Sin colegio, sin trabajo, sin voz: el plan talibán para hacer desaparecer a las mujeres afganas

Afganistán se ha convertido en el único país del mundo donde las niñas no pueden continuar su educación secundaria y las mujeres son expulsadas de la vida pública

Mujeres afganas en la ciudad de Kandahar. (Afganistán)
EFE/EPA/QUDRATULLAH RAZWAN

El 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron en Kabul y recuperaron el poder en Afganistán. Cinco años después, para millones de mujeres y niñas, aquella fecha sigue marcando un antes y un después. Lo que empezó con promesas de un régimen diferente al de los años noventa terminó convirtiéndose en una sucesión de prohibiciones que han ido cerrando, una a una, las puertas de la educación, el trabajo, la salud, el ocio y la participación pública.

Más de 150 decretos y normativas han restringido desde entonces la vida de las mujeres, según los datos recogidos en el análisis publicado por Efeminista. La activista afgana Batol Gholami resume sus consecuencias de una manera difícil de olvidar: “Las casas de la gente se han convertido en una cárcel”.

Cuando estudiar se convierte en un privilegio

Afganistán es hoy el único país del mundo donde las niñas y mujeres están excluidas de la educación secundaria y superior. UNICEF confirmó este agosto que más de 2,6 millones de niñas han quedado privadas de la educación secundaria desde 2021. Las niñas pueden estudiar, en la práctica, únicamente hasta sexto grado y las mujeres tienen prohibido acudir a la universidad desde diciembre de 2022.

Pero detrás de cada cifra hay