Las asociaciones de madres protectoras de toda España han convocado una concentración el próximo 19 de septiembre frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Madrid, para denunciar lo que consideran una forma de violencia institucional que, aseguran, sigue afectando a mujeres, niñas, niños y adolescentes cuando acuden a la Justicia en busca de protección.
Bajo el lema de que “cuando la Justicia falla en proteger, el daño cambia de escenario”, las organizaciones sostienen que la violencia no siempre termina con la presentación de una denuncia y advierten de que, en numerosas ocasiones, continúa dentro del propio sistema judicial a través de decisiones que, a su juicio, desoyen el riesgo, minimizan la violencia denunciada o revictimizan a quienes buscan amparo.
La Justicia, en el centro de la protesta
La movilización tendrá lugar el 19 de septiembre a las 12.00 horas frente al CGPJ y pretende visibilizar las consecuencias que, según denuncian las convocantes, tienen determinadas resoluciones judiciales sobre mujeres, niños y niñas víctimas de violencia.
En un comunicado, las asociaciones recuerdan que el acceso a la justicia constituye un derecho humano y sostienen que los procedimientos judiciales no pueden convertirse en una nueva fuente de desgaste, intimidación o desprotección para las víctimas. En su opinión, cuando esto ocurre, la respuesta institucional termina agravando el daño sufrido y compromete el derecho a una tutela judicial efectiva.
Reclaman más formación y mecanismos de control
Entre sus principales reivindicaciones, las entidades piden reforzar la formación especializada de jueces y del resto de operadores jurídicos en perspectiva de género, violencia contra las mujeres, violencia vicaria e infancia. También reclaman mejorar la evaluación del riesgo, evitar la revictimización durante los procedimientos judiciales, garantizar resoluciones suficientemente motivadas y fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas cuando existan indicios de vulneración de derechos fundamentales.
El comunicado incide especialmente en la protección de la infancia y recuerda que el interés superior del menor debe prevalecer en cualquier decisión que le afecte. Explican que escuchar a niños y niñas, valorar adecuadamente el riesgo y adoptar medidas de protección no constituyen decisiones discrecionales, sino obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos.
“La independencia judicial debe ir acompañada de responsabilidad”
Las asociaciones subrayan que la independencia judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho, pero consideran que debe ir acompañada de responsabilidad. Entienden que la protección de mujeres y menores no puede depender “del azar, de prejuicios o de interpretaciones estereotipadas”, sino que constituye una obligación jurídica del Estado.
Asimismo, defienden que el poder judicial tampoco debe quedar al margen del escrutinio público y sostienen que negar la posibilidad de que puedan producirse episodios de abuso de poder o vulneraciones de derechos dificulta su detección y corrección.
Con esta concentración, las madres protectoras buscan reclamar una Justicia que, según señalan en el manifiesto, garantice una protección efectiva de las víctimas y evite que las instituciones se conviertan en un nuevo espacio donde la violencia continúe ejerciéndose.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.