El Gobierno encara las últimas horas de negociación de uno de los paquetes de vivienda más relevantes de la legislatura. El Consejo de Ministros tiene previsto abordar este martes 29 de septiembre el nuevo decreto de vivienda, un texto todavía abierto en el que confluyen medidas sobre desahucios, alquileres, fondos de inversión, fiscalidad, pisos turísticos y acceso a la primera vivienda.
La negociación se ha acelerado durante los últimos días después del desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que tuvo que abandonar la vivienda madrileña en la que había residido durante siete décadas. Su caso ha provocado movilizaciones y una acampada en la Puerta del Sol, donde centenares de personas han reclamado nuevas medidas frente a la crisis habitacional.
El texto definitivo todavía no se conoce. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dirige unas conversaciones en las que participan las fuerzas que tendrían que permitir posteriormente la convalidación parlamentaria del decreto. Por esa razón, las medidas conocidas hasta ahora deben entenderse como propuestas y puntos de negociación y no como disposiciones definitivamente aprobadas.
Una nueva protección frente a los desahucios
Maricarmen, tengo un mensaje para ti.
El Gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento.… pic.twitter.com/EuHCibJCqf
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 27, 2026
Uno de los ejes principales del nuevo decreto de vivienda será la protección frente a determinados desahucios. El asunto ha adquirido todavía más peso después del caso de Maricarmen y de las movilizaciones celebradas durante el fin de semana.
El Gobierno ya había negociado durante los meses anteriores fórmulas para reforzar la protección de las personas vulnerables. Ahora, la discusión se centra tanto en el alcance de esa protección como en las condiciones que deberán cumplirse para poder acogerse a ella.
El PNV, por ejemplo, ha planteado que cualquier paralización extraordinaria tenga límites temporales y que se tenga en cuenta si el arrendatario está al corriente de sus pagos. Podemos reclama una protección más amplia frente a los desalojos sin alternativa habitacional y ha pedido que las posibles excepciones no vacíen de contenido la medida.
El Sindicato de Inquilinas, impulsor de la acampada de la Puerta del Sol, ha ido más lejos y reclama la suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional, además de contratos indefinidos y una congelación de los precios del alquiler. Estas peticiones pertenecen a los movimientos convocantes y no necesariamente al contenido que finalmente aprobará el Ejecutivo.
Junts pone a los fondos buitre en el centro de la negociación
Una de las novedades que ha adquirido mayor protagonismo durante las conversaciones procede de Junts. La formación catalana ha propuesto impedir los desahucios cuando la vivienda pertenezca a un fondo buitre y restringir la adquisición de más inmuebles residenciales por parte de este tipo de inversores.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que su formación respaldará el decreto si incluye una regulación destinada a «parar los pies a los fondos buitres», aunque también ha advertido de que no aceptará medidas que, a juicio de su partido, perjudiquen al pequeño propietario.
La propuesta introduce así una distinción entre los grandes inversores y quienes poseen una o pocas viviendas. El encaje jurídico final de una eventual prohibición de compra por parte de fondos de inversión es uno de los elementos que deberán concretarse si la iniciativa acaba incorporándose al texto.
La prórroga de los alquileres hasta 2028
Otra de las piezas centrales del nuevo decreto de vivienda procede del acuerdo alcanzado este verano entre PSOE y Sumar. Ambas formaciones pactaron una nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2028.
El objetivo es evitar que la finalización de esos contratos provoque subidas bruscas de la renta para los inquilinos. La medida ampliaría el horizonte de protección respecto a las prórrogas extraordinarias que ya se habían aprobado anteriormente.
Sin embargo, también aquí existen diferencias entre los grupos parlamentarios. Junts reclama mayores garantías para los propietarios y el PNV ha defendido que determinadas protecciones se vinculen al cumplimiento de las obligaciones de pago por parte del inquilino.
El alquiler de temporada, en el punto de mira
La regulación de los contratos de temporada y de habitaciones es otra de las medidas que el Gobierno pretende incorporar. El Ejecutivo lleva meses defendiendo que algunas viviendas han abandonado el mercado residencial habitual para utilizar contratos temporales que permiten eludir determinadas limitaciones establecidas por la normativa de vivienda.
El nuevo decreto de vivienda pretende reducir ese uso fraudulento y delimitar con mayor precisión cuándo existe realmente una causa que justifique un contrato de temporada.
El Ministerio de Vivienda ha señalado anteriormente como ejemplo los contratos que se renuevan cada pocos meses pese a que el inmueble funciona en la práctica como residencia habitual. La regulación busca diferenciar ese supuesto de situaciones legítimamente temporales, como determinados desplazamientos por estudios o trabajo.
Más impuestos para los pisos turísticos
La fiscalidad de las viviendas turísticas figura también en la negociación. El borrador trabajado durante el verano por el Gobierno contemplaba elevar hasta el 21% el IVA aplicable a los pisos turísticos, equiparando su tributación a la de otras actividades económicas relacionadas con el alojamiento.
