Ya está redactada y lista para aprobarse el próximo 6 de octubre la ponencia del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que amnistiará el delito de malversación a Dolors Bassa y, en consecuencia, al resto de líderes independentistas. Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull quedarán libres de la pena de inhabilitación que cumplen. También decaerá la investigación penal abierta contra Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, que mantienen una orden de busca y captura por la cual no pueden regresar a España sin ser detenidos desde 2017.
En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, Pumpido urge al Supremo a que recoja con “carácter preferente y urgente” lo que dicta el Constitucional, forzándole a actuar de oficio y catalizando la suspensión de la orden de busca y captura que permitirá al líder de Junts regresar a España sin cumplir ningún tipo de condena por el referéndum ilegal del 1 de octubre que puso en jaque al Estado.
El Supremo interpretó que la ley de amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez no perdonaba el delito de malversación que habían cometido los líderes independentistas porque la norma establecía una excepción clara. El delito sería amnistiable “siempre y cuando no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”.
Y para el Supremo sí que existió beneficio porque Puigdemont y el resto de cargos implicados sufragaron con fondos públicos el referéndum evitando tenerlo que financiar con el dinero de su propio bolsillo. “Un sujeto se beneficia patrimonialmente cuando se incrementa su patrimonio pero también cuando su patrimonio no decrece porque sus obligaciones son asumidas ilícitamente por los fondos públicos”, zanjó el Supremo.
Para el presidente del Constitucional, esta interpretación “no es admisible” porque la interpretación “desconoce el debido nexo de coherencia con la norma que las contempla, pues ello implica un ensanchamiento del ámbito de lo punible incompatible con las exigencias del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”. Es decir, considera que los magistrados del Supremo están dando la espalda al espíritu de la norma para hacer una interpretación más punitiva.
De hecho, en la ponencia, Pumpido reitera que la Ley de amnistía “busca una mejora de la convivencia y de la cohesión social, así como una integración de las diversas sensibilidades políticas, para superar, como objetivo de interés general, las tensiones sociales y políticas generadas con el denominado proceso independentista en Cataluña”. Por eso, concluye que la decisión del Supremo es “extensiva, contraria al espíritu y finalidad de la norma”.
El Supremo, listo para aplicar lo que diga el TC
Por tanto, a partir del día 6 de octubre, el Tribunal Supremo tendrá que aplicar lo que haya dicho el Constitucional sobre todos los líderes del procés. De hecho, fuentes del Supremo consultadas por este periódico aseguran que podrá hacerlo de oficio sin que sus abogados lo reclamen.
En concreto, el regreso de Puigdemont depende de la agenda del magistrado Pablo Llarena, el juez instructor, que todavía tiene una orden de busca y captura activa contra el expresidente fugado. Llarena acatará lo que dicte el Constitucional tan pronto como pueda y levantará esa orden, según las citadas puentes.
Cabe recordar que el expresidente catalán salió del país tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El juez Llarena interpuso una orden de busca y captura en 2019. Desde entonces, no puede estar en territorio español a pena de ser detenido y llevado ante la Justicia. La ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez no había conseguido perdonar todos los delitos que se le imputan hasta ahora que cuenta con el aval del Constitucional.
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