Quince días. Ese es el tiempo que, en la práctica, puede bastar para aprender a juzgar la violencia machista en España. Dos semanas para decidir sobre violencia sexual, trata, mutilación genital femenina, matrimonios forzosos y violencia de género en el ámbito de la pareja. Medidas de protección, evaluar riesgos y firmar resoluciones que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
En cambio, en otras jurisdicciones judiciales, ese mismo sistema exige meses de formación, experiencia previa y un recorrido mucho más largo. Pero aquí, no. Y la comparación con otras especialidades, lo van a ver, no es solo incómoda: es casi un chiste institucional que nadie parece querer asumir del todo.
Una especialidad formal no tratada como tal: ¿por qué?
“Porque a la violencia machista no nos lo acabamos de creer”, resume, contundente, María del Prado, magistrada y portavoz de Igualdad e Infancia de la asociación Jueces por la Democracia.
La frase es un diagnóstico y también una advertencia: la violencia machista es una especialidad formal, aprobada y exigida por Ley, pero no termina de ser tratada como tal en la práctica. En los juzgados. En aquellos lugares que velan, supuestamente, por esas víctimas que acuden pidiendo ayuda. Auxilio. Protección.
Artículo14 ha contrastado con fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el funcionamiento de los cursos de acceso a esta jurisdicción y su comparación con otras especialidades judiciales. ¿El resultado? Una estructura desigual- (¡sorpresa!) – donde la violencia sobre la mujer sigue atrapada en un modelo formativo ridículo e incompleto.
“Tenemos una Ley Integral desde 2004, un Estatuto de la Víctima de 2015, normativa europea, el Convenio de Estambul… y aun así no tenemos una formación especializada suficiente”, señala Del Prado.
La magistrada insiste en que el problema no es técnico, sino estructural: sin formación adecuada no hay perspectiva adecuada, y sin perspectiva adecuada se compromete la capacidad de detectar riesgo.
Un agravio formativo: años de preparación vs 2 semanas online
Fuentes consultadas por Artículo14 en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial explican que el sistema de especialización judicial en España sigue una estructura claramente jerarquizada. Primero, la oposición a la carrera judicial. Después, al menos dos años de ejercicio en juzgados generalistas. Y solo entonces el acceso a determinadas especialidades.
A partir de ahí, el itinerario no es breve.
En mercantil, contencioso-administrativo o social, hay que superar, de nuevo, otra oposición. Una prueba que, de media, se supera a los 3 o 5 años de estudiarse. Y ya entonces toca aprobar los cursos de especialización.
En estas tres especialidades tienen una duración mínima de alrededor de un mes, aunque pueden ampliarse según la promoción y el diseño académico. En algunos casos, estos programas son dirigidos por magistrados del Tribunal Supremo y combinan formación teórica con práctica intensiva.
En otras palabras: para gestionar conflictos empresariales complejos o recursos administrativos contra la Administración del Estado, el sistema exige meses de formación y un recorrido consolidado. Para eso, tiempo.
Pero cuando se trata de violencia machista, una de las jurisdicciones con mayor impacto directo sobre la vida de las víctimas, el modelo cambia radicalmente.
La excepción de la violencia machista
Según estas mismas fuentes del CGPJ consultadas por Artículo14, la violencia sobre la mujer se encuentra aún en un proceso de desarrollo incompleto dentro del sistema de especialidades, pese a estar plenamente operativa como jurisdicción específica desde hace años.
El argumento institucional es conocido: el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial durante cerca de cinco años habría impedido completar el diseño definitivo del sistema de especialización.
Una explicación que, traducida al lenguaje cotidiano, supone una especie de pausa prolongada en la que el sistema judicial habría quedado en stand by… también para cuestiones tan poco menores (entiéndase la ironía) como la formación de quienes deciden sobre situaciones de riesgo vital.
María del Prado: “No hay voluntad”
María del Prado es contundente al analizar esta situación. “No hay voluntad”, afirma. “Se han convocado especialidades nuevas en muy poco tiempo- como infancia-, pero en violencia sobre la mujer no”.
Lo cierto es que el CGPJ ha tenido ya un año para “regularizar” lo que admiten están haciendo mal, pero…aquí seguimos. Por eso, la magistrada subraya: no se trata de una dificultad técnica insalvable, sino de una decisión institucional. Qué se prioriza y qué no.
“Si esto se ha hecho en otras materias, también se puede hacer aquí”, insiste.
La crítica se vuelve especialmente relevante porque el bloqueo del CGPJ ya no es el argumento central que fue durante años. Con un Consejo renovado, la pregunta ya no es qué impidió avanzar, sino por qué no se está avanzando ahora.
El riesgo no es teórico
Más allá del debate institucional, el problema tiene traducción directa en los juzgados.
La violencia machista no es una materia jurídica convencional. Exige interpretar dinámicas de control, dependencia emocional, amenazas continuadas o violencia psicológica que no siempre dejan pruebas físicas evidentes.
“Sin formación adecuada no hay perspectiva adecuada”, insiste Del Prado. “Y sin perspectiva adecuada quizá no sabemos identificar situaciones de riesgo”.
Esa falta de identificación no es un problema abstracto. Se traduce en decisiones sobre medidas cautelares, órdenes de alejamiento o protección de víctimas.
Y en demasiados casos esas decisiones llegan tarde.
La coartada del sistema
Fuentes consultadas por Artículo14 recuerdan que todos los jueces deben superar formación obligatoria en perspectiva de género antes de acceder a sus destinos.
Pero esa garantía, en la práctica, es matizada por la propia María del Prado: “Son cursos muy básicos”.
Una formación obligatoria, breve y generalista que, según el sistema, funcionaría como una especie de certificación automática de sensibilidad judicial.
Como si unas horas de contenido pudiera servir de parche mientras se resuelve un problema que atraviesa décadas de jurisprudencia, sesgos y prácticas judiciales de cuestionable eficacia.
Una especialidad sin consolidar
La paradoja es evidente: España creó hace más de veinte años juzgados específicos de violencia sobre la mujer, pero todavía no ha terminado de construir su equivalente formativo. Más de dos décadas.
Y mientras otras especialidades judiciales se consolidan con procesos largos, exigentes y estructurados, esta sigue dependiendo de cursos breves y de un modelo en transición que dura ya más de seis años. Tela.
Un sistema que llega tarde
El resultado es una anomalía a la que ya no se le puede mirar de espaldas. Hablamos de una especialidad plenamente reconocida en la práctica, que sigue sin contar con un sistema formativo equivalente al de otras jurisdicciones.
El sistema, por ahora, mientras remata esas cuestiones “paralizadas” por la no renovación del CGPJ...considera que dos semanas pueden ser suficientes.
Y mientras tanto, las decisiones siguen tomándose. Algunas llegan a tiempo. Otras, evidentemente, no.
Porque recuerden a del Prado al inicio de esta conversación: “A la violencia machista no nos lo acabamos de creer”. Y ya lo ven: el sistema judicial, por ahora, parece que tampoco.
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