Violencia contra las mujeres

Reino Unido crea tribunales especializados para juzgar la violencia sexual

Las víctimas contarán con espacios separados de sus agresores, podrán declarar por videoconferencia y tendrán una persona de contacto durante todo el proceso judicial

El Gobierno británico prepara una reforma de los tribunales de Inglaterra y Gales con el objetivo de reducir el impacto que el proceso judicial tiene sobre las víctimas de violación y otros delitos sexuales graves. Durante los próximos dos años, todos los edificios de la Crown Court deberán contar con al menos una sala especializada para este tipo de procedimientos, dentro de un plan que también pretende acelerar unos juicios marcados actualmente por importantes retrasos.

El primer ministro, Andy Burnham, ha presentado las medidas como una respuesta a las deficiencias que durante años han denunciado víctimas y organizaciones especializadas. El dirigente laborista reconoció que las tasas de procesamiento por violación continúan siendo “vergonzosamente bajas” y que muchas personas deben esperar años antes de que su caso llegue a juicio.

“Esto no puede seguir así”, afirmó Burnham al anunciar una reforma con la que su Ejecutivo pretende “reequilibrar la balanza de la justicia y poner a las víctimas en primer lugar”.

Espacios separados para evitar el contacto con los acusados

El proyecto contará con una inversión aproximada de 23 millones de libras -unos 26,8 millones de euros-procedentes del presupuesto del Ministerio de Justicia. El objetivo es que los 84 edificios de la Crown Court existentes en Inglaterra y Gales dispongan de una sala adaptada para estos delitos antes de 2028.

Las modificaciones no se limitarán al lugar en el que se celebren las vistas. Siempre que las características de los edificios lo permitan, las víctimas tendrán entradas y salas de espera privadas, de manera que puedan permanecer separadas de los acusados antes y durante el procedimiento judicial.

También se reforzarán las posibilidades de participar sin encontrarse físicamente en la misma sala. Las víctimas podrán prestar declaración mediante videoconferencia desde otro espacio y tendrán instalaciones desde las que seguir determinados momentos del proceso de forma remota. Algunas de estas opciones ya existen, pero actualmente su disponibilidad no está garantizada en todos los tribunales.

En aquellos edificios donde resulte imposible realizar determinadas adaptaciones, el personal deberá buscar alternativas para mantener separados a víctimas y acusados, por ejemplo, mediante diferentes horarios de llegada o espacios distintos para prestar declaración.

Juicios con fecha fija para reducir la incertidumbre

Uno de los principales cambios afectará a la organización de los procedimientos. A partir de octubre, los procesos por violación y delitos sexuales graves recibirán una fecha fija para su celebración, en lugar de quedar incluidos en listas que permiten desplazarlos con poca antelación.

El Ejecutivo pretende así evitar aplazamientos que pueden prolongar durante meses una espera ya extensa. El atasco judicial es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la reforma: al finalizar marzo había 80.098 casos pendientes en la Crown Court. Según Rape Crisis England & Wales, 15.373 -alrededor del 19%- estaban relacionados con delitos sexuales.

Los datos sobre denuncias y procesamiento muestran además la dimensión del problema. Solo el 2,8% de las violaciones registradas por la Policía terminó en procesamiento durante el año que concluyó en marzo de 2024. Un estudio anterior de la Oficina Nacional de Estadística estimó que únicamente una de cada seis víctimas de violación o intento de violación había denunciado los hechos.

La reforma incorpora también formación específica sobre trauma para el personal judicial y un programa piloto mediante el cual cada víctima dispondrá de una única persona de contacto durante el procedimiento.

A ello se sumarán 43 millones de libras durante los próximos dos años para el fondo nacional de apoyo frente a la violación y los abusos sexuales. Estos recursos estarán destinados, entre otras actuaciones, a terapia, asesoramiento y programas de acompañamiento.

El reto para el Gobierno será, por tanto, que las nuevas instalaciones no solo cambien la experiencia dentro de los juzgados, sino que permitan que las víctimas puedan llegar a ellos sin tener que esperar años.

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