El juez Juan Carlos Peinado ha dictado una resolución con la que convoca a Begoña Gómez y a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez -ambas investigadas- para que comparezcan el próximo miércoles a las 18:00 horas a fin de notificarles y requerirles la entrega de sus pasaportes. “Debiendo comunicar a este Juzgado si tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad”, añade el auto del magistrado.
Cabe recordar que el instructor del caso judicial que involucra a la mujer del presidente del Gobierno impuso a las dos investigadas la entrega del pasaporte, les impidió salir del territorio nacional y les obligó a fichar en sede judicial dos veces al mes.
Tal y como refleja el artículo 735.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estas medidas de corte restrictivo se harán efectivas desde que la resolución se haya notificado a las investigadas, ya que el recurso de apelación no impide que se ponga en práctica la resolución dictada. Cabe añadir que, según informó la Agencia EFE, el equipo legal de Gómez anunció el pasado sábado que recurrirá la decisión de Peinado relativa a la imposición de dichas medidas cautelares. Algo que puede hacer en base al artículo 783.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual dice: “Contra el auto que acuerde la apertura del juicio oral no se dará recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal, pudiendo el acusado reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas”.
La posible “fuga” de Begoña Gómez
Para justificar la imposición de estas cautelares, el juez Peinado explicó en el auto del pasado sábado que si el caso llegara a una fase de enjuiciamiento, y la misma finalizara con una sentencia condenatoria, esta se traduciría en una pena mínima de dos años. “No cabe duda de que ese sería el escenario más favorable para las acusadas“, añadió. Sin embargo, debido a que las penas de prisión han sido establecidas “en abstracto” por el instructor, también cabría la posibilidad de que la pena mínima fuera de dos años y seis meses, lo cual imposibilitaría suspender la ejecución de la futurible pena privativa de libertad, “dando lugar a un ingreso en un establecimiento penitenciario”. Es debido a ello, añadió el juez, que las investigadas podrían tratar de “eludir la acción de la justicia, cumpliéndose el riesgo de fuga”, el cual “se trata de evitar” con la adopción de las medidas cautelares.
Peinado, que atribuye a Gómez y a Álvarez la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, también respondió en el auto del pasado sábado al abogado de la mujer del líder del Ejecutivo. Este letrado dijo que el hecho de ser la esposa del actual presidente del Gobierno implica que en todo momento se encuentre acompañada y custodiada por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo cual reduce el riesgo de evasión. Sin embargo, el magistrado lo interpretó de una manera totalmente diferente: “Lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, colaborar en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.
Lo “especialmente trascendente” para el juez fue que debido a que el cargo de su esposo, actual líder del Ejecutivo, es algo “efímero y transitorio”, esa protección o acompañamiento de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “desaparecería, lo que facilitaría aún más esa hipotética fuga”. Respecto a Álvarez, “que ha venido actuando en calidad de asistente de la anterior acusada, María Begoña Gómez Fernández, y con estrecha vinculación personal y acompañando a la misma, así como coordinando todas sus actividades, dispone de una situación similar a ella”, disponiendo “de los mismos medios para fugarse y eludir la acción de la justicia”, añadió.
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