La oposición critica a menudo a Pedro Sánchez por iniciar la legislatura aceptando impulsar la ley de amnistía a los condenados por el procés, que rechazaba escasos días antes de las elecciones del 23 de julio de 2023, durante la campaña electoral. Sin embargo, una cesión previa, que también había sido rechazada por los socialistas años antes, se convirtió en la primera piedra del edificio de la investidura del presidente del Gobierno, que hoy ve particularmente agrietada esa mayoría.
Al inicio de agosto de ese año, poco más de una semana después de los comicios, Yolanda Díaz sorprendió reclamando reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados para permitir que los parlamentarios se expresasen en gallego, catalán y euskera en todas sus intervenciones -y escritos- en la Cámara Baja. Ya podían hacerlo en el debate de mociones en el Senado, y la entonces vicepresidenta segunda en funciones lo vendió como “un avance hacia un país que es plural y diverso”.
Meses después, Díaz también abriría camino al visitar al prófugo Carles Puigdemont en la sede del Europarlamento en Bruselas, cuando el líder de Junts todavía era eurodiputado. Aunque no lo explicitase en su programa, no fue sorpresivo que Sumar avalase permitir el uso de las lenguas cooficiales durante los plenos, en las sesiones de las distintas comisiones y en la confección de iniciativas escritas. Lo novedoso fue que el PSOE, que había votado en contra de una iniciativa similar en 2022, acabase votando a favor de modificar el Reglamento con estos fines.
Fue una exigencia de ERC y Junts a cambio de respaldar a Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja. Y permitió que PSOE y Sumar, las dos fuerzas del partido de coalición, se asegurasen la mayoría en la Mesa, el órgano de gobierno del Congreso. El 6 de septiembre, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG registraron la reforma. Sólo dos semanas después, el 19 de septiembre, y después de que pisaran a fondo el acelerador, el pleno presidido por Armengol aprobó esta reforma.
Casi en paralelo, pero con mucho menos éxito, discurrió la exigencia de Puigdemont para lograr que el catalán sea considerado cooficial en la UE. En octubre de 2025, cuando Junts daba por rotas las relaciones con el Ejecutivo, Alemania y España acordaron “abrir un diálogo” para que el catalán pueda lograr este estatus. A día de hoy no consta que el diálogo haya dado sus frutos.
La última vez que el Gobierno propuso debatir formalmente sobre la oficialidad de las tres lenguas fue en julio de 2025, ante el Consejo de Asuntos Generales. No ha vuelto a incluirse en el orden del día, porque no se da la unanimidad que se requiere para lograrlo.
El PSOE pasó de votar en contra con PP, Vox y Ciudadanos a impulsar esta reforma
Poco más de un año antes de este viraje, en junio de 2022, el PSOE votó junto al PP, Vox y Ciudadanos en contra de una iniciativa para permitir un uso generalizado de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. Su entonces portavoz, Héctor Gómez, adelantó el rechazo de su grupo a esta iniciativa antes siquiera de someterla a votación. Afirmó que es en el Senado donde “se tratan los aspectos de carácter de comunidad autónoma, de carácter territorial”, pero también las “sensibilidades en todos los ámbitos”.
Es el mismo partido que accedió a la exigencia de ERC de obligar a las plataformas audiovisuales como Netflix a destinar 15 millones de euros anuales a la producción en catalán y en otras lenguas cooficiales.
920.000 euros de coste anual
Con la reforma plenamente implementada, en 2025 el Congreso de los Diputados destinó casi 920.000 euros a costear los servicios de traducción, interpretación, transcripción y subtitulado al castellano de las intervenciones realizadas en lenguas cooficiales, tanto en los plenos como en las sesiones de las distintas comisiones parlamentarias. Supone una media de 76.600 euros mensuales, 17.700 a la semana y alrededor de 2.500 euros al día, informa Europa Press. 2025 es el primer año completo del que consta registro.
En la documentación remitida por el portal de Transparencia a EP consta que el Congreso destinó 660.359,92 euros a los servicios de interpretación en las 66 sesiones plenarias, dos reuniones de la Diputación Permanente y 285 comisiones celebradas ese año. Mayo fue el mes en el que más se disparó este gasto -101.041 euros- y agosto, casi sin actividad, el que menos: 4.260 euros.
Además de la partida destinada a la interpretación simultánea, el servicio que requiere de un mayor volumen de recursos es el de subtitulado al castellano -201.000 euros-. También consta el importe del trabajo de transcripción de intervenciones en lenguas distintas al español, -33.100 euros- y la traducción de textos e iniciativas, por valor de 24.700 euros.
En su día, Junts estimó que adaptar el Senado para poder utilizar estas lenguas costaría cerca de 950.000 euros anuales. Entonces, con el uso ya permitido, la Cámara Alta gastaba cerca de 355.000 euros al año.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.