Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 1981) parece que ha venido a Madrid a sufrir. Tras una meteórica carrera en el PSOE de Castilla-La Mancha, en el que consiguió ser la senadora más joven de España en 2004 y portavoz del Ejecutivo regional en 2007, llegó al Gobierno de Pedro Sánchez tras la caída de José Luis Ábalos como portavoz y ministra de Política Territorial. De su primera tarea se recuerda la rigidez y opacidad más allá de lo que suele ser habitual en un puesto que además no le era desconocido. En la segunda, asumió un Ministerio vacío, que Pedro Sánchez viene utilizando de comparsa en las crisis territoriales o climatológicas.
En esa legislatura le toco dar la cara durante las negociaciones con Carles Puigdemont en Waterloo y los pactos con Junts y ERC en el que se les ofrecía el cupo catalán y la amnistía a cambio de la investidura de Sánchez.
Pero la tarea más ingrata estaba por llegar en la legislatura nacida de aquellos lodos. Sánchez decidió desgajar la vivienda del Ministerio de Transportes y hacerle la primera ministra de una cartera endiablada y sin apenas competencias: recogió el testigo de cinco años de políticas escasamente eficaces y la situó como la cara visible de la gestión del principal problema para los españoles. En una cartera en la que el Gobierno sólo puede promover normas que las comunidades pueden o no adoptar y en un hemiciclo en el que unos socios quieren lo contrario de los otros.
A partir de aquí, Sánchez y Rodríguez andan enfrascados en una vorágine que se repite de forma circular: se anuncian miles de viviendas, no se construye casi ninguna, se avanzan medidas que no se aprueban y vuelta a empezar.
Tres viviendas, dos plazas de garajes y dos trasteros
Un rally en el que es fundamental elegir un enemigo político al que culpar y Rodríguez se emplea a fondo con los pisos turísticos -lo que ha llevado a diseñar una campaña sobre la supuesta caída de viviendas turísticas que se basa en un cambio metodológico no explicado por el INE que rompe una serie estadística-, los grandes propietarios y las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Obviando que ella misma es propietaria de tres viviendas, dos plazas de garaje y dos trasteros en Ciudad Real, según su última declaración de bienes y rentas en el Congreso de los Diputados.
El blanco de todos los ataques suele ser la Comunidad de Madrid y este miércoles ha implosionado el relato de que Isabel Díaz Ayuso y el famoso ático son los culpables del problema de la vivienda en España. Y, muy especialmente, del desahucio de Maricarmen, que se ha producido este miércoles en Madrid tras años de lucha en los Juzgados, y que ha protagonizado el relato gubernamental del día, desde el Congreso de los Diputados a la Asamblea de la ONU en Nueva York, donde Sánchez ha declarado que es una “tragedia social” de la que son responsables Ayuso y José Luis Martínez Almeida, pasando por horas de cobertura en RTVE. Y con el colofón de una manifestación debajo del ático.
El elefante en la habitación: un nuevo Real Decreto-ley de vivienda que el Gobierno amagó con aprobar en julio y que ha dejado en barbecho porque sus socios no lo validarían. De hecho, la primera dificultad para sacarlo adelante será interna, puesto que PSOE y Sumar tendrán que alcanzar primero un consenso en la coalición.
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