En Moncloa ya no descartan elecciones en enero o febrero, aunque la intención es llegar a primavera. Sánchez mantendría así el pulso de votar en 2027, incluso si en la práctica supone adelantar la cita casi medio año. “La realidad es muy cambiante”, dijo Sánchez en Bruselas, consciente del torbellino judicial
Elecciones, ¿qué elecciones? Pedro Sánchez verbalizó por primera vez esta semana que no descarta un adelanto si no logra aprobar los Presupuestos de 2027. Lo hizo en Bruselas, al llegar a una reunión del Consejo Europeo. Al terminar, también desde Bruselas (19 de junio), matizó sus palabras, aunque no demasiado. “¿Quién me mandó a mí hablar de hipótesis?”, dijo con cierto humor. Y remató con las tres ideas que destilan las conversaciones discretas con el PNV: “Presupuestos 2026. Elecciones 2027. No habrá súper domingo”. El matiz está en el fondo. En esta nueva pantalla del Gobierno, la legislatura se acorta. Ya no es inamovible el tan repetido “serán cuando toque”, ni el “terminaremos” la legislatura, que expira legalmente el 23 de julio de 2027.
Si el Ejecutivo supera el tortuoso verano judicial, en otoño puede permitirse manejar el calendario presupuestario y, una vez decaigan, convocar elecciones. Hablan de enero o febrero y, en el mejor de los casos, primavera. “Manejamos esos dos escenarios”, resumen fuentes de Presidencia. Son cálculos basados en hipotéticos calendarios que el Gobierno pretende manejar y no en la realidad política. En cualquier caso, las elecciones sobrevuelan. El “vayan pensando en cuándo convocar” de Aitor Esteban se materializa.

Presupuestos, excusa y detonante
Fuentes de Hacienda, encargadas de la elaboración de las cuentas, trabajan en unos presupuestos y una tramitación que calculan puede estirarse hasta diciembre. Cuentan con que todos los grupos estarán en modo electoral tras el verano y que el precio de la negociación será inasumible. Queda por ver la decisión política del techo de gasto para votarla en julio o septiembre dada la más que asumida derrota parlamentaria— se dan por hechas, como en los últimos intentos—. En cualquier caso, estas fuentes consideran improrrogable la jugada. Recuerdan que el Tribunal Constitucional está decidiendo sobre la legalidad de la prórroga reiterada, tras un recurso del Senado, de mayoría popular, contra el Gobierno. Recientemente pasó sin pena ni gloria cómo el Congreso rechazó aprobar los presupuestos de 2024 en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, algo inédito hasta ahora. Traducido: se votó en contra de la liquidación de esas cuentas porque eran prorrogadas, algo tan novedoso que no está regulado.
Bueno para todos
Ahora que sí van a presentarse, el calendario está más o menos claro. Economía ha anunciado el cuadro macro para el 29 de junio y se calcula que el Proyecto de Ley llegará al Consejo de Ministros en octubre. Es el temporizador del PNV pero también el de Sánchez, la herramienta política que permitirá al Gobierno manejar la convocatoria de las generales sin verse forzado por las circunstancias judiciales. Además, el rechazo a los presupuestos serviría a Junts y al PNV para visualizar su ruptura con el PSOE y el Gobierno, sin necesidad de tender la mano a VOX ni facilitarle el camino a La Moncloa con una moción de censura.

Sobrevivir a julio
Fuentes de La Moncloa reconocen lo evidente: están en el momento político más delicado de la legislatura. “¿Qué necesitamos nosotros ahora mismo?”, se preguntan. “Tiempo”. Recuerdan de dónde vienen con la esperanza de repetir la jugada tras la comparecencia de Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso. El climax hace un año era tenso, pero Sánchez mantuvo los apoyos. “Lo de Santos Cerdán fue un palo muy fuerte, un momento complicado, y remontamos después del verano”. Consideran que el caso de Leire Díez no les afecta en la calle como el caso Zapatero y ponen toda la energía política en superar agosto y retomar en septiembre. “Necesitamos pasar el verano, volver con una agenda legislativa centrada en la senda de crecimiento económico, la reducción del déficit y las políticas sociales, seña de identidad de este Gobierno. En definitiva, recuperar el debate público”, apuntan.
