El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exsecretario general del PSOE Santos Cerdán ratifica que su mujer, Francisca ‘Paqui’ Muñoz Cano, cobró una pensión de la Seguridad Social mientras estuvo en nómina de la trama, percibiendo unos ingresos de casi 30.000 euros. Tras rastrear las cuentas, la UCO constata que desde 2015 y hasta 2025 (último año disponible), ‘Paqui’ cobró 70.580 euros procedentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
La pensión, que en 2016 -primer año completo- sumó 5.215 euros, se ha revalorizado un 71,5% como consecuencia de las sucesivas actualizaciones ligadas a la inflación, hasta 8.443,40 euros en 2025. Corresponde a una pensión de invalidez permanente reconocida desde finales de 2015 como consecuencia de un accidente laboral en un pie en la fábrica de Bonduelle. En la planta de conservas navarra -cuya denominación social es Gelagri Ibérica- es donde el matrimonio se conoció.
Una planta en la que Cerdán trabajó entre abril de 2002 y junio de 2011 como electricista con la categoría de Oficial de 1º. Paqui fue auxiliar desde el 3 de agosto de 1998 hasta octubre de 2015. En 2014, ingresó en su cuenta 5.744 euros procedentes de la empresa de verduras congeladas navarra y, un año después -incluida la indemnización por cese- 9.183 euros.
Pensión de invalidez
La compatibilidad entre una pensión de incapacidad permanente y una actividad laboral está prevista en la legislación de la Seguridad Social siempre que el nuevo empleo resulte compatible con las limitaciones que dieron lugar al reconocimiento de la prestación. En este caso, la investigación de la UCO cuestiona la existencia de una actividad laboral efectiva en las empresas que abonaron las nóminas a Francisca Muñoz.
Como que la pensión de invalidez de Francisca Muñoz era prácticamente igual a su nómina, Paqui dejó de trabajar. En la investigación de la UCO, no constan ingresos relacionados con su actividad laboral durante 2016 y 2017. Sin embargo, esa decisión no afectó a las cuentas de la familia: ella mantuvo unos ingresos similares gracias a la pensión por invalidez y Cerdán siguió con los suyos por su actividad política, primero como diputado en el Parlamento Navarro y, desde mediados de 2016, también con nómina del PSOE.
Noran, los primeros pasos

A partir de 2018, la UCO refleja que Santos Cerdán comenzó a ver la oportunidad de utilizar a su mujer para justificar ingresos con empleos ficticios. La cooperativa Noran, fundada por su buen amigo Antxón Alonso junto a Koldo García fue el primer ensayo. Según la investigación, el objetivo era presuntamente desviar las ganancias de las comisiones ilícitas en obras públicas de Servinabar, en la que participa como socio con Antxón. Así, durante cinco meses, la UCO acredita cinco abonos por 1.900 euros cada uno, por un total de 5.900 euros, realizados por esta cooperativa bajo el concepto de “anticipo laboral”.
Supuestamente, Noran incorporó a Francisca Muñoz como “socia trabajadora de duración determinada”. Se comprometía a aportar a la cooperativa 600 euros inicialmente y a desembolsar un total de 2.400 euros al capital social de la entidad. Pero la UCO subraya que “no se ha encontrado respaldo justificativo en cuentas bancarias de las cantidades que, en virtud de este acuerdo, Francisca Muñoz estaba obligada a desembolsar” como socia. Tampoco ha localizado documentos, cruce de correos electrónicos o en general cualquier atisbo de actividad de la que se desprenda una verdadera prestación de servicios por parte de Francisca Muñoz en la sociedad cooperativa.
“Francisca Muñoz. Trazabilidad. Qué hacía? Trabajo?”

