El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido mantener en sus puestos a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya imputado a ambos en el ‘caso Leire Díez’ por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Los dos están citados a declarar el próximo 16 de julio.
“Seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la Justicia en todo lo que se les requiera”, trasladó el Ministerio del Interior tras conocerse la decisión judicial, adoptada después de que tanto la Fiscalía como las acusaciones populares encabezadas por el PP reclamaran la imputación de la responsable política del Instituto Armado y de su máximo mando uniformado.
El respaldo ministerial contrasta con la posición de la mayoría de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que consideran la situación “insostenible” y han exigido la dimisión de ambos por el daño que, a su juicio, sufre la imagen de la institución.
Moncloa pide “tranquilidad”
En línea con lo expresado por Interior, fuentes de Moncloa apoyan a González y dan por hecho que ofrecerá “las explicaciones pertinentes ante la Justicia”, como consideran que ha venido haciendo desde que estalló el caso y como, subrayan, “demostró en su comparecencia en el Senado” del pasado 16 de junio.
Así, el mensaje que se quiere proyectar es de “tranquilidad”. “Total normalidad y transparencia porque no hay nada que ocultar”, apuntaron las fuentes oficiales. En Ferraz fueron más lejos: “Se le está imputado a la directora general, ella ha dicho por hacer unos cafés, que es muy diferente que reunirse y hacer trama como la Kitchen”, afirmó en Al Rojo Vivo Montse Mínguez, la portavoz del partido.
Pese al respaldo oficial, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el titular del Interior ofrecieron explicaciones públicas tras el nuevo revés judicial. Fue el 5 de junio, desde Montenegro, cuando el presidente defendió la profesionalidad y honestidad de González, aseguró que está haciendo un trabajo “muy positivo” al frente de la Guardia Civil y negó haber tenido conocimiento de las “andanzas” de Leire Díez, la exmilitante socialista conocida como la ‘fontanera’ del PSOE.
En resumen, la consigna de Moncloa pasa por resistir y que nadie caiga pese a los escándalos. Ocurre en el caso de Mercedes González pero también con el caso de la SEPI. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por ejemplo, apeló a la “prudencia en el ámbito institucional” tras la imputación de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y aseguró no apreciar “elementos de comportamiento irregular”.
El informe de la UCO
El origen de la imputación de la directora de la Guardia Civil está en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que desveló al menos tres reuniones entre González y Leire Díez. Tras negarlos en un primer momento, la directora general admitió dos encuentros, aunque fuera de dependencias oficiales. “No he tomado nunca ninguna medida contra ningún agente de la UCO ni de la Guardia Civil para alterar investigaciones que afecten al Gobierno”, declaró recientemente ante el Senado.
González sí reconoció que Díez le pidió en abril rehabilitar al comandante Rubén Villalba, detenido en el ‘caso Koldo’, una pretensión que rechazó y que comunicó a Marlaska, cosa que el ministro también negó públicamente en un primer momento.
Los investigadores, sin embargo, sostienen que la ‘fontanera’ se valió de su relación con la directora para actuar contra varios agentes. Fuentes confiesan que se debe respetar la presunción de inocencia. “Uno son los tiempos de la justicia y otros políticos, y hay presunción de inocencia”.
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