División en el Consejo General del Poder Judicial, que ha reunido de urgencia este lunes por el último auto del juez Juan Carlos Peinado. La cita ha sido convocada por su presidenta, Isabel Perelló, que quiso resolver este mismo domingo en una reunión telemática pero algunos integrantes le emplazaron a un debate con “sosiego”.
La presidenta del CGPJ quiso debatir la pertinencia de actuar contra Peinado, intentando abrirle un expediente disciplinario por una falta grave al insinuar que los escoltas de Begoña Gómez, todos policías nacionales, podrían ayudarla a fugarse del país. Finalmente, la Comisión Permanente del CGPJ ha decidido, por cuatro votos a favor, con el voto de calidad de Perelló, y cuatro en contra, remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria copia del auto dictado el pasado sábado por el juez Juan Carlos Peinado para que él decida si las expresiones referidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son constitutivas de una falta grave del 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
“Nunca llegará a términos”
Ahora será el Promotor de la Acción Disciplinaria quien abra una diligencia informativa. Dicha diligencia no es más que una investigación preliminar y confidencial para verificar si existen motivos para sancionar. Posteriormente, y en caso de que así lo estimara esta autoridad, se abriría un expediente disciplinario. Ello significa que si el Promotor, concluida la diligencia informativa, decide investigar más a fondo el asunto y posteriormente ve materia disciplinaria en la denuncia, sería entonces cuando podría determinar si procedería imponer una sanción al juez Peinado. Si el Promotor no estimara que hay motivos para abrir un expediente disciplinario, la queja se archivaría e iría a la Comisión Permanente, la cual puede confirmar ese archivo o no.
Aunque sería una amonestación más simbólica que efectiva. “Nunca llegará a términos”, aseguran fuentes del Consejo consultadas por Artículo14. ¿El motivo? El juez se jubila en septiembre y ya no estaría en activo antes de cumplir los trámites.
Una parte del CGPJ opina que el órgano se estaría extralimitando si actúa contra Peinado, ya que el órgano “no puede inmiscuirse en las resoluciones judiciales” y solo puede actuar si hubiera “expresiones injuriosas o insultantes”.
Para otros vocales consultados, la decisión tomada es totalmente pertinente porque el auto “imputa a los escoltas delitos” y, por ello, “podría considerarse injurioso”.
Ambas posturas están amparadas en dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los partidarios de iniciar los trámites para interponer una sanción a Peinado se fijan en el artículo 418.5 que considera falta grave “el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial”.
En el otro bando están los que piensan que el CGPJ no puede actuar todavía porque tiene que ser previa queja de la instancia superiormente jerárquica a Peinado. Se acogen al artículo 418.6: “El Consejo General del Poder Judicial solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior respecto de quien dictó la resolución, y que conozca de la misma en vía de recurso”.
El escrito de Peinado
En su escrito, Peinado argumentó la retirada de pasaporte aludiendo a un posible riesgo de fuga porque los cuatro delitos que le imputa podrían incurrir en una pena de 16 años de prisión. Para sustentar dicha decisión, introdujo una sospecha sobre los agentes que velan por la seguridad de la esposa de Pedro Sánchez: “No cabe duda que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, colaborar en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.
El argumento del juez desencadenó la polémica entre instituciones. El primero en mover ficha fue el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que remitió la denuncia a la presidenta del CGPJ por “el grave cuestionamiento de la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Además, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, interpuso una denuncia también contra el CGPJ por considerar violado su derecho a la defensa, ya que conoció el auto por la prensa sin notificación judicial. Si bien, las fuentes consultadas creen que esta queja no tiene ningún recorrido porque las notificaciones no corren a cuenta de Peinado sino que son función del letrado de la administración de Justicia, que cometería un error.
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