El PSOE y sus aliados parlamentarios aguardan con ansia la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles, en el Congreso de los Diputados. Entre los socialistas viven en una especie de deja vu y evocan, irremediablemente, la sesión parlamentaria en la que Sánchez rindió cuentas sobre la presunta corrupción de dos de sus tres secretarios de Organización desde que gobierna; Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Corría julio de 2025 y entonces reconoció que el Ejecutivo había estado a punto de caer. Casi un año después, la presión que soportan se ha disparado, y las heridas por la corrupción son más graves y profundas.
Para empezar, Ábalos ya no es presunto. El Alto Tribunal le ha impuesto una pena de 24 años de cárcel, por lo que sus opciones de abandonar Soto del Real se han esfumado. Y, pese a que la sentencia del Alto Tribunal es firme, en el Gobierno dicen no apreciar que la situación, en lo que respecta al exministro, haya cambiado significativamente en el último año.
Esto es, desde cuando expulsaron a Ábalos del partido (junio de 2025), tras 16 meses postergando una decisión sobre su suspensión de militancia. “Nosotros actuamos dando por buenos todos los hechos que se conocían, no nos hizo falta sentencia”.
“¿Qué podemos hacer? Nos lo quitamos de encima cuando el caso comenzó”, afirman desde el Ejecutivo. Fuentes de Moncloa descartan, por lo pronto, la asunción de responsabilidades políticas, y mucho más que esta aceptación se traduzca en nuevas dimisiones. “Hay personas que fallan”, sostienen, pero no sería “proporcional” que, a raíz de estos errores, “se le pida al presidente del Gobierno su dimisión”. Ni al presidente, ni a ninguna figura del Ejecutivo o del partido.
Pedro Sánchez, este martes.
Sí reconocen que lo ocurrido, la organización criminal constituida por Ábalos y Koldo García, costeada por el empresario Víctor de Aldama – se embolsó 3,7 millones de euros en beneficios por la venta de mascarillas durante la pandemia- es “muy grave”. Que el corruptor, Aldama, “se coló hasta la cocina” y logró corromper a Ábalos y a su exasesor en el Ministerio de Transportes. Aunque sostienen que no puedan llegar más allá. “Sin restarle importancia ni mancha de aceite”, que se dé un caso de corrupción es una “contingencia” que “puede ocurrir”, apostillan.
La comparecencia de Sánchez, formalmente registrada a petición propia, fue una demanda de sus socios parlamentarios. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso ‘Plus Ultra’, así como la personación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Ferraz, hicieron que incluso sus más fieles escuderos perdieran la paciencia y requirieran información. Casi un mes después de anunciarlo, esta cita ha llegado.
Sin medidas anticorrupción aprobadas; al ataque contra el PP
El presidente rendirá cuentas sobre los presuntos casos de corrupción que salpican a su partido: Leire Díez, Santos Cerdán, Begoña Gómez, Zapatero o Ábalos. En el Gobierno no quieren aclarar si volverá a pedir perdón -“Lo pidió siete veces”– o si anunciará nuevas medidas. “¿Más”? ironizan desde la dirección del PSOE. Otras fuentes niegan que esta opción esté sobre la mesa.
Para los socialistas, lo previsto es que Sánchez rentabilice políticamente su paso por la Cámara Baja: “Se desnuda y muestra su naturalidad siempre”, ensalza un dirigente. Que arengue a los suyos, intente insuflarles algo de moral, y cargue contra el PP por sus propios frentes en esta materia.
Para el Gobierno, el objetivo es claro. Y entienden que el pleno servirá para “establecer los hechos frente a las mentiras y los bulos”; para “poner negro sobre blanco” sobre las tramas que cada día tienen su eco en los medios de comunicación.
No obstante, aunque en las filas del PSOE y en el Ejecutivo presumen de esfuerzos anticorrupción, el paquete de medidas comprometido tras la caída de Cerdán, ya en julio de 2025, ni siquiera ha pasado por segunda vuelta en Consejo de Ministros. Fue aprobado como anteproyecto, en primera vuelta, en febrero de este año, y aún debe recibir luz verde de nuevo antes de ser siquiera remitido a las Cortes.
Una de las iniciativas concretas, la agencia anticorrupción que reclamó su socio de coalición, Sumar, ya fue tumbada en una ocasión en la Cámara Baja, aunque la recuperan en el anteproyecto. El convencimiento de que el daño causado por la corrupción de Ábalos no va a ir a más explica, en buena medida, sus reticencias a dar más pasos. Y su precariedad parlamentaria explica en parte que estas políticas no hayan llegado al BOE.
Volverá a restar hierro a los avisos de los socios: Quieren diferenciarse porque “el calendario llega a su fin”
Con el PNV o Junts per Catalunya cada vez más incómodos, multiplicando sus llamadas a una convocatoria electoral cada vez más temprana, en el Gobierno siguen restando hierro a sus avisos. Creen que, más allá de su contundencia en la lucha contra la corrupción, están viendo que “el calendario llega a su fin”. Y, por tanto, apostillan, “es normal que los grupos quieran” recorrer “un camino de diferenciación política”.
El tono con el que los socios respondan al presidente, empeñado en convencerles de la utilidad de agotar la legislatura, servirá como termómetro de sus relaciones. Sin embargo, se prevé que Sánchez dedique buena parte de sus esfuerzos a disparar contra el PP, a intentar arrastrarle bajo los focos. “Nosotros actuamos ante el más mínimo indicio. [Pablo] Casado se tuvo que ir por criticar lo más mínimo la corrupción”, afirman desde Moncloa.
En público y en privado, fuentes del Gobierno y del partido sostienen que sus comparaciones con el PP, sus alusiones a Alberto Núñez Feijóo como “Torquemada”, no suponen un ejercicio de “y tú más”. “Es Justicia”, apostillan.
Y creen que errores concretos, como su tardanza en resolver el expediente por el que Ábalos fue expulsado, no son comparables con el panorama que se vive en el PP: “La corrupción la condenamos, otros la amparan”. Sus alusiones a los dos frentes judiciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se han disparado estos días.
Mientras tanto, en Moncloa establecen una clara división y piden “no mezclar” casos como el de la esposa del presidente, “una causa política” en la que “no hay delitos”, con una sentencia “sobre un exministro” relacionada con contratos concedidos por el Gobierno. Por la gravedad de esta última justifican no haber querido valorar en público la resolución del Supremo, por ser “escrupulosos e institucionales”. En privado, sin embargo, hay interlocutores que critican abiertamente que el Alto Tribunal haya permitido que Aldama “quede libre”, al suspender la aplicación de su condena de cuatro años y medio de prisión y sustituirla por otras medidas menos restrictivas.
“No han querido que pasara mal ni un ratito”, afirman fuentes del Gobierno. Molesta especialmente que, después de haber atribuido presuntos delitos a Sánchez o a Gómez, sin aportar pruebas, siga “pululando de plató en plató”. Sin haber pisado la cárcel desde hace año medio.
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