La intención declarada por el Ministerio de Vivienda es desincentivar el desplazamiento de viviendas desde el mercado residencial hacia usos turísticos, especialmente en ciudades y zonas donde existe una fuerte presión sobre la oferta disponible.
No existe, sin embargo, una posición idéntica entre los grupos. El PNV ha defendido una tributación diferente, por lo que el porcentaje definitivo será uno de los asuntos que deberán resolverse en la negociación.
Bonificaciones fiscales para los propietarios
La fiscalidad es uno de los terrenos donde más se han movido las posiciones durante los últimos días. Junts reclama incentivos para los propietarios que mantienen sus viviendas dentro del mercado residencial y Sumar, pese a sus reservas iniciales, se ha mostrado dispuesto a estudiar bonificaciones para pequeños propietarios afectados por las nuevas prórrogas de alquiler.
El ministro de Cultura y dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, ha reconocido que este tipo de incentivos no constituye el modelo original defendido por su espacio político, pero ha abierto la puerta a incluirlos para alcanzar un acuerdo.
Una de las posibilidades consiste en vincular determinados beneficios fiscales al mantenimiento o reducción de los precios del alquiler, tratando de incentivar que las viviendas permanezcan destinadas a residencia habitual.
Deducciones por alquiler, hipoteca y ahorro para comprar vivienda
Junts ha puesto además sobre la mesa una batería de modificaciones fiscales dirigidas tanto a inquilinos como a compradores. Entre ellas se encuentra la recuperación de la deducción en el IRPF por el alquiler de vivienda habitual y de beneficios fiscales relacionados con las cuotas hipotecarias.
La formación también plantea recuperar las denominadas cuentas vivienda, mediante las cuales los jóvenes podrían desgravar determinadas cantidades ahorradas para adquirir su primera casa.
Estas propuestas ya habían sido defendidas por Junts durante los últimos meses. La formación ha reclamado igualmente mecanismos fiscales que reduzcan el esfuerzo asociado a la compra de la primera vivienda y faciliten la entrada al mercado inmobiliario a los jóvenes.
Su incorporación definitiva al nuevo decreto de vivienda dependerá del acuerdo que alcance el Gobierno con el resto de fuerzas, ya que las deducciones fiscales generan diferencias entre los propios socios parlamentarios.
El futuro de la vivienda pública
El Ejecutivo también pretende ampliar el parque de vivienda asequible y mantener su carácter protegido. Este objetivo, sin embargo, no comienza con el decreto que se negocia ahora.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado en abril, ya establece la protección permanente de las viviendas movilizadas con sus fondos. El programa cuenta con una inversión prevista de 7.000 millones de euros durante cinco años y reserva al menos el 40% de sus recursos para construcción y adquisición de vivienda.
El principio que defiende el Gobierno es impedir que inmuebles levantados o adquiridos mediante financiación pública puedan terminar posteriormente dentro del mercado libre y perder su función social. La negociación actual puede reforzar ese planteamiento mediante nuevas actuaciones destinadas a ampliar la oferta asequible.
La reforma de la Ley del Suelo divide a los socios
No todos los puntos del nuevo decreto de vivienda persiguen intervenir directamente sobre alquileres o desahucios. El Gobierno también viene planteando modificaciones de la Ley del Suelo destinadas a facilitar y agilizar la construcción de nuevas viviendas.
Este es precisamente uno de los principales desacuerdos entre los grupos. El PNV ha reclamado reformas que favorezcan la creación de nueva oferta residencial, mientras Podemos exige que la modificación de la Ley del Suelo quede fuera del decreto.
Las diferencias ejemplifican la dificultad de cerrar un paquete único: algunas formaciones priorizan incrementar la oferta y ofrecer incentivos fiscales, mientras otras reclaman una intervención mayor sobre precios, desahucios y grandes propietarios.
Un decreto todavía abierto a 24 horas del Consejo de Ministros
El escenario puede cambiar hasta el último momento. El Gobierno pretende llevar el nuevo decreto de vivienda al Consejo de Ministros de este martes, pero necesita construir un texto capaz de reunir posteriormente una mayoría suficiente en el Congreso.
Junts ha condicionado su posición a las medidas contra los fondos buitre y a las garantías para los pequeños propietarios. El PNV reclama límites y seguridad jurídica en las medidas antidesahucios. Podemos exige una regulación más intensa frente a la especulación y rechaza que se aproveche el decreto para modificar la Ley del Suelo.
Por eso, prohibiciones a los fondos de inversión, deducciones fiscales, prórrogas de contratos, regulación de los alquileres temporales o cambios tributarios deben considerarse todavía parte de una negociación abierta. El alcance real del nuevo marco de vivienda solo quedará definido cuando el Consejo de Ministros apruebe el texto definitivo y este sea publicado oficialmente.