Andy Burnham llega a Downing Street en uno de los momentos más delicados de la política británica reciente. Su nombramiento como primer ministro no solo supone un relevo en el liderazgo laborista, sino también un intento por abrir una nueva etapa tras años de inestabilidad política, crecimiento económico insuficiente y un progresivo deterioro del nivel de vida de buena parte de la población. El gran interrogante es si el político que transformó el Gran Mánchester será capaz de trasladar ese modelo al conjunto del Reino Unido.
El reto al que se enfrenta es de enorme magnitud. En apenas una década, el país ha tenido siete primeros ministros y ha vivido las consecuencias del Brexit, una pandemia, una crisis energética internacional y una creciente fragmentación política.
Burnham hereda una economía debilitada. Aunque algunos indicadores mejoraron durante el último mandato laborista, las previsiones de crecimiento se han resentido tras las tensiones internacionales derivadas de los conflictos en Oriente Medio. La inflación continúa condicionando el poder adquisitivo de las familias y los costes de la vivienda y la energía siguen siendo considerablemente más elevados que antes de la pandemia. Todo ello limita el margen de maniobra de un Gobierno sometido, además, a estrictas reglas fiscales.

Las respuestas del nuevo premier
Su propuesta política pivota sobre una idea que ha defendido durante años desde Mánchester: la descentralización del poder. Burnham considera que el excesivo centralismo británico ha contribuido a ampliar las desigualdades territoriales y ha prometido transferir más competencias y recursos a las regiones. El objetivo es impulsar un crecimiento económico más equilibrado y evitar que la prosperidad siga concentrándose en Londres y el sureste de Inglaterra.
Sin embargo, la descentralización no es una fórmula mágica. Requiere financiación, tiempo y unas administraciones locales fortalecidas tras años de restricciones presupuestarias. El éxito de su denominado “manchesterismo”, basado en la colaboración entre inversión pública y privada, dependerá de su capacidad para adaptarlo a realidades económicas muy diferentes en el resto del país.
Otro de los pilares de su programa es la reindustrialización. Burnham apuesta por reforzar sectores considerados estratégicos, como la energía, la industria siderúrgica, la defensa o la producción alimentaria. El auge del proteccionismo económico en distintas potencias occidentales ha devuelto protagonismo al debate sobre la soberanía industrial, aunque es necesario apuntar que la principal fortaleza británica continúa encontrándose en los servicios avanzados y las industrias intensivas en conocimiento.
A ello se suma la necesidad de combatir el desempleo juvenil, especialmente preocupante entre quienes ni estudian ni trabajan. Más de un millón de jóvenes se encuentran actualmente en esta situación, una realidad que el nuevo primer ministro pretende abordar mediante una mayor apuesta por la formación técnica y la modernización del sistema de aprendizaje profesional.

Gobernar un Reino Unido dividido
En materia social, Burnham ha prometido impulsar el mayor programa de vivienda pública desde la posguerra y reforzar servicios insuficientemente financiados, como la asistencia social. También ha defendido un mayor control público sobre sectores esenciales como el transporte, el agua o la energía, aunque todavía no ha concretado el alcance de estas medidas.
La política exterior tampoco le concederá un periodo de adaptación. Deberá gestionar la relación con Donald Trump en Estados Unidos, mantener el compromiso británico con Ucrania y posicionarse ante los conflictos abiertos en Oriente Medio. Además, afrontará las crecientes presiones para incrementar el gasto en defensa hasta el 3,5 % del PIB durante la próxima década.
Por si fuera poco, Burnham tendrá que contener el avance electoral de Reform UK sin alejarse del electorado progresista que también observa con atención sus primeros pasos al frente del Ejecutivo.
Su llegada al poder simboliza una oportunidad para redefinir el rumbo del Reino Unido. Pero también evidencia las dificultades de gobernar un país que todavía busca su lugar político y económico diez años después del Brexit.
