Begoña Gómez será la primera mujer de un presidente del Gobierno que se sentará en un banquillo. Lo hará después de que el juez Peinado dictara un insólito auto de procesamiento en el que se retiraba el pasaporte a la mujer del presidente al apreciar riesgo de fuga. Señalaba directamente Peinado a los escoltas de La Moncloa al dejar por escrito que podrían facilitar la huida “por órdenes superiores”.
La retirada del pasaporte a Begoña Gómez es una medida exagerada como lo hubiera sido pedírselo al expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero. En ambos casos el sentido común, y de Estado, dicta que no intentarán sortear la Justicia sino demostrar su inocencia ante ella.
En esta misma lógica es absolutamente impresentable que el juez Peinado, para desmontar los argumentos de la defensa de la acusada sobre el riesgo de fuga, calumnie a los agentes que se encargan de la seguridad de la esposa del presidente al apuntar a que por orden de Pedro Sánchez podrían cometer un delito para sacar a Begoña Gómez de nuestro país.

Cuestionar por parte de un juez a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es inadmisible en una democracia, el problema es que en estos momentos vivimos en una España distópica donde nada es como debería ser.
Esta misma semana hemos conocido que el partido del Gobierno activó la cloaca contra jueces, fiscales y mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) 16 horas después de que Pedro Sánchez se retirase a meditar su futuro tras conocerse las investigaciones a su esposa. El juez Santiago Pedraz señala que la “organización criminal” en torno al PSOE se creó para desactivar las causas que afectaban a los familiares del presidente.
La desconfianza de Peinado sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no tendría ninguna base si se hubiera destituido a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras desvelarse sus encuentros con la fontanera del PSOE, Leire Díez; si se hubiese actuado contra el DAO de la Benemérita que inició una caza de brujas contra los agentes que investigaban los casos relacionados con el PSOE, el hermano o la esposa del presidente.

Lo que parece imposible lleva años siendo posible. Carles Puigdemont se fugó con la ayuda de agentes de la Policía Autonómica que le dieron custodia en Waterloo. Años después siendo prófugo de la Justicia viajó a Barcelona, participó en un mitin y no fue detenido pese a la orden judicial que pesaba sobre él.
Tampoco ayuda que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cesara al coronel Pérez de los Cobos, incurriendo en desviación de poder, por negarse a forzar a sus hombres a cometer un delito de revelación de secretos.
La instrucción de Peinado ha sido desafortunada en las formas, avalada en el fondo por la Audiencia Provincial de Madrid que es quien ahora debe volver a poner cordura.
Las quejas del ministro de Interior y del abogado de Begoña Gómez ante el CGPJ son legítimas, pero este órgano no puede corregir ni censurar el ejercicio de la función jurisdiccional porque no es un órgano judicial. Eso es algo que solo puede hacer otro órgano judicial por vía de los recursos. La única posibilidad, porque eso sí genera responsabilidad disciplinaria, es que en la resolución se empleen expresiones objetivamente injuriosas o insultantes (imbécil, gilipollas… de las que nuestro idioma es muy rico) y que resulten extravagantes por su desconexión con el razonamiento, según se recoge en el artículo 418.6 de la LOPJ.

Si el CGPJ se inmiscuye en la resolución judicial fuera de estos estrictos requisitos pasaría de ser el garante de la independencia judicial a atacarla. Debe medir bien sus actuaciones la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. Hasta el momento ha demostrado su independencia.
Es habitual que lleguen quejas a la presidenta o a la comisión permanente y que lo que acuerde sea enviarlo al promotor de la acción disciplinaria que puede decidir archivar de plano, iniciar informativas o incoar procedimiento disciplinario. Lo que no es conforme a la norma es instar directamente a que se abra un expediente disciplinario como ha hecho Perelló. España no aguanta más situaciones insólitas.

