Al igual que José Luis Ábalos, la estrategia de defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pasa por intentar encontrar fallas en el proceder de jueces y fiscales y tumbar el caso antes de la declaración de Julio Martínez Martínez, su amigo ‘Julito’, que tendrá que comparecer ante el juez José Luis Calama el próximo 21 de julio. Fuentes próximas al caso ven “muy plausible” que decida colaborar con la investigación y “contar todo lo que sabe”, algo que podría poner en un aprieto procesal a Zapatero.
El último recurso presentado por su abogado, Víctor Moreno, pide la nulidad de las actuaciones y el archivo del caso por “haberse violado derechos fundamentales”. Según fuentes jurídicas consultadas por Artículo14, su maniobra es “lo más efectivo” para intentar cerrar la causa. Si bien, otras fuentes aseguran que fue lo que intentó el exministro Ábalos durante todo su procedimiento y acabó sentenciado porque “cuando empiezas a buscar nulidades es que no tienes mucho margen para defenderte de lo que se te imputa”.
Así las cosas, el abogado de Zapatero considera que la reapertura de la causa que investiga el rescate a Plus Ultra está mal realizada. Resulta que el juzgado de instrucción 15 de Plaza Castilla archivó la causa provisionalmente porque se le olvidó prorrogar el plazo de instrucción. Meses después, la Fiscalía Anticorrupción, a petición de sus homólogos suizos y franceses, ordenó registros en las casas de los investigados. Con el contenido de lo incautado, el ministerio público quiso reabrir el caso dirigiéndose directamente al mismo juzgado porque consideró que los hechos eran conexos. Algo de lo que discrepa el letrado Moreno, que considera que “la denuncia tenía que haberse enviado a reparto y no teledirigirse”.
Por ello, considera que “se ha vulnerado el derecho al juez predeterminado por la Ley, reconocido en el art. 24.2 CE, y todas las resoluciones dictadas y diligencias de investigación acordadas han sido dictadas por quien carece de competencia, dicho sea con el debido respeto y en estrictos términos de defensa”, zanja el abogado de Zapatero.
Siguiendo con las críticas a la Fiscalía Anticorrupción, se queja también que el caso fuese enviado a la Audiencia Nacional. A su juicio, “no acaba de entenderse ese viaje” porque la mayoría de los nuevos investigados que aparecen son españoles. Critica además que el auto de inhibición es “parco” en explicaciones.
Carpeta crucial
Otra de las reclamaciones del abogado de Zapatero es que las órdenes de entrada y registro de los domicilios donde se incautaron de dispositivos móviles no se hicieron con todas las garantías. Y vuelve a hacer referencia a la misteriosa carpeta crucial, a la que asegura no haber tenido aún acceso, y que contendría conversaciones en las que se hacía referencia a Zapatero con el nombre de “zorro” o “z” por parte de Danilo Diaz granados, un empresario venezolano perseguido por blanqueo de capitales, y un abogado español, Miguel Palomero.
Por eso, pide que “se depure si la fuente de prueba y sus derivaciones fueron regularmente obtenidas”. Cree que no se puede reutilizar ese contenido de un requerimiento de órganos extranjeros para la causa de la Audiencia Nacional ya que se realizaron “con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero”.
De esta forma, la defensa de Zapatero intenta dar carpetazo a una causa que cada vez tiene más bloques de investigación. Empezó por las sospechas de su intermediación en el rescate de Plus Ultra, con una mordida de medio millón de euros. Siguió con el hallazgo de un ajuar de joyas valorados en 2,3 millones de euros. Y, por último, tras la incautación del móvil de Gertrudis Alcázar, se ha descubierto una presunta intermediación con el Gobierno de Bolivia para salvar de un problema judicial a una compañía a cambio de 200.000 euros.
El escrito es muy crítico con la Fiscalía Anticorrupción, a cuya representante en el caso, Elena Lorente, no quiso contestar Zapatero en el curso de su declaración como investigado.
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