Esta semana el viacrucis judicial continúa. Se publicará la sentencia del exministro José Luis Ábalos y Koldo García, amortizada por los socios. Luego están los avances de la UCO en el escándalo de las cloacas de Santos Cerdán y el fantasma de la posible imputación del PSOE como persona jurídica en las próximas semanas. “El PP prefiere una imputación por financiación ilegal que por organización criminal, pero no hay ingresos en la caja del PSOE”, apuntan fuentes del Ejecutivo. Para que esto se diera, hay dos vías abiertas en la Audiencia Nacional, la instrucción de Santiago Pedraz y la de Ismael Moreno. De momento, en el Gobierno se niegan a abordar esa posibilidad. “No le vamos a dar a la derecha ese marco. Ni normalizar una imputación cuando no ha salido hasta hoy ningún indicio de financiación”. Si ocurriera, los socios se han desmarcado de esta línea roja y lo han movido al límite de los “indicios sólidos”.
Paréntesis Zapatero, salvavidas Begoña Gómez
La defensa de Sánchez a Zapatero funciona como instrucción directa a todo el partido. Le defiende por “empatía” y por la presunción de inocencia. La unión de su destino, de momento, es total. Aunque matizara y le marcara el camino —“Afortunadamente tenemos la regulación que ahora nos hace devolverlas”, en referencia al alijo de joyas—, hay responsables del Ejecutivo que mantienen ese voto de confianza y también la exigencia de más explicaciones. El bálsamo está puesto en el compromiso de Zapatero de documentar las joyas en unos diez días, suficiente como alivio hasta la siguiente embestida, en una causa que, tras escuchar la comparecencia ante el juez, se intuye larga y difícil para el expresidente.
Y luego está el escándalo de Juan Carlos Peinado, el juez que ha decidido abrir juicio oral contra Begoña Gómez un sábado, con el argumento que más encaja en lo que el Gobierno señala como lawfare o persecución política. La retirada de pasaporte hasta que haya sentencia y comparecencias quincenales encajan más con la venganza que la aplicación de la ley. Peinado sustenta la presunta fuga en la posibilidad de que los agentes y su escolta puedan ayudarla a huir. Es el mundo al revés, en distintos comunicados, todos los sindicatos de la Policía han recordado al juez en qué consiste el cumplimiento de la ley. Para el Ejecutivo, que ha salido en tromba, se trata de una persecución, un intento de amedrentar a Begoña Gómez por ser la esposa de Sánchez. A estas alturas de la instrucción, nadie duda de que Peinado es el mejor activo del PSOE para empañar otras causas bajo la misma sospecha. El auto es recurrible pero el daño ya está hecho, señalan desde Moncloa en público y en privado. En cálculos de fuentes judiciales, el juicio no se señalaría previsiblemente hasta la próxima primavera de 2027. En una causa que, lejos de afectar el apoyo de los socios a Sánchez, une al Gobierno.
Último Pleno
Así que el bálsamo servirá para arrancar la semana del último Pleno del Congreso, el día D de Sánchez, con mejor pie que la pasada. Una vez abierto el debate sobre cuándo se convocan las generales, las quinielas continuarán en los pasillos del Congreso. El presidente ha vinculado el posible fracaso presupuestario a un adelanto. Y aunque desde Bruselas insistiera en mantenerse firme: “Mi ambición es que las legislaturas, cuando no gobierna la derecha, también sean de cuatro años”, se despidió de la prensa de vuelta a Madrid con una frase enigmática hablando de elecciones: “La realidad es muy dinámica”. Y tanto.

