Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, tiene pendiente desde el lunes pasado una petición de Hazte Oir para que le retiren el pasaporte y le obliguen a acudir al juzgado cada quince días. La acusación popular hizo esta solicitud en la vista preliminar que tuvo lugar ante el juez Juan Carlos Peinado como paso previo a enviar la causa a la Audiencia Provincial. Ese órgano será el que decida si le sienta en el banquillo de los acusados ante un jurado popular por tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios.
El juez Peinado se dio tres días para responder, pero no ha cumplido con los plazos y hasta el lunes no conoceremos su decisión final. Hay pendientes dos autos claves: el de medidas cautelares, ya mencionado, y el de cierre de instrucción.
Según las fuentes del caso consultadas por Artículo14, el magistrado se inclina “en estos momentos” por retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno. De hecho, se ha dado más tiempo para sustentar bien el auto. “Los plazos son relativos”, precisan las citadas fuentes.
Lo habitual es que los autos para resolver medidas cautelares salgan horas después de las comparecencias como ocurrió con Santos Cerdán o, recientemente, con José Luis Rodríguez Zapatero. “Pero Peinado es diferente”, apuntan con tono de humor las fuentes consultadas.
Nuevas diligencias
En paralelo, el magistrado, que se jubila ya en septiembre, abrió este viernes una nueva línea de investigación en el caso con dos delitos nuevos: prevaricación y fraude con los intereses de la Unión Europea. El escrito incluía en la lista de investigados a todos los imputados del caso, incluida Begoña Gómez.
La noticia impactó en la prensa nacional aunque en seguida saltaron las dudas. El contrato bajo la lupa de Peinado para abrir esta nueva pieza no tiene nada que ver ni con Begoña Gómez ni con Cristina Álvarez. Se trataba de una adjudicación de Red.es la empresa pública con fondos europeos Feder. La concesión la consiguió en UTE (unión temporal de empresas) KPMG e Innova Next, empresa de Juan Carlos Barrabés.
Esa rama de la investigación la indagó la Fiscalía Europea por afectar a los intereses de la Unión. Encargó un informe a la UCO y percibió que al asignar los fondos se “habría obviado deliberadamente la circunstancia de la inexistencia de un libro blanco como requisito necesario exigido en los pliegos a puntuar en el criterio 3, del que dependen los juicios de valor en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota, resultando adjudicataria”.
Con estos resultados, la Fiscalía Europea decidió ampliar las pesquisas, pero Barrabés recurrió a la Audiencia Nacional y un juez anuló la investigación. Así que el órgano europeo devolvió estas indagaciones a Peinado, que ahora pregunta a la Fiscalía de Madrid si ha de seguir investigando.
Ninguno de estos indicios implicaban a Begoña Gómez ni a Cristina Álvarez. Según fuentes del caso, se precipitó usando una plantilla de providencia, tal y como publicó este periódico. A las horas, el magistrado trasladó otra resolución aclarando que el único imputado era el empresario.
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