La Universitat de Barcelona (UB) presentará un recurso de apelación contra la resolución judicial que anuló la suspensión cautelar de empleo de M. S. , mano derecha del catedrático investigado por presunta coerción sexual a 14 de sus subordinadas a lo largo de tres décadas.
De forma paralela, la UB también ha iniciado la tramitación de una nueva medida cautelar en los mismos términos que la anterior, aunque adaptándola a las indicaciones recogidas por el juez. La universidad destaca que, siguiendo el criterio fijado en la resolución, en esta ocasión se ha concedido trámite de audiencia a la profesora antes de adoptar cualquier decisión, con el objetivo de corregir el defecto formal que motivó la anulación de la primera suspensión.
La resolución judicial considera que la suspensión cautelar acordada por el rectorado adolecía de un defecto de procedimiento, ya que la profesora no había sido escuchada previamente ni se había justificado de manera suficiente la urgencia que permitiera prescindir de ese trámite. Sin embargo, el juez no cuestiona la posibilidad de que la universidad adopte medidas cautelares, sino que entiende que estas deben respetar plenamente las garantías procesales previstas en el ordenamiento jurídico.
La sentencia anulaba, por tanto, la suspensión cautelar inicialmente acordada y condena a la Universitat de Barcelona al pago de las costas procesales. No obstante, la propia resolución admite la posibilidad de que la institución interponga un recurso y vuelva a iniciar el procedimiento respetando los requisitos formales exigidos por la legislación administrativa. Precisamente esa es la vía que la UB ha anunciado que seguirá de forma inmediata.
El caso se enmarca en la investigación interna abierta por la Universitat de Barcelona a raíz de las denuncias relacionadas con el entorno del antiguo grupo de investigación CREA y con el catedrático emérito que lo lidera. En ese contexto, la universidad decidió adoptar diversas medidas cautelares respecto a varias profesoras mientras avanzaban las actuaciones administrativas y las investigaciones correspondientes.
Tras la desaparición del grupo de investigación CREA, en diciembre de 2025, la Universitat de Barcelona puso el foco también sobre la etapa en la que M.S. estuvo al frente de esta estructura académica. Con anterioridad, el grupo había sido dirigido durante años por el catedrático emérito actualmente investigado. La universidad trata de determinar si M.S., que fue una de las personas de mayor confianza del profesor y posteriormente asumió la dirección del grupo, conocía las conductas denunciadas y si tuvo algún tipo de responsabilidad directa o participación activa en ellas.
La investigación interna se inició en septiembre de 2025, después de que once mujeres presentaran denuncias ante la universidad. Sus testimonios describían un funcionamiento basado, presuntamente, en relaciones de poder y dependencia prolongadas que habrían ido mucho más allá del ámbito estrictamente académico. Entre los hechos relatados figuran jornadas de trabajo de lunes a domingo, presión psicológica continuada, constante interferencias en la vida personal de las investigadoras, la asignación de tareas domésticas, solicitudes reiteradas de masajes y comentarios o insinuaciones de carácter sexual explícito. Varias denunciantes también explicaron que mantuvieron relaciones sexuales con el catedrático en un contexto marcado, según sostienen, por la desigualdad jerárquica, la asimetría y el control ejercido sobre ellas.
Para esclarecer los hechos, la UB constituyó una comisión formada por tres expertas independientes en psicología y violencia, que recabó los testimonios de las denunciantes y analizó de forma exhaustiva la documentación disponible. Finalizadas las actuaciones, la universidad acordó remitir el expediente completo a la Fiscalía Provincial de Barcelona, que desde entonces mantiene abierta una investigación para esclarecer plenamente los hechos y determinar si existen responsabilidades penales derivadas de las conductas denunciadas.
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