Tanto es así, que la forma de justificar la actividad de ‘Paqui’ fue un motivo de preocupación para Antxón. En el registro de su domiciliario, los agentes de la Guardia Civil hallaron, entre otros documentos, una hoja de papel con la siguiente anotación manuscrita: “Francisca Muñoz. Trazabilidad. Qué hacía? Trabajo?”.
Y nuevamente desparecen los ingresos laborales de Paqui. No será hasta 2023, cuando la UCO vuelva a encontrar en las cuentas de Cerdán y Muñoz el concepto de nómina asociado a esta última. Durante 2023 y 2024, se registran ingresos por 18.730,15 euros “en concepto de nómina” provenientes de la empresa Lorgen Genética Proteomica. Una sociedad en la que Muñoz “fue contratada como auxiliar administrativo en febrero de 2023”, según detallan los agentes de la UCO. Lo llamativo es que fue a petición de un colaborador externo de esta empresa, fijando su centro de trabajo en el Polígono Tecnológico Ciencias de la Salud, de Armilla (Granada).
“Muñoz nunca ha trabajado para Lorgen”
Del informe se desprende que este colaborador solicitó a la empresa que “contratase a Muñoz, ya que la sociedad Universal Scale World no podía contratarla debido a problemas de incompatibilidades de carácter familiar”. Cabe recordar que entre septiembre de 2022 y noviembre de 2025, esta sociedad estuvo administrada por Antxón Alonso a través de una mercantil interpuesta.
De esta forma, y para que la operación no generase un coste a Lorgen, se acordó que Universal contratara en su plantilla a un trabajador de la primera empresa “manteniendo idénticas condiciones de categoría profesional y retribución que las asignadas a Francisca Muñoz”. Sin embargo, el administrador único de Lorgen aseguró a los investigadores que “Muñoz nunca ha trabajado para Lorgen”, que no la conoce y que jamás ha mantenido contacto con ella.
Así, la investigación concluye que Paqui recibió alrededor de 1.300 euros mensuales de Lorgen entre diciembre de 2022 y febrero de 2024, hasta ser despedida un día después de la detención de Koldo García, por un importe total de 18.730,15 euros. Para la UCO, ese mecanismo permitió canalizar pagos a la esposa de Cerdán bajo la apariencia de una relación laboral a través de sociedades vinculadas al socio del exsecretario de Organización del PSOE.
Del empleo ficticio a la obra de 350.000 euros

Sin una actividad laboral acreditada, Paqui se dedicó a gastar. Tanto que la mujer de Anxtón Alonso, Karmele Atutxala, comentó en una conversación de WhatsApp interceptada por la UCO advierte en una cadena de mensajes:
– Karmele (K): “La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés”. “Gastar y Gastar”. “Y restaurantes un fin de semana si y otro también”.
– Antxón (X): “Ya les vale”.
– K: “Todos de lo bueno lo mejor”.
– X: “Y encima no son nada discretos”.
– K: “500 euros cualquier día. Encima ahora quieren un pisazo”.
– X: “Qué quieren?
– K: “Han estado viendo uno de 950”.
– X: Que pasada.
– K: “Obra de reforma 350”.
Según acredita la UCO, Servinabar intentó comprar un piso valorado en casi un millón de euros para el exdirigente socialista. Entre noviembre de 2017 y 2018, Servinabar costeó el primer piso de Cerdán y su familia en Madrid. Una vivienda ubicada en la calle Cardenal Cisneros, 65. Este fue su domicilio entre noviembre de 2017 y julio de 2018. Posteriormente, entre noviembre de 2019 y hasta junio de 2025, el exdirigente socialista residió de alquiler en Hilarión Eslava 32. Una renta que, al menos parcialmente, también abonó Servinabar.
Al vivir de alquiler, la aspiración del matrimonio era comprar un piso en Madrid. Esta operación se intentó poco después de que el Cerdán alcanzara la secretaría de Organización del PSOE. Eligieron una vivienda en la calle Santa Cruz de Marcenado, 2, un edificio singular. En su informe, la UCO explica que esta “tentativa” de compra se truncó “por discrepancias en los tiempos de entrega”.
Las discrepancias truncaron la operación
Un inmueble al gusto de Paqui, quien “expresó en varias ocasiones su agrado por el inmueble, comentando la posibilidad de realizar eventuales reformas al mismo“, subraya la UCO. Días más tarde se produjo una reunión entre la inmobiliaria, Santos Cerdán y Antxon Alonso, en la que los dos primeros “presentaron una oferta de 900.000 euros para la adquisición del inmueble”, abonando “una señal de 9.000 euros mediante transferencia ordenada por la mercantil Servinabar”.
“Dicha oferta fue declinada por los propietarios, lo que dio lugar a posteriores comunicaciones en las que se llegó a un acuerdo de compra por un importe superior”, hasta alcanzar los 985.000 euros tras una contraoferta de los dueños de la casa. La UCO adjunta el borrador del contrato para la compra del piso, en el que “se establece que el comprador, es decir, Servinabar, estaba interesado en pactar la compra de la vivienda por un precio de 985.000 euros”.
En el documento constaba el pago de los 9.000 euros de la señal “en concepto de reserva” y “se acordaba la cantidad de 180.000 euros en concepto de arras penitenciales, quedando 796.000 euros como cantidad a abonar en el momento de la escritura pública de compraventa”. Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por el gerente de la inmobiliaria y la agente a cargo de la operación, “la operación no se ejecutó no por una falta de acuerdo en el precio de la compraventa, sino por discrepancias en los tiempos de entrega y en los términos del contrato de arras, siendo la parte vendedora la que se retiró de la operación”.

