La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) restó importancia al incremento del caudal en el barranco del Poyo el día de la dana. Así lo declaró ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la tragedia el segundo comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que compareció como testigo. Se trata de Salvador Ramón Blas, quien afirmó que el organismo estatal presidido por Miguel Polo trasladó en el Cecopi que el aumento del caudal “no era preocupante”.
El mando de la UME explicó que durante la reunión del Cecopi —desde donde las autoridades coordinaban la emergencia— “no se comentó que hubiera problemas con los caudales”. “Indicaron que el caudal del Poyo estaba subiendo, pero sin que generara preocupación”, reiteró el testigo.
El comandante añadió que “no existía inquietud por parte de la CHJ” cuando intervino en los primeros minutos del Cecopi, alrededor de las 17.00 horas. Precisamente en esa franja horaria el caudal del barranco del Poyo —que más tarde se revelaría letal al provocar gran parte de las 230 víctimas mortales— comenzó a aumentar con rapidez. En una nota de prensa del 4 de noviembre de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica señaló que “a partir de las 17.00 horas se detecta un aumento brusco del caudal del barranco del Poyo”, hasta el punto de que “a las 17.30 horas alcanza el mismo nivel de aforo que motivó la alerta emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana al mediodía”.
“Apagón informativo”
Pese a ello, la CHJ no comunicó por correo electrónico a Emergencias de la Generalitat el desbordamiento del barranco hasta las 18.43 horas. A este dato se aferran los investigados Salomé Pradas y Emilio Argüeso —así como la propia Generalitat— para sostener que se produjo un “apagón informativo” por parte de la CHJ durante las horas más críticas de la dana, una tesis que no comparte la jueza Nuria Ruiz Tobarra.