La vivienda ha abierto una nueva grieta dentro de la izquierda española. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha cuestionado públicamente la propuesta de Podemos de expropiar 650.000 viviendas que la formación atribuye a fondos buitre para incorporarlas al parque de alquiler social.
El dirigente socialista respondió a través de la red social X con un argumento fundamentalmente económico. “Algo muy común en determinados sectores de la izquierda es confundir expropiación con expolio. Las expropiaciones se pagan”, escribió.
Óscar Puente acompañó su afirmación con dos cálculos. Si cada una de esas 650.000 viviendas tuviera un valor medio de 200.000 euros, el desembolso ascendería a 130.000 millones. Si el precio medio fuera de 100.000 euros, la factura sería de 65.000 millones.
“Más allá de su legalidad, la medida es económicamente inviable”, concluyó el ministro.
Podemos reclama expropiar 650.000 viviendas de fondos buitre
La respuesta de Óscar Puente llega después de que Podemos haya elevado la presión sobre el Gobierno en plena negociación del nuevo decreto de vivienda. La formación morada considera insuficientes las medidas planteadas hasta ahora por el Ejecutivo y reclama una intervención mucho más profunda sobre el mercado inmobiliario.
La secretaria política de Podemos, Irene Montero, defendió durante la movilización celebrada este fin de semana en Madrid la expropiación de las “650.000 viviendas que están en manos de fondos buitre” para destinarlas a alquiler social.
“El negocio de la vivienda se tiene que acabar”, afirmó Montero, que reclamó además prohibir las compras destinadas a la especulación y reducir por ley los precios de los alquileres.
Podemos plantea esta propuesta como una medida estructural frente al problema de acceso a la vivienda y la vincula al aumento del parque público. La cifra de 650.000 inmuebles forma parte de la argumentación política de la formación y no constituye por sí misma un inventario oficial de viviendas elaborado por la Administración.
Óscar Puente cifra el coste entre 65.000 y 130.000 millones
Algo muy común en determinados sectores de la izquierda es confundir expropiación con expolio. Las expropiaciones se pagan. 650.000 pisos a una media de 200.000€ por piso son 130.000M€. A una media de 100.000 € son 65.000M€. Más allá de su legalidad, la medida es… https://t.co/IJfW0Kp3ym
— Óscar Puente (@oscar_puente_) September 27, 2026
La respuesta de Óscar Puente introduce un elemento diferente en el debate: cuánto costaría convertir una expropiación masiva de estas características en una política pública real.
Su razonamiento parte de una multiplicación sencilla. Un parque de 650.000 viviendas con una valoración media de 100.000 euros supondría 65.000 millones. Si la media alcanzase los 200.000 euros, el importe subiría hasta los 130.000 millones.
Se trata, en cualquier caso, de dos escenarios hipotéticos planteados por el propio ministro. No constituyen una tasación de los inmuebles a los que se refiere Podemos ni permiten determinar por sí solos cuál sería el coste definitivo de una operación de esas dimensiones.
La valoración de una expropiación no se establece simplemente aplicando un precio medio idéntico a todos los bienes afectados. La legislación española contempla procedimientos específicos para determinar el denominado justiprecio, por lo que habría que conocer qué viviendas estarían incluidas, dónde se encuentran, su valoración y las condiciones jurídicas de cada inmueble.
Expropiar no significa quedarse gratuitamente con una vivienda
El núcleo jurídico de la intervención de Óscar Puente está en la diferencia entre una expropiación y una privación de bienes sin compensación económica.
El artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y establece al mismo tiempo que su función social delimita su contenido. La propia Carta Magna permite que una persona o entidad sea privada de sus bienes cuando exista una causa justificada de utilidad pública o interés social, pero exige que exista la correspondiente indemnización y que el procedimiento se ajuste a la ley.
La Ley de Expropiación Forzosa desarrolla ese principio y establece un procedimiento para determinar el justo precio de los bienes afectados. Una vez fijada la cantidad, la Administración debe abonar la compensación correspondiente.
Por tanto, una eventual expropiación de viviendas no implicaría que el Estado pudiera incorporar gratuitamente esos inmuebles a su patrimonio. La discusión jurídica se centraría, entre otras cuestiones, en la justificación de la medida, su configuración legislativa y la indemnización correspondiente.
Una discrepancia dentro de la izquierda sobre cómo intervenir en vivienda

El mensaje de Óscar Puente tiene también una dimensión política. No procede de una formación de la oposición, sino de un ministro socialista que cuestiona públicamente una de las principales propuestas de Podemos para afrontar la crisis residencial.
La discusión llega mientras el Gobierno trata de construir una mayoría parlamentaria para sacar adelante su nuevo decreto de vivienda. Las negociaciones incluyen medidas sobre desahucios, alquileres de temporada, fiscalidad, vivienda pública y el papel de los fondos de inversión.
Podemos considera que esas iniciativas no modifican suficientemente el funcionamiento actual del mercado. Su secretaria general, Ione Belarra, ha definido las propuestas conocidas hasta ahora como “medidas de maquillaje” y reclama actuaciones estructurales, entre ellas la expropiación de los inmuebles de grandes fondos para destinarlos al alquiler social.
El PSOE, por su parte, está intentando conciliar posiciones diferentes entre los grupos necesarios para convalidar el decreto. Las exigencias de Podemos conviven con las propuestas de Junts, PNV y otras formaciones, que mantienen planteamientos distintos sobre la protección de los inquilinos y los derechos de los propietarios.
El debate sobre los fondos buitre gana peso
La actuación de los grandes fondos inmobiliarios se ha convertido precisamente en uno de los asuntos centrales de las negociaciones. Junts también ha planteado medidas contra este tipo de inversores, aunque diferentes de la expropiación defendida por Podemos.
Entre sus propuestas se encuentra impedir determinados desahucios cuando el inmueble pertenezca a un fondo buitre y restringir la adquisición especulativa de nuevas viviendas por parte de estas entidades.
El debate, por tanto, no se limita ya a decidir si debe existir una mayor intervención sobre los grandes propietarios, sino a determinar hasta dónde debe llegar esa intervención y quién debe asumir su coste.
La intervención de Óscar Puente marca una línea clara dentro de esa discusión. El ministro no se limita a cuestionar la propuesta desde el punto de vista jurídico, sino que sostiene que incluso en un escenario de valoraciones muy inferiores a los 200.000 euros por inmueble la factura sería demasiado elevada.
Dos modelos frente al problema de la vivienda
El intercambio refleja finalmente dos aproximaciones diferentes al mismo problema. Podemos defiende incrementar de forma inmediata el parque de alquiler social mediante la expropiación de viviendas en manos de determinados grandes inversores. Óscar Puente pone el foco en el coste que supondría indemnizar a sus propietarios.
La Constitución permite recurrir a la expropiación cuando concurren las condiciones establecidas legalmente, pero el alcance concreto de una operación sobre cientos de miles de viviendas exigiría definir su encaje jurídico, identificar los inmuebles afectados y determinar individualmente las compensaciones.
Por ahora, ninguna operación de esas características forma parte de una norma aprobada por el Gobierno. La propuesta continúa siendo una reivindicación política de Podemos en un momento en el que el Ejecutivo negocia contra reloj su nuevo paquete de vivienda.
La respuesta de Óscar Puente muestra hasta qué punto esa negociación no enfrenta únicamente al Gobierno con la oposición. También está poniendo sobre la mesa las diferencias existentes dentro del propio espacio progresista sobre la dimensión de la intervención pública necesaria para afrontar uno de los principales problemas políticos y sociales del momento.


