precios no es la solución, ya que limita la capacidad del titular, que, por tanto, no saca su vivienda al mercado: “En Barcelona celebran que el alquiler no suba, pero no sube porque no hay. La medida lo que hace es retrasar aún más la edad de emancipación”. Y prevé que de suprimirlo “la renta subiría, pero habría más pisos. Y al final se acabaría regulando”.
El problema de una generación
El plan también reserva un bloque específico para impulsar la salida del hogar familiar de los jóvenes, principales damnificados en el acceso a la vivienda. Según datos del Portal Estadístico del Notariado, la población entre 18 y 30 años en España ha pasado de representar el 22,53% de las compras de las casas en 2007 a estar por debajo del 10%. El ajuste supone una caída del 58% en los últimos 18 años.
La hoja de ruta del Ministerio plantea ayudas para los arrendamientos, subvenciones directas para la compra o alquiler con opción a compra, y el llamado aval joven, que facilita el acceso a la vivienda a menores de 35 años. Además, el Gobierno pretende garantizar que ninguna familia destine más del 30% de sus ingresos al pago del hogar. Pese a su ambición, parece que algunas medidas no son suficientes para ciertos sectores.
Un déficit de 200.000 casas anuales
La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), principal lobby del alquiler residencial, considera que el Ministerio debería elevar de manera significativa la inversión del plan. Según la plataforma, la cifra destinada debería multiplicarse casi seis veces hasta alcanzar los 8.000 millones de euros anuales. El ajuste equivaldría a 40.000 millones en cinco años, muy por encima de los 7.000 millones previstos por el Ejecutivo.
La asociación, presidida por Helena Beunza, antigua secretaria general de Vivienda en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, subraya la necesidad de aumentar la inversión para abordar el déficit estructural de viviendas en España. Según datos del Banco de España, el país enfrenta la falta de 700.000 unidades, aunque otros organismos como el Centro Tecnológico del Notariado aseguran que la carencia asciende a 200.000 casas anuales.
La UE da prioridad a la vivienda asequible
El problema de la vivienda ha saltado a Bruselas. Por primera vez, el Consejo Europeo reconoce formalmente la problemática en sus conclusiones oficiales. E insta a la Comisión a diseñar un plan “ambicioso y completo” que acompañe a las medidas nacionales. António Costa, presidente de la institución, recordó que el acceso a un hogar digno es un derecho fundamental y que su ausencia “erosiona la confianza en las instituciones”. España, impulsora de la iniciativa, propone un fondo europeo para vivienda protegida, frenar la especulación y actuar sobre zonas tensionadas por la subida de precios, con una inversión anual estimada en 300.000 millones de euros.
Pero, como advierte Fernández Pacheco, el desafío no está solo en los fondos: “Muchos promotores no se atreven a invertir porque no saben cuánto va a durar el proceso. Si se alarga la construcción a tres o cuatro años y mientras suben los costes de producción, desaparece la rentabilidad”. Y zanja: “La clave está en construir más y para ello hay que modificar los plazos de los trámites burocráticos“.
Y entretanto, ¿qué ha pasado con los 184.000 viviendas en alquiler asequible anunciadas por Pedro Sánchez para esta legislatura? Según aseguró esta semana Isabel Rodríguez en el Parlamento se han “movilizado ya alrededor de 100.000 unidades”, lo que supone el 54% del total prometido durante la campaña. De momento, el Ministerio no detalla cuántas han sido ya entregadas y cuantas están en desarrollo. Su web está sin actualizar desde julio de 2024.