Silencio absoluto sobre el fondo de las investigaciones por corrupción, más allá de señalar que la responsabilidad aún presunta acaba en Santos Cerdán, exnúmero tres del partido. Y de desplegar iniciativas políticas de calado, pero sin los votos garantizados en el Congreso, para así desviar el foco.
A 10 meses de prometer que el Gobierno presentaría los Presupuestos Generales del Estado para 2026, Pedro Sánchez evita reconocer que ya ha firmado el certificado de defunción de las cuentas para este año, pero anuncia que trabaja ya en las de 2027. Las anteriores ni siquiera las aprobaron en el Consejo de Ministros. Nunca vieron la luz.
Nada ha cambiado en la situación de debilidad parlamentaria de la coalición, si bien ha optado por jugar este comodín político, como también ha reactivado la reforma de la financiación autonómica, pese a que lo que piden dos de sus socios de investidura son elecciones. Del elefante en la habitación, sin embargo, no ha dicho una sola palabra.
En una misma jornada, el Gobierno y el PSOE han tenido que digerir que trascendiera el sumario de la investigación que hace sólo una semana llevó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a su sede para requerir información sobre la trama de Cerdán y Leire Díez, supuestamente orquestada para “desestabilizar procedimientos judiciales”.
Han tenido que leer en estas páginas que el Instituto Armado concluye que la operación del exnúmero tres socialista y la exfontanera del partido buscaba “proteger los intereses del presidente del Gobierno”. Que Díez se reunió con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, al menos en tres ocasiones.
Que el exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y actual jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo, declaró haber recibido órdenes del anterior director general –Leonardo Marcos González– de cerrar cuanto antes el informe sobre los correos de la causa por la que hoy se está juzgando a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Afirma que le exigieron concluir “que no había nada”.
En la misma jornada, el juez Santiago Pedraz, que instruye la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero, ha ordenado tasar las decenas de joyas de la caja fuerte que había en el despacho del expresidente propiedad del partido. Situado a escasos metros de su sede. El mismo juez reclamó al juzgado 9 de Madrid que remita las actuaciones y se inhiba a su favor en la causa por las maniobras de Díez contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil, para aglutinar así todas las investigaciones sobre esta materia. El Gobierno y el PSOE no han dado explicaciones sobre ninguno de estos acontecimientos.
El Gobierno se declara tranquilo y el PSOE intenta acotar el daño en Cerdán
“Vamos a dejar que las cosas avancen”, reclamó durante la mañana el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, después de conocerse el sumario. Le preguntaban por qué el PSOE no se ha querellado contra Díez, como reclamó horas antes el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page. El ministro eludió pronunciarse sobre el fondo del caso.
Hasta el momento, el Gobierno ha optado por evitar cualquier explicación, en público y en privado. Fuentes del Ejecutivo apenas trasladan que están “tranquilos”. El discurso oficial pasa por afirmar que están colaborando con la Justicia, y que no van a “avalar” ningún comportamiento delictivo. Por lo demás, el silencio es ensordecedor.
De hecho, el PSOE dejó pasar varias horas, hasta las 19.30, para reaccionar. Y lo hizo en la línea que ya llevaban ensayando días atrás: intentaron contener el daño, afirmando que Cerdán estaba en el nivel superior de la pirámide de presunta corrupción. “La documentación conocida hoy es una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE”, defendió en X la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró.
En el mismo mensaje, Torró exigió que no se dude de la “honorabilidad y la transparencia” del partido, sin aclarar más aspectos de las revelaciones del sumario. Su partido explicó en un breve comunicado que los contratos recogidos en los informes policiales son “formalmente legales”, y aseguró estar analizando la documentación por si procede pasar a la ofensiva: “Si en algún momento detectamos un responsable identificable o un perjuicio para el partido, tomaremos las decisiones judiciales pertinentes”. Lo que pide Page es precisamente que actúen legalmente contra Díez, y es un escenario que hace 48 horas no descartaban. Y que aún no quieren aterrizar.
Hasta el miércoles, fuentes del Ejecutivo y de Ferraz repetían que darían explicaciones cuando se conociera el contenido del sumario. No se han pronunciado sobre las 22 reuniones que según el juez Cerdán y Díez habrían mantenido en la sede socialista desde el inicio del periodo del reflexión del presidente (abril de 2024), posterior a la citación como investigada de su mujer, Begoña Gómez. Tampoco sobre los pagos a Díez, o los billetes de avión que habrían costeado a la fontanera socialista.
Un año atrás, cuando se conocieron las primeras informaciones, que cristalizaron en las primeras investigaciones a Díez, en el PSOE la presentaron como una militante un tanto excéntrica. Negaron cualquier vinculación con ella pese a que había ostentado responsabilidades en empresas públicas como Correos, aunque evitaron emprender acciones legales en su contra. Hasta le permitieron darse de baja como socialista, en lugar de expulsarla.
La cúpula socialista lleva meses “en el peor escenario” con los frentes judiciales
Antes del seísmo político del caso Zapatero, y de la nueva pieza sobre Cerdán y Díez, en la cúpula socialista reconocían que el futuro judicial se les antojaba difícil. Hace meses, un dirigente de primer nivel afirmaba que no le “extrañaría nada” ver un escenario aún más sombrío. Uno en el que pudieran darse nuevas imputaciones y hasta condenas: “Si imputan a Zapatero, condenan a Begoña y a David Sánchez”… “No confío nada”.
El mismo interlocutor socialista afirmó que están “en el peor escenario”, “preparados para que eso pase”. Y vendió que esto no se traducirá en una sangría electoral. Hoy por hoy, cuando se ha materializado alguno de sus grandes temores, han intentado diluirlo, restarle foco.
El miércoles tuvieron que volver a jugar esta carta. Poco después de que empezaran a trascender los detalles del sumario, el presidente del Gobierno protagonizó un discurso y un breve coloquio en la reunión anual del Cercle d’Economia, en Barcelona. Aquí anunció su nuevo compromiso sobre las cuentas públicas.
Fue su respuesta a las presiones de aliados parlamentarios como Junts per Catalunya o el PNV, que ya le han reclamado un adelanto electoral. Y en la misma dirección apunta su decisión de reactivar el nuevo modelo de financiación autonómica. A las puertas de la visita del Papa a España, al Gobierno pone el foco en el legislativo para intentar desviar el tiro. Y, de paso, para intentar convencer a sus socios de que aún es pronto para tirar la toalla. Aunque en su partido no dejen de apagar incendios a causa de la corrupción.
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