España es uno de los países con la legislación más avanzada para combatir la violencia de género. Hace más de veinte años aprobó una ley pionera, ha reforzado el Pacto de Estado, ha creado juzgados especializados, sistemas de protección policial, recursos de atención y protocolos de actuación. Sin embargo, Victoria Rosell y Miguel Lorente, ambos exdelegados del Gobierno contra la Violencia de Género, plantean una pregunta incómoda: ¿y si el problema no está solo en cómo funciona el sistema, sino en cómo lo hemos enfocado? ¿Y si llevamos dos décadas intentando combatir la violencia machista desde el lugar equivocado?
Lorente es tajante. En su opinión, el sistema, tal y como está diseñado, nunca va a funcionar. La razón es sencilla: está construido sobre una excepción, la denuncia de la víctima.
“La denuncia es la UCI del sistema”
El médico forense advierte que al cruzar los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer con las estadísticas judiciales, apenas alrededor del 9 % de las víctimas presenta una denuncia. Dicho de otro modo: el sistema se activa para una minoría, mientras la inmensa mayoría de las mujeres que sufren violencia machista nunca llega a entrar en ese circuito institucional.
Para explicarlo, Lorente recurre a un ejemplo muy gráfico. Durante la pandemia nadie habría concebido una estrategia sanitaria basada únicamente en la atención hospitalaria. “La denuncia son los hospitales”, resume. Porque un sistema de salud no se sostiene solo sobre las UCI o los servicios de Urgencias, también necesita prevención, atención primaria, detección precoz, confinamiento, el rastreo de contactos o las campañas de vacunación y de información. Con la violencia de género, explica, ocurre justo lo contrario. Hemos construido buena parte de la respuesta institucional esperando a que la mujer llegue a la “UCI” del sistema: la comisaría o el juzgado.
El ejemplo del secuestro
Pero, para una mujer que quiere salir de una relación de violencia, ¿la denuncia es lo más importante? Rosell pone otro ejemplo: “Si estuvieras secuestrado por una banda criminal y durante cinco minutos cayera en tus manos un teléfono, ¿tu primer impulso sería llamar a la policía para denunciar o intentar salir de allí?” Eso es lo que ocurre con muchas mujeres que llevan años sufriendo violencia de género. Su prioridad no es denunciar, sino salir de esa situación: encontrar una vivienda, disponer de ingresos propios, acceder a atención psicológica, proteger a sus hijos e hijas o recuperar unas condiciones mínimas de autonomía que les permitan romper con el agresor. Solo después podrán acudir a una comisaría o a un juzgado. “Todo lo que se necesita para dar el paso tiene que ser previo. No puede ser posterior”, insiste.
Ambos creen que el error ha sido reducir la violencia de género a un problema que se activa cuando intervienen la policía y los juzgados. Lorente insiste en que también es un problema de salud pública y que, como cualquier otra enfermedad, requiere prevención, detección precoz e intervención antes de que la mujer llegue a una comisaría. Rosell recuerda que ese enfoque ya estaba en la Ley de 2004, concebida para dar una respuesta integral desde la educación, la sanidad, los servicios sociales, la autonomía económica o el acceso a la vivienda. Sin embargo, considera que con el paso de los años el sistema ha ido desplazando el foco hacia el proceso penal y el castigo del agresor, relegando buena parte de esa protección previa que debía permitir a las mujeres salir de la violencia antes incluso de denunciar.
Un proceso penal no está diseñado para salvar a una víctima
La magistrada recuerda que muchas mujeres llegan a una comisaría convencidas de que el sistema va a rescatarlas. Sin embargo, lo primero con lo que se encuentran es un proceso penal. Y un proceso penal no está diseñado para salvar a una víctima, sino para investigar un delito. Eso significa que su relato tendrá que ser contrastado, que deberá aportar pruebas cuando sea posible, responder a preguntas y someterse a un procedimiento cuyo objetivo no es protegerla, sino determinar si puede imponerse una condena. “Las mujeres creen que entran en un sistema de protección, pero en realidad entran en un sistema penal”, viene a explicar.
Si la denuncia no puede seguir siendo el punto de partida de toda la respuesta institucional, la prevención y la detección pasan a ocupar un lugar central. Rosell recuerda lo que ocurre cada verano con los incendios forestales. Los medios de comunicación se llenan de expertos que alertan del riesgo, explican cómo prevenir los fuegos, repiten qué conductas deben evitarse y analizan los factores que favorecen su propagación. Existe toda una cultura de la prevención. Sin embargo, cuando seis mujeres son asesinadas en pocos días, el debate vuelve a centrarse casi exclusivamente en lo que falló después: si había denuncia, si existía una orden de protección o qué hizo el juzgado. “No hablamos de prevención”, se lamenta.
La importancia de la prevención
Tampoco en las aulas, donde empieza todo. Rosell recuerda el caso de un joven de 20 años que recibió su primer curso sobre consentimiento e igualdad cuando ya estaba en prisión, cumpliendo condena por haber agredido sexualmente a su pareja mientras dormía. Para la magistrada, ese ejemplo refleja hasta qué punto la prevención sigue llegando cuando el daño ya se ha producido, en lugar de actuar antes, desde la infancia y la adolescencia.
Para Lorente, el sistema parte de una premisa equivocada: esperar que sea la víctima quien ponga en marcha toda la maquinaria institucional. “Sabemos que eso no funciona”.
La Macroencuesta de Igualdad lleva años reflejando las razones por las que muchas víctimas no denuncian. Hablan de miedo, de vergüenza, de la falta de alternativas o de la convicción de que nadie las va a creer. Si el propio sistema conoce esas barreras, se pregunta, ¿por qué sigue esperando que sean ellas quienes den el primer paso?
Detectar la violencia, la asignatura pendiente
La respuesta, explica, pasa por entender cómo la violencia transforma a quienes la sufren. No se puede exigir a una mujer que asuma toda la responsabilidad de activar la protección cuando vive inmersa en una relación que deteriora su salud física y emocional, afecta a su autoestima, altera su percepción de la realidad y condiciona su capacidad para tomar decisiones. “Si tú no abordas eso, las decisiones de las mujeres siempre van a estar influidas por esa situación que viven”, advierte.
“No terminamos de entender lo que significa la violencia de género“
Si las víctimas no denuncian, ¿cómo llegamos a ellas? Con la otra gran pieza del sistema, la detección. Para Lorente, ahí también está uno de los grandes fallos. Las mujeres que sufren violencia de género no viven aisladas. Acuden al centro de salud, pasan por urgencias, llevan a sus hijos e hijas al colegio, trabajan o recurren a los servicios sociales. “Las mujeres con violencia están en los servicios sanitarios, en los servicios públicos”, recuerda. Sin embargo, la violencia sigue sin identificarse. Todavía pesa la idea de que, si una mujer no denuncia, la situación no es lo suficientemente grave o pertenece al ámbito privado de la pareja. “No terminamos de entender lo que significa la violencia de género“.
Esa es, en realidad, la tesis que comparten ambos exdelegados: mientras la respuesta siga empezando en una comisaría y no mucho antes —en la escuela, en la sanidad, en los servicios sociales o en los recursos que permitan a las mujeres recuperarse—, España seguirá llegando tarde.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.