No hubo sorpresas. Los doce magistrados del Tribunal Constitucional se sentaron este martes a debatir sobre si aplicar o no la ley de Amnistía al ex conseller Jordi Turull. El ponente era José María Macías, del ala conservadora. Describió brevemente los aspectos de su ponencia que todos tenían ya por escrito. En ella, defendía que el delito de malversación que se le imputa a Turull no está recogido por la norma redactada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Tras él, el resto de magistrados expusieron de manera muy “breve y escueta” su opinión, trasladan fuentes presentes consultadas por Artículo14. Macías descartó llevar a votación su ponencia viendo que estaba perdida. La mayoría progresista formada por siete magistrados la iba a tumbar frente a los cinco votos favorables conservadores. Si bien, no quiso fijar otra fecha de deliberación para que otro magistrado progresista redactara una ponencia favorable a la amnistía de los líderes independentistas.
Así, Macías decidió quedarse con la nueva ponencia y ser él quien redacte ese fallo del Tribunal Constitucional recogiendo el sentir de la mayoría en contra de lo que él mismo piensa. “Una práctica habitual en el Tribunal Constitucional”, aseguran las fuentes consultadas. Dicha resolución se expondrá el día seis de octubre.
En ese momento, el presidente del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, maniobró para establecer el mismo día seis la deliberación de la ponencia que tiene asignada él mismo con el recurso de otra ex consellera, Dolors Bassa, también condenada por el delito de malversación.
¿El motivo? Pumpido quiere que el fallo que siente jurisprudencia para el resto de recursos de líderes independentistas “esté muy bien atado y sea sólido” para que lo acate el Tribunal Supremo. Fuentes de su entorno sospechan que la ponencia de Macías puede ser menos contundente al ir en contra de lo que el propio magistrado piensa.
Pumpido, contra el Supremo
Según fuentes presentes en la deliberación de este martes, Pumpido fue uno de los magistrados que más duro fue con la negativa del Supremo a no aplicar la ley de amnistía, tildando de “irrazonable e ilógicos” los argumentos del Alto Tribunal.
Así las cosas, todas las fuentes consultadas apuntan a que en el pleno del seis de octubre habrá un “aval completo” a la ley de Amnistía. Por tanto, el Tribunal Supremo tendrá que aplicar lo que haya dicho el Constitucional a todos los líderes del procés. De hecho, fuentes del Supremo aseguran que podrá hacerlo de oficio sin que sus abogados lo reclamen.
En concreto, en lo que respecta a Carles Puigdemont, dependerá de la agenda del magistrado Pablo Llarena, el juez instructor del procés que todavía tiene una orden de busca y captura activa contra el ex president. Llarena acatará lo que dicte el Constitucional tan pronto como pueda y levantará esa orden, según las fuentes consultadas.
Puigdemont, fugado de la Justicia
Cabe recordar que el ex presidente catalán salió del país tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El juez Llarena interpuso una orden de busca y captura en 2019. Desde entonces, no puede estar en territorio español a pena de ser detenido y llevado ante la Justicia. La ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez no consiguió perdonar todos los delitos que se le imputan. El Supremo interpretó que no podía acogerse al delito de malversación. Según la lectura del Alto Tribunal, la ley establecía una excepción clara para no perdonar el delito de malversación. El delito sería amnistiable “siempre y cuando no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”, reza la norma del Ejecutivo de Sánchez.
Esto es lo que precisamente interpreta el Supremo que ocurrió. Los líderes independentistas, según el Alto Tribunal, sí obtuvieron beneficio personal porque se ahorraron de su bolsillo financiar el referéndum. Es decir, lo sufragaron con fondos públicos en lugar de con dinero procedente de su peculio. “Un sujeto se beneficia patrimonialmente cuando se incrementa su patrimonio pero también cuando su patrimonio no decrece porque sus obligaciones son asumidas ilícitamente por los fondos públicos”, zanjó el Supremo.
Es por ello que presentaron recursos al Tribunal Constitucional para intentar revocar esta decisión del Supremo. Sin embargo, el tribunal de garantías esperó a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciara. Es ahora con el aval de Luxemburgo cuando han empezado a resolver recursos. Si bien sentada la jurisprudencia con los dos primeros de Turull y Bassa, no deliberarán más porque, en principio, el Supremo tendrá que acatar la visión del Tribunal de Garantías.
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