Cuando se habla de un Punto Violeta, la imagen suele ser sencilla; una carpa en una fiesta popular, un espacio identificado con el color morado o un lugar donde cualquier mujer que se sienta en peligro pueda encontrar ayuda. Sin embargo, detrás de ese símbolo hay un debate mucho más profundo. Para María Martín, presidenta de la Asociación de Mujeres La Volaera, el verdadero problema no está en la existencia de estos espacios, sino en la forma en la que se han desarrollado y gestionado en los últimos años.
Cuando sensibilizar deja de ser suficiente
Desde hace más de veinte años, La Volaera trabaja acompañando a mujeres víctimas de violencia machista. Esa experiencia, acumulada a través de cientos de historias de vida, ha llevado a la asociación a observar con preocupación cómo una herramienta que nació para reforzar la protección de las mujeres ha terminado, en muchos casos, alejándose de su finalidad inicial.
Martín sostiene que el avance de las políticas públicas en materia de igualdad es indiscutible, pero advierte de que algunas decisiones administrativas están generando el efecto contrario al deseado. “Hemos visto cómo las políticas públicas han avanzado en muchos aspectos, pero también cómo algunas decisiones administrativas están debilitando la calidad de la atención que reciben quienes más necesitan un sistema sólido, especializado y comprometido”, afirma.
La diferencia entre informar y proteger
Su crítica se centra en el modelo de gestión que, según denuncia, se está implantando en numerosos territorios al amparo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La presidenta de La Volaera recuerda que los Puntos Violeta nacieron con un objetivo claro: Acercar recursos de información, prevención, sensibilización y primera atención a las mujeres. Sin embargo, considera que con el paso del tiempo ese concepto se ha ido diluyendo hasta convertirse en una fórmula aplicada de manera desigual.
Para Martín, el problema aparece cuando la atención especializada queda en un segundo plano. “Hoy encontramos su gestión en manos de empresas privadas, asociaciones, fundaciones e incluso establecimientos de ocio nocturno y locales de copas que se adhieren a campañas de sensibilización”, explica. Una realidad que, a su juicio, puede transmitir una falsa sensación de seguridad si no existe detrás un equipo preparado para intervenir ante una situación de violencia machista.
La alternativa: una red pública de espacios seguros
La presidenta de La Volaera insiste en que sensibilizar y atender no son sinónimos. Considera positivo que cada vez más entidades quieran implicarse en la lucha contra la violencia contra las mujeres, pero advierte de que ese compromiso no puede sustituir a una intervención profesional. “Toda iniciativa que contribuya a rechazar la violencia machista es positiva. Sin embargo, no podemos confundir un espacio de sensibilización con un recurso especializado de atención.”
Su reflexión parte de una idea sencilla, una mujer que acaba de sufrir una agresión no necesita únicamente un lugar visible, sino profesionales capaces de actuar con rapidez, conocimiento y sensibilidad. “La violencia machista no admite improvisaciones. No es un servicio cualquiera”, sostiene. A partir de ahí, enumera las competencias que, en su opinión, deberían ser imprescindibles para cualquier persona que atienda estos espacios: formación especializada, experiencia acreditada, perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y un conocimiento profundo de los protocolos de actuación.
Más que cuestionar a las personas que actualmente colaboran en los Puntos Violeta, Martín dirige su mirada hacia el modelo que los sostiene. Cree que la fragmentación de la gestión ha terminado generando importantes diferencias entre unos territorios y otros, hasta el punto de que la calidad del servicio puede depender de quién resulte adjudicatario de un contrato o de la capacidad de una entidad concreta para mantener un equipo especializado.
Una cuestión de derechos, no de contratos
Por eso, la Asociación La Volaera plantea una alternativa que va mucho más allá de modificar el funcionamiento de los actuales Puntos Violeta. Su propuesta pasa por crear una Red Profesional Pública de Espacios Seguros para las Mujeres, plenamente integrada en los servicios públicos y coordinada entre todas las administraciones.
La idea consiste en que esos espacios formen parte de la vida cotidiana de las mujeres y no aparezcan únicamente durante fiestas o grandes eventos. Centros de salud, farmacias, institutos, universidades, centros de Formación Profesional, servicios sociales o centros cívicos serían algunos de los lugares donde esa red tendría presencia permanente. A ello se sumarían dispositivos especializados en festivales, conciertos y celebraciones multitudinarias, donde también se producen situaciones de acoso y agresiones sexuales.
“Las mujeres, independientemente de nuestra edad, origen, situación económica o lugar de residencia, debemos saber que existe una red pública visible, accesible y permanente donde podamos acudir con la certeza de que seremos escuchadas, protegidas y acompañadas por profesionales cualificadas”, defiende.
La propuesta también pone el foco en el destino de los recursos públicos. Martín considera que la lucha contra la violencia machista no debe convertirse en un espacio donde prime la contratación externa frente al fortalecimiento de los servicios públicos. “Los fondos públicos destinados a combatir la violencia contra las mujeres deben servir para fortalecer los servicios públicos, consolidar equipos multidisciplinares estables y garantizar una formación especializada, continua y evaluable”, afirma.
Lejos de cuestionar el compromiso de quienes participan en campañas de sensibilización, la presidenta de La Volaera insiste en que su crítica se dirige exclusivamente a un modelo que, en su opinión, “diluye la especialización y confunde sensibilización con atención profesional”.
Su mensaje final resume la filosofía que, desde hace más de dos décadas, guía el trabajo de la asociación. Para María Martín, la violencia machista constituye una vulneración de los derechos humanos que exige respuestas públicas, estables y altamente profesionalizadas. Porque, sostiene, la seguridad de las mujeres no puede depender de soluciones improvisadas, sino de una red permanente capaz de responder cuando más se necesita. Solo así, concluye, cualquier mujer podrá tener la certeza de que, esté donde esté, siempre encontrará un espacio verdaderamente seguro al que acudir.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.