La crisis de la vivienda que atraviesa España ha puesto en jaque el modelo residencial del país. Uno de los elementos más alarmantes es el escaso parque público de pisos protegidos: apenas un 3,3% del total de inmuebles, frente al 8% de media en la Unión Europea, según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda.
Esta brecha estructural se traduce en un sistema incapaz de responder a la creciente demanda de vivienda asequible. En particular, en las grandes ciudades, donde los precios se han disparado y el alquiler medio ya supera los 1.000 euros mensuales.
Bruselas llama la atención sobre el modelo español de vivienda
La preocupación por la crisis de la vivienda no se limita al ámbito nacional. La propia Comisión Europea ha instado recientemente a España, a través de sus recomendaciones de primavera, a aumentar el parque público de viviendas. La presión desde Bruselas confirma que el problema ya no es coyuntural, sino estructural. En contraste, países como Países Bajos, Austria o Dinamarca destinan entre el 16% y el 29% de su parque inmobiliario a viviendas sociales, cifras muy alejadas del escaso esfuerzo español en esta materia.
Los datos más recientes no invitan al optimismo. Entre enero y marzo de 2025 se han construido 2.497 viviendas protegidas. A lo largo del año pasado, se impulsaron 14.371 desde las administraciones públicas, la mayor cifra desde 2013, pero aún a años luz de las 68.587 que llegaron a levantarse en 2008.
El pinchazo de la burbuja inmobiliaria dejó una herida profunda en la política de vivienda pública, que no ha logrado cicatrizar más de una década después. Este estancamiento ha agravado la crisis de la vivienda, reduciendo la oferta de alquiler social y dejando a muchos hogares sin alternativas.
Trabas burocráticas y procesos ineficaces en plena crisis de la vivienda
La escasez de vivienda protegida no es el único obstáculo. También lo es su gestión. El Defensor del Pueblo recibió en 2024 más de 300 quejas por las dificultades de acceso. Muchas de ellas relacionadas con largas listas de espera y procesos burocráticos ineficientes. En su informe anual, se denuncia incluso la cancelación de registros por motivos administrativos no notificados previamente al afectado. Una práctica que acentúa la exclusión en el contexto de la crisis de la vivienda.
Los criterios de acceso varían según la comunidad autónoma, pero suelen incluir un tope de ingresos, años de empadronamiento y características familiares específicas. Reunir toda la documentación requerida —especialmente para colectivos vulnerables como migrantes— puede ser un proceso arduo. En muchos casos, las exigencias administrativas actúan como barreras encubiertas.