Una agencia de marketing con poco más de 800 seguidores en redes sociales se ha convertido, en cuestión de semanas, en una de las piezas más analizadas del caso judicial que tiene a José Luis Rodríguez Zapatero declarando como investigado en la Audiencia Nacional. Whathefav S.L., la empresa de las hijas del expresidente, ha pasado de ser una pequeña agencia de eSports y contenidos digitales a aparecer descrita en los informes policiales como una sociedad sin función real, calificada por los propios investigadores como «instrumental».
Una empresa familiar que despegó de golpe
Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero y de Sonsoles Espinosa, constituyeron Whathefav en septiembre de 2019. Los inicios fueron modestos: cerraron su primer ejercicio con pérdidas de poco más de 3.000 euros. La situación dio un giro radical poco después, cuando la empresa firmó un contrato de servicios de marketing, posicionamiento en internet y logística de eventos con Análisis Relevante, una consultora vinculada a Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente. En 2020, Whathefav ya facturaba 155.791,66 euros, con un resultado positivo de 31.948,23 euros. En cuatro años, esa cifra llegó a triplicarse hasta acercarse a los 500.000 euros anuales.
El nexo con el caso Plus Ultra
La razón por la que Whathefav ha terminado en el centro de la investigación judicial no es que recibiera dinero directamente de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros públicos en plena pandemia. Su vínculo llega por una vía indirecta: a través de Análisis Relevante, la consultora que asesoró a la aerolínea durante el proceso de rescate. Según consta en el sumario, esa consultora remitió 490.780 euros al propio Zapatero y 239.755 euros a Whathefav entre junio de 2020 y diciembre de 2025.
El mecanismo que describen los investigadores tiene una lógica concreta: un colaborador de Zapatero, titular del 25% de Análisis Relevante, redactaba informes de asesoría que después enviaba a la empresa de las hijas. El papel de Whathefav consistía, según ese mismo informe, en realizar ajustes y maquetación sobre esos textos ya elaborados, para distribuirlos después a una lista de clientes previamente validada por el propio expresidente.
«Sin valor técnico propio»: la frase que define el caso
Esa secuencia —recibir un informe ya terminado, maquetarlo y reenviarlo— es precisamente lo que ha llevado a la Policía a cuestionar la naturaleza real de la empresa. Un informe policial sostiene que Whathefav «interviene en la fase final de la cadena operativa, sin aportar un valor técnico propio, lo que resulta incoherente con una lógica empresarial ordinaria y apunta a una estructura artificiosa orientada a justificar pagos». Es la frase que ha terminado dando nombre público al caso: la sociedad «instrumental».
La investigación va más allá y describe a la empresa como un «elemento finalista» y «centro de redistribución» de los flujos económicos de toda la red investigada. Los investigadores señalan también un detalle revelador en la forma de facturar: Whathefav emitía sus facturas bajo conceptos genéricos como «servicios agencia», sin detalle ni concreción sobre las prestaciones realmente realizadas.
El dinero que llegó a las cuentas personales
Más allá de la facturación de la empresa, lo que ha llamado la atención de los investigadores es el destino final de buena parte de ese dinero. Una parte significativa de los fondos de Whathefav terminó en las cuentas bancarias personales de Laura y Alba, en las que José Luis Rodríguez Zapatero figuraba como autorizado. En concreto, Laura habría recibido 247.191,06 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025, y Alba 199.904,25 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025.
Ese dato es el que ha llevado al juez José Luis Calama a plantear una hipótesis concreta en su instrucción: que el dinero formalmente cobrado por las hijas a través de su agencia pudiera estar, en realidad, destinado al propio expresidente.
Más allá de Análisis Relevante: otros clientes bajo sospecha
Análisis Relevante no es la única sociedad investigada que aparece como cliente de Whathefav. El sumario menciona también a Gate Center, que transfirió a la agencia más de 170.000 euros en cinco años, e Inteligencia Prospectiva, que abonó más de medio millón de euros entre 2021 y 2024 pese a presentar ingresos casi nulos y pérdidas de 850.000 euros en ese mismo periodo. Los investigadores también han documentado dos contratos formalizados entre Whathefav y la multinacional tecnológica Huawei.
Toda esta documentación —contratos, facturas, correos electrónicos y archivos digitales— fue intervenida durante el registro policial de la sede de la empresa, ubicada en la calle San Germán de Madrid.
De informe policial a investigación judicial formal
Lo ocurrido en los últimos días marca un punto de inflexión en el caso. El juez Calama ha decidido citar formalmente a Alba y Laura Rodríguez Espinosa como investigadas, junto con la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar. El argumento del magistrado es claro: ambas son administradoras formales de una sociedad cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado, lo que determina por sí mismo la procedencia de su citación.
El propio juez ha matizado el sentido de esa decisión: citarlas como investigadas, y no como simples testigos, responde precisamente a una lógica de protección de sus derechos procesales. La alternativa —obligarlas a declarar bajo juramento de veracidad sobre hechos que después podrían atribuírseles como partícipes— habría generado un riesgo mayor para ellas mismas.
La defensa de Zapatero y el estado actual del caso
Durante su declaración de este miércoles ante la Audiencia Nacional, en la que se convirtió en el primer expresidente del Gobierno español interrogado como imputado, Zapatero defendió el trabajo de sus hijas y lo enmarcó como una actividad empresarial normal. Negó cualquier intervención en el rescate de Plus Ultra, aunque sí reconoció haber trabajado para Julio Martínez bajo un contrato verbal de asesoría.
A día de hoy, conviene precisarlo con claridad: Alba y Laura Rodríguez Espinosa no han sido condenadas por ningún delito. Su situación procesal ha pasado de ser una referencia en informes policiales a convertirse en una investigación formal, lo que en el sistema penal español obliga a comparecer y responder ante el juez, pero no implica en absoluto una acusación cerrada ni, mucho menos, una condena. Ambas mantienen, hasta el momento, la defensa de la legalidad de toda su actividad profesional al frente de Whathefav.
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