Hasta 13 años de cárcel afrontan las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero a las que el juez ha imputado apenas 24 horas después de la declaración de su padre. Y es que el expresidente defendió más a Laura y Alba en el Senado que ante el juez José Luis Calama, que esperó a ver qué declaraba para decidir si las imputaba. Si en la Cámara Baja Zapatero dijo que la “responsabilidad” de los servicios de Whathefav con Análisis Relevante “es esencialmente mía”, ante el juez se limitó a decir que las apoya, que trabajan bien y tienen trabajadores, pero no hizo ninguna declaración que se dirigiera a quitarles responsabilidad en el entramado.
“Creo, para ser sincero, que la responsabilidad del compromiso y de la prestación de servicios de Whathefav a Análisis Relevante es esencialmente mía; es mi propuesta y formaba parte del acuerdo”, dijo el pasado 2 de marzo en el Senado. Sin embargo, ante Calama no admitió responsabilidad, ni a preguntas del juez ni de su abogado, las únicas que respondió.
Penalistas consultados por Artículo14 ven al expresidente embarcado en una campaña política y mediática mal enfocada en el terreno judicial. Zapatero no sabe o no recuerda y niega todo, incluso documentos, audios y mensajes, lo que puede volverse en su contra y, sobre todo, de sus hijas, señalan las mismas fuentes. O no declara sobre las joyas mientras su entorno mueve una campaña en RTVE y otros medios con presuntas explicaciones exculpatorias. Una actitud más colaboradora con el juez podría resultarle más eficaz, y sobre todo, darle una posibilidad a sus hijas, señalan los penalistas consultados.
Los delitos
A la espera de tomar declaración a Laura y Alba, el juez no se pronuncia sobre los delitos que les imputa, aunque señala que la Fiscalía les atribuye organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El de organización criminal es el delito más grave y puede acarrear para el líder de la trama hasta ocho años de prisión y entre dos y cinco para colaboradores necesarios, lo que sería el caso de las hijas.
El delito de blanqueo supondría multas y pena de prisión de entre seis meses y seis años. Y el de tráfico de influencias también afronta multas, y en su caso, penas de prisión de seis meses a dos años. Un total de hasta trece años en el caso de que su imputación se mantenga, el juez decida abrir juicio oral y fueran finalmente condenadas.
Complejidad penal para salvarse
La complejidad penal y familiar que entraña esta causa es que para salvarse deberían atacar a su padre o al menos derivar en él responsabilidades. O a sus clientes y socios a los que Zapatero ha presentado este miércoles ante el juez como amigos personales suyos, el caso de Julio Martínez Martínez, o de la familia, el caso de los Amaro Chacón. Pero todavía queda mucho recorrido y está por ver cuál va a ser la estrategia de Martínez y otros investigados.
La condición de Alba y Laura Rodríguez Espinosa como administradoras formales de Whathefav SL cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado con un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, determina, por sí misma, la procedencia de su citación en calidad de investigadas, señala el juez. Una condición que ofrece a las hijas la garantía esencial del derecho de defensa y participar de la causa con más información.
Sociedad instrumental
El auto advierte de que del análisis de las diligencias practicadas se desprenden “indicios sólidos, plurales y convergentes” de que la mercantil Whathefav SL, administrada solidariamente por Laura y Alba Rodríguez Espinosa “constituye un elemento finalista y funcional dentro de la trama investigada”. La documentación intervenida, los correos electrónicos analizados y los flujos económicos detectados le permiten “afirmar que esta mercantil no desarrolla una actividad empresarial ordinaria, sino que actúa como vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas vinculadas al entramado”.
La relación entre Whathefav SL y Análisis Relevante SL, sociedad controlada por Julio Martínez Martínez se proyecta a su juicio en una “coordinación operativa continuada, evidenciada por la emisión de facturas entre 2020 y 2024 bajo el concepto genérico “servicios agencia”, sin detalle alguno sobre la prestación real”.
Los correos electrónicos muestran que Sergio Sánchez, titular del 25% de Análisis Relevante y colaborador de Zapatero, elabora informes de asesoría y consultoría para Análisis Relevante SL, que posteriormente remite a Whathefav SL para su maquetación y difusión al listado de clientes proporcionado por el propio Zapatero, detalla. Esta secuencia “evidencia que Whathefav SL interviene en la fase final de la cadena operativa, sin aportar un valor técnico propio, lo que resulta incoherente con una lógica empresarial ordinaria y apunta a una estructura artificiosa orientada a justificar pagos”.
Beneficiarias finales
El auto de imputación de Zapatero del pasado 19 de mayo establecía que el expresidente y sus hijas eran los beneficiarios finales de la trama, con un cobro de al menos 2 millones de euros. Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa−, terminaron en el entorno de Zapatero. Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros al expresidente y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav.
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