La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 11 años y medio de prisión a Antonio P.C., capitán del Ejército de Tierra, por el asesinato de su esposa, Leticia T.C., ocurrido en noviembre de 2023 en el domicilio familiar de Puente de Vallecas. La resolución judicial, que puede ser recurrida, considera probado que el acusado estranguló a la víctima en presencia de su hija de tres años.
La sentencia sigue la línea marcada por el veredicto emitido por un jurado popular, que declaró al procesado culpable de un delito de asesinato. El tribunal fija una pena de 11 años de cárcel por este delito al apreciar una eximente incompleta derivada de un trastorno mental, además de las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño.
El magistrado también condena a Antonio P.C. a seis meses de prisión por las lesiones psíquicas causadas a la menor que presenció los hechos. A ello se suman diez años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de sus hijos durante 13 años y la obligación de indemnizar a los familiares de la víctima con un total de 500.000 euros.
Los hechos ocurrieron el 25 de noviembre de 2023, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según recoge la resolución, la familia había pasado la jornada en un zoológico junto a los padres de Leticia. Tras regresar a casa, y ya sin la presencia de los suegros, se produjo el ataque mortal.
La sentencia sostiene que el acusado actuó de manera sorpresiva y que la víctima no tuvo posibilidad de defenderse, circunstancia que permite apreciar la alevosía y calificar los hechos como asesinato. El tribunal considera acreditado que la causa de la muerte fue el estrangulamiento y descarta que el fallecimiento estuviera relacionado con una atención médica inadecuada.
Aunque el jurado no consideró suficientemente probado que la intención de divorciarse manifestada por la víctima fuera el motivo directo de la agresión, el fallo sí reconoce las agravantes de parentesco y discriminación por razón de género. No obstante, la pena impuesta resulta inferior a la solicitada por la Fiscalía, la acusación particular y la Comunidad de Madrid, que reclamaban 20 años de prisión por el asesinato.
La resolución también subraya el impacto psicológico sufrido por la hija mayor de la pareja, que presenció los hechos. El juez considera que las consecuencias emocionales derivadas de aquella experiencia pueden prolongarse en el tiempo. Asimismo, destaca que el acusado avisó a los servicios de emergencia tras lo ocurrido, colaboró durante la investigación policial y consignó más de 287.000 euros para hacer frente a las indemnizaciones, elementos que han sido tenidos en cuenta para aplicar las atenuantes reconocidas en la sentencia.
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