En Andalucía, la violencia de género vuelve a situarse en el centro de una batalla política. No solo por el número de mujeres asesinadas que acumula la comunidad, sino porque una parte de las competencias relacionadas con su atención y valoración quedará bajo la responsabilidad de Vox tras el acuerdo alcanzado con el Partido Popular para formar Gobierno. La decisión ha provocado una oleada de críticas, pero entre las asociaciones que trabajan directamente con víctimas hay una preocupación que va más allá de las siglas: qué servicios se mantendrán, quién los gestionará y, sobre todo, si estarán en manos de profesionales especializados.
El nuevo reparto del Ejecutivo andaluz sitúa al vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, de Vox, al frente de las competencias “relativas a violencia de género que guarden relación directa con la Administración de Justicia”.
Entre las áreas afectadas se encuentran las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, encargadas de realizar valoraciones fundamentales dentro de los procedimientos judiciales y de analizar el riesgo y las circunstancias de las víctimas. Son estructuras en las que intervienen profesionales de distintos ámbitos y cuyo trabajo puede resultar determinante en la toma de decisiones judiciales.
La polémica adquiere una dimensión especial en una comunidad que soporta una de las mayores cargas de violencia machista de España. Andalucía acumula 290 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003 y, en lo que va de 2026, suma nueve víctimas mortales, la cifra más elevada entre las comunidades autónomas.
Una decisión que provoca rechazo político
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido una de las voces más contundentes contra el acuerdo. “La atención a las víctimas de violencia de género en manos de quienes la niegan. 290 mujeres han sido asesinadas en Andalucía desde 2003. Esto es una irresponsabilidad”, afirmó en redes sociales.
Pero entre quienes llevan años acompañando a mujeres víctimas el debate no se reduce necesariamente a una cuestión partidista. María Martín, presidenta de la Asociación de Mujeres La Volaera, introduce un matiz que considera fundamental: que las competencias estén bajo una consejería dirigida por Vox no implica, por sí mismo, que la atención vaya necesariamente a empeorar. “A nosotras, a las víctimas, no nos interesan equipos o servicios que no funcionen o que funcione mal”.
El problema, más allá de las siglas
Para La Volaera, la prioridad no debería ser quién aparece en el organigrama, sino qué profesionales trabajan en los servicios destinados a atender a las víctimas. Martín reivindica estructuras públicas dotadas de especialistas y reclama que quienes intervienen en estos procesos tengan formación y experiencia específica en violencia de género.
“Nosotros lo que queremos son servicios públicos, con profesionales, por oposición, con actitudes y aptitudes”, sostiene. Y pone el foco en una realidad que, según explica, muchas víctimas sufren durante sus procesos: la sucesión de organismos, equipos y profesionales por los que deben pasar.
“Todo el mundo se pone a hablar de violencia de género, pero la mayoría no tienen ni idea de lo que es la violencia de género y de la tortura institucional que pasa una víctima al tener que verse sometida por tantas estructuras”, denuncia. Su crítica tampoco se dirige únicamente a la nueva estructura. Martín considera necesario revisar los servicios que ya existen, independientemente de quién gobierne. “Hay que evaluar los servicios actuales y saber qué es lo que están haciendo”, defiende.
En ese análisis se incluye también la externalización de determinados servicios. La presidenta de La Volaera cuestiona que se acumulen estructuras gestionadas mediante empresas cuando existen profesionales y servicios públicos que podrían asumir determinadas funciones. “Estructuras sobre estructuras con empresas, ¿para qué sirven? Esa es la pregunta”, plantea.
La incógnita: qué hará Vox con los servicios
Precisamente ahí se encuentra una de las grandes incógnitas que deja abierta el nuevo reparto de competencias. Martín señala que todavía habrá que conocer qué estructuras pretende modificar el nuevo departamento, qué presupuesto destinará a ellas y qué ocurrirá con determinados equipos.
Entre ellos menciona los equipos psicosociales, cuya gestión podría verse afectada por las decisiones del nuevo Gobierno, aunque reconoce que todavía no existe información suficiente para saber qué cambios concretos se producirán. Las Unidades de Valoración Integral cuentan, además, con funcionarios de carrera, por lo que su situación no es equiparable a la de otros servicios externalizados.
“Lo que habría que hacer es conocer cuáles son sus competencias, qué estructuras van a mover o cuánto dinero van a dar a las licitaciones”, apunta Martín. La asociación, por tanto, no anticipa que la llegada de Vox vaya a traducirse necesariamente en un empeoramiento de la atención. La preocupación está en otro punto: cualquier reforma que se haga sin la especialización correspondiente a las víctimas, es una cuestión secundaria.
En una comunidad que encabeza las cifras de asesinatos machistas en 2026 y que acumula casi tres centenares de mujeres asesinadas desde que comenzaron los registros estatales, el margen para experimentar es limitado.
La pregunta que queda ahora sobre la mesa no es únicamente quién gestionará estas competencias, sino qué hará con ellas. Porque, para las asociaciones que acompañan a las víctimas, cambiar una estructura solo tendrá sentido si el resultado final es un sistema público, especializado y capaz de evitar que una mujer tenga que enfrentarse, además de a la violencia sufrida, a otra cadena de obstáculos institucionales.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.