Se habrán enterado. Sobre Elisa Mouliaá pesa una orden de detención. Y quizá se pregunten, ¿pero no fue precisamente la actriz quien denunció a Íñigo Errejón por agresión sexual? ¿Qué ha ocurrido para que, año y medio después, sea ella a quien persigue la justicia?
La clave para entender qué está pasando es utilizar algo tan sencillo y tan básico como la perspectiva de género. Porque la violencia machista y la violencia sexual no pueden analizarse como cualquier otro conflicto entre dos partes enfrentadas. Décadas de investigación, experiencia judicial y trabajo con víctimas han permitido identificar dinámicas específicas de estas violencias, así como sus consecuencias psicológicas, sociales y económicas.
La importancia del contexto
No podemos entender la realidad ni analizarla desde una pretendida neutralidad. La perspectiva de género no consiste en renunciar a la imparcialidad, sino en incorporar al análisis ese conocimiento acumulado durante años. Del mismo modo que nadie estudiaría hoy un caso de violencia de género como se hacía hace medio siglo, tampoco puede analizarse una denuncia de violencia sexual ignorando las dinámicas de poder, las secuelas psicológicas o la violencia institucional que están ampliamente documentadas.
La jurista, investigadora y experta María Naredo cree que ahí reside precisamente uno de los principales problemas de este caso y considera que no se pueden analizar por separado la querella por calumnias presentada por Errejón, las dificultades de Mouliaá para comparecer, la negativa a permitirle declarar por videoconferencia o la orden de detención dictada esta semana. Vista en conjunto, la secuencia resulta perfectamente reconocible para quienes llevan años trabajando con víctimas.
Naredo recuerda, además, que las reticencias de la actriz para acudir al juzgado no surgieron de la nada. Llegaron después de meses y meses de exposición pública y odio continuo en redes, del revictimizante interrogatorio al que fue sometida por el juez Adolfo Carretero y de un escrutinio constante sobre su credibilidad.
Analizar su negativa a comparecer sin tener en cuenta ese contexto equivale a empezar el último capítulo sin leer los anteriores. Y esa mirada fragmentada aumenta el riesgo de que las instituciones acaben reproduciendo parte de la violencia que deberían combatir.
“Si pide declarar por videoconferencia porque está trabajando fuera, ¿por qué no puede hacerlo?”
Lo cierto es que la situación en la que se encuentra Mouliaá la experimentan miles de mujeres que se atreven a denunciar a agresores. Es casi de manual. Juristas y expertas en violencias machistas alertan desde hace tiempo de una realidad casi desconocida, pero habitual. Porque pocas cosas resultan ya tan previsibles para quienes trabajan con víctimas como la interposición, por parte de sus agresores, de una contradenuncia.
Las llamadas madres protectoras llevan años denunciando dinámicas similares. Mujeres que, tras alertar de posibles situaciones de violencia o abuso contra sus hijos, terminan inmersas en procedimientos judiciales que desplazan la atención desde los hechos inicialmente denunciados hacia ellas mismas.
Parece historia antigua, pero Errejón dimitió tras la publicación de varios testimonios anónimos donde se le acusaba de violencia sexual en la página de Instagram de Cristina Fallarás. Antes siquiera de que Mouliaá le denunciase.
La periodista y escritora cree que es “muy preocupante que quien se está convirtiendo en la acusada sea precisamente quien señala al agresor“. “Si Elisa Mouliaá pide declarar por videoconferencia porque está trabajando fuera, ¿por qué no puede hacerlo? ¿Por qué le están poniendo problemas?”, se pregunta.
La comunicadora interpreta todo lo que está ocurriendo como parte de un proceso de disciplinamiento que va mucho más allá de la propia actriz. En su opinión, el caso no solo afecta a Mouliaá, sino también a las miles de mujeres que observan lo que está ocurriendo. Víctimas que han sufrido una violencia, que se plantean denunciarla o que un día tendrán que decidir si dan ese paso. Porque cuando quien señala a un agresor acaba convertida en la acusada, el mensaje funciona como un auténtico aviso a navegantes. Una forma de aleccionamiento sobre las consecuencias que puede tener sostener públicamente una acusación.
“Hay que cerrar apoyos con aquella que se atreve a poner el cuerpo”
Fallarás cuestiona además la idea de la denuncia como garantía de amparo cuando tantas víctimas describen una experiencia muy distinta. Mujeres que acuden a los tribunales buscando protección y terminan viéndose arrastradas a nuevos procedimientos, obligadas a defenderse o convertidas ellas mismas en objeto de sospecha.
Por eso describe esta situación como un auténtico “cepo”. Un mecanismo que, lejos de proteger, puede acabar volviéndose contra quien decidió acusar.
De ahí la importancia que concede a acompañar a Mouliaá. “Hay que cerrar apoyos con aquella que se atreve a poner el cuerpo”. Porque, advierte, “si se queda sola y si la dejamos sola, nadie más lo hará”.
Y quizá ahí resida precisamente la cuestión de fondo. No en determinar si Mouliaá debió o no comparecer ante el juzgado, sino en preguntarnos qué ocurre cuando todos los focos terminan apuntando hacia la víctima mientras la denuncia por agresión sexual desaparece del centro del debate. Porque perder de vista ese contexto es, precisamente, la forma más rápida de dejar de entender lo que está ocurriendo.
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