El mapa de los desahucios en España dibuja realidades muy diferentes dependiendo del territorio y, sobre todo, de la forma en la que se analicen los datos. Entre enero y marzo de 2026, los órganos judiciales practicaron 4.005 lanzamientos en todo el país, un 45,4% menos que durante el mismo periodo del año anterior. La caída es importante, pero detrás del dato nacional aparecen diferencias significativas entre comunidades autónomas.
Cataluña continúa concentrando el mayor número de procedimientos ejecutados, mientras que la Comunidad Valenciana encabeza la estadística cuando se pone el número de lanzamientos en relación con su población. El origen de los procedimientos también modifica por completo la clasificación: los impagos vinculados al alquiler tienen especialmente peso en territorio valenciano, mientras Cataluña lidera los lanzamientos procedentes de ejecuciones hipotecarias.
Los datos corresponden al primer trimestre de 2026 y constituyen la última actualización disponible del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El organismo contabilizó 4.005 lanzamientos entre enero y marzo, frente a los más de 7.300 registrados un año antes. Los derivados del impago del alquiler volvieron a ser mayoritarios: alcanzaron los 2.600 casos, el 64,9% del total, pese a reducirse un 53,9% en términos interanuales. Los relacionados con ejecuciones hipotecarias fueron 971, un 18,3% menos.
Cataluña concentra el 23% de los lanzamientos
En términos absolutos, el mapa de los desahucios en España tiene un territorio claramente destacado. Cataluña registró 921 lanzamientos durante los tres primeros meses de 2026, lo que representa aproximadamente el 23% de todos los practicados en el conjunto del país. Es decir, prácticamente uno de cada cuatro.
La Comunidad Valenciana aparece inmediatamente después, con 741 lanzamientos, mientras Andalucía contabilizó 616 y la Comunidad de Madrid, 582. Las cuatro comunidades acumulan conjuntamente alrededor de siete de cada diez procedimientos practicados durante el trimestre.
El tamaño de cada territorio, sin embargo, obliga a introducir una segunda variable. Cuando el número de lanzamientos se relaciona con la población, Cataluña deja de ocupar la primera posición. La Comunidad Valenciana registra 13,7 lanzamientos por cada 100.000 habitantes, la tasa más elevada entre las autonomías. Murcia aparece a continuación, con 12,5, mientras Cataluña se sitúa en tercera posición con 11,3.
Esta diferencia permite observar hasta qué punto un ranking puramente numérico puede esconder la incidencia real en cada territorio. Cataluña concentra muchos más procedimientos porque también dispone de una población considerable, mientras comunidades más pequeñas pueden presentar una presión proporcionalmente superior.
El alquiler explica casi dos de cada tres casos
La otra gran diferencia en los desahucios en España aparece al separar los procedimientos relacionados con el alquiler de los procedentes de una ejecución hipotecaria. Y aquí vuelve a cambiar el mapa.
De los 4.005 lanzamientos practicados durante el primer trimestre, 2.600 procedían de procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos. Representan prácticamente dos de cada tres casos registrados por los juzgados españoles durante esos tres meses.
La Comunidad Valenciana encabeza esta clasificación con 513 lanzamientos vinculados al alquiler, el 19,7% del total nacional de esta categoría. Cataluña registró 489; Madrid, 454; y Andalucía, 355. El dato sitúa el alquiler como el principal origen de los procedimientos en las grandes áreas urbanas y mercados residenciales más tensionados del país.
La fotografía cambia de nuevo cuando se observan exclusivamente los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias. Cataluña ocupa la primera posición con 217 casos, seguida muy de cerca por Andalucía, con 208. La Comunidad Valenciana contabilizó otros 158.
Además, otros 434 lanzamientos fueron consecuencia de causas diferentes al alquiler y las ejecuciones hipotecarias, un 13,4% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Menos desahucios ejecutados, pero más ejecuciones hipotecarias iniciadas
La fuerte caída de los desahucios en España durante el comienzo de 2026 presenta, sin embargo, una aparente contradicción. Mientras disminuye el número de lanzamientos que llegan a practicarse, aumenta con fuerza otro indicador judicial relacionado con la vivienda.
Entre enero y marzo se presentaron 7.194 nuevas ejecuciones hipotecarias, un 17,5% más que durante el primer trimestre de 2025. La cifra no equivale a otros tantos desahucios futuros —una ejecución hipotecaria no tiene necesariamente que terminar en lanzamiento—, pero muestra una evolución diferente de la observada en los procedimientos ya ejecutados.
También en este apartado Cataluña sobresale claramente. Durante el trimestre se presentaron allí 2.616 ejecuciones hipotecarias, el 36,36% de todas las registradas en España. Andalucía acumuló 1.293; la Comunidad Valenciana, 841; y Madrid, 564.
El contraste deja así dos movimientos simultáneos: los lanzamientos practicados disminuyen un 45,4%, mientras las ejecuciones hipotecarias presentadas aumentan un 17,5%. Se trata de fases judiciales diferentes y, por ello, no pueden compararse como magnitudes equivalentes, pero su evolución permite completar la fotografía del comienzo de 2026.
Qué mide realmente la estadística de los desahucios
Existe además una precisión importante para interpretar los datos. El CGPJ utiliza técnicamente el término “lanzamiento”, aunque habitualmente se hable de desahucios en España. Un lanzamiento constituye la ejecución judicial del desalojo de un inmueble, pero no todos afectan necesariamente a una vivienda habitual: las estadísticas judiciales pueden incluir también otros bienes inmuebles.
Por este motivo, las cifras permiten medir con precisión la actividad de los órganos judiciales, pero no deben interpretarse automáticamente como el número exacto de familias expulsadas de su residencia habitual.
El contexto legal también influye sobre la estadística. El Real Decreto-ley 2/2026 mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 determinadas medidas extraordinarias que permiten suspender procedimientos de desahucio y lanzamientos de hogares económicamente vulnerables sin alternativa habitacional cuando se cumplen los requisitos establecidos por la normativa.
La regulación aprobada este año introdujo además cambios en la protección de los propietarios. En los procedimientos derivados del alquiler, la suspensión no continúa cuando debe prevalecer la situación de vulnerabilidad del arrendador o cuando este es titular de dos o menos viviendas. En otros supuestos de ocupación sin título, la protección extraordinaria está sometida a condiciones distintas y a la valoración del juez.
El comienzo de 2026 deja, por tanto, una fotografía compleja. Los desahucios en España caen con intensidad respecto al año anterior, pero la distribución territorial muestra fuertes diferencias. Cataluña concentra prácticamente uno de cada cuatro lanzamientos; la Comunidad Valenciana registra la mayor incidencia en relación con su población y encabeza los procedimientos procedentes del alquiler; y, al mismo tiempo, las nuevas ejecuciones hipotecarias aumentan en el conjunto del país.