El Gobierno ha aprobado la creación de 500 nuevas plazas judiciales, la mayor ampliación de la planta hasta la fecha. De ellas, 368 se incorporarán a los tribunales de instancia, la estructura en la que se integran las secciones especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia. Solo una reforzará esta materia: una segunda plaza para Madrid.
La cifra no supone la apertura de un nuevo órgano ni amplía la red territorial. Refuerza una sección que ya existe. No habrá nuevas secciones especializadas en Sevilla, Burgos ni en ningún otro partido judicial, pese a que los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Castilla y León habían solicitado expresamente su creación.
La decisión deja intacto el principal problema de esta jurisdicción, que la posibilidad de que una niña, un niño o un adolescente reciba una atención judicial adaptada depende todavía del lugar en el que vive. En la mayoría del país, las víctimas seguirán llegando a juzgados de instrucción ordinarios, no a órganos diseñados específicamente para investigar violencia contra menores.
Save the Children y juristas expertas en infancia consideran que la ampliación ha dejado pasar una oportunidad excepcional. La organización recuerda que las secciones especializadas no solo concentran asuntos. Están llamadas a incorporar formación continuada, coordinación con equipos psicosociales, medidas de protección adaptadas a la edad y herramientas para evitar que las víctimas tengan que repetir su relato durante el proceso.
Una plaza más, ninguna sección nueva
“Reforzar Madrid es una buena noticia, pero ampliar la dotación de todo el país en una sola plaza es claramente insuficiente para garantizar que todos los niños y niñas víctimas de violencia reciban una atención adaptada a sus necesidades a lo largo de todo el proceso judicial”, señala Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children.
Actualmente existen secciones especializadas en Madrid, Barcelona y Málaga. La nueva plaza permitirá que Madrid cuente con dos jueces o juezas para asumir estos procedimientos, pero el mapa no cambia: la especialización seguirá concentrada en los mismos territorios.
Desde que el Ministerio de Justicia anunció la ampliación, Save the Children había reclamado que una parte de las plazas se destinara a crear nuevos órganos especializados en los partidos judiciales con mayor volumen de asuntos. El TSJ de Andalucía pidió una sección de violencia contra la infancia y la adolescencia en el Tribunal de Instancia de Sevilla. El TSJ de Castilla y León hizo lo mismo para Burgos. Ninguna de esas peticiones ha sido atendida.
Juristas especializadas en infancia y adolescencia, coinciden en que “ciertamente se desaprovecha una oportunidad de expansión de la jurisdicción especializada en violencia contra la infancia en los partidos con mayor volumen de asuntos”.
Señalan que no existía un obstáculo técnico para crear nuevas secciones. “El propio BOE muestra cómo, allí donde se ha querido, se han creado secciones muy específicas —mercantil, social, violencia sobre la mujer, vigilancia penitenciaria—, de modo que nada impedía replicar ese patrón para infancia”, sostiene.
Una respuesta adaptada para evitar la revictimización
La especialización no es solo una cuestión de número de jueces. Los procedimientos de violencia contra la infancia exigen adaptar las declaraciones a la edad de la víctima, evitar que tenga que repetir un relato traumático y coordinar la investigación con servicios de protección, medicina forense, fiscalía y equipos psicosociales.
La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada en 2021, prevé precisamente una respuesta judicial especializada tanto en el ámbito penal como en el civil. Cinco años después, ese modelo sigue sin desplegarse de forma efectiva.
En 2024 se registraron 62.247 denuncias por delitos contra niños, niñas y adolescentes en España, según los datos difundidos por Save the Children. Son los casos que llegaron al sistema. La organización advierte de que una parte de la violencia, especialmente la sexual, nunca se denuncia o tarda años en aflorar.
La entidad sostiene que ampliar la justicia especializada no solo mejoraría la atención de los casos que ya se investigan. También podría ayudar a que aparezcan violencias que hoy permanecen ocultas, como ocurrió con el despliegue de los juzgados de violencia sobre la mujer.
Una justicia distinta según la edad de la víctima
La desigualdad se aprecia con especial claridad en los delitos sexuales. Desde octubre de 2025, los juzgados de violencia sobre la mujer asumen la instrucción de todos los delitos contra la libertad sexual cometidos contra mujeres, aunque el agresor no sea pareja o expareja. La reforma parte de que estos procedimientos requieren formación específica, perspectiva de género y experiencia continuada.
Pero esa garantía no está asegurada cuando la víctima es menor de edad. Si una adolescente, una niña o un niño denuncia una agresión sexual y en su partido judicial no existe una Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, será un juzgado de instrucción ordinario el que investigue los hechos.
El Tribunal Supremo fijó en enero de este año que los delitos cometidos exclusivamente contra personas menores de edad corresponden a las secciones especializadas en infancia cuando estas existen. Cuando no las hay, los juzgados de instrucción asumen los asuntos de forma subsidiaria para evitar que queden sin órgano competente.
Esa solución subsidiaria es hoy la habitual en gran parte del país. La nueva plaza de Madrid mejora la capacidad de una sección ya existente, pero no resuelve la carencia estructural: tras la mayor ampliación judicial hasta la fecha, la justicia especializada para la infancia sigue siendo residual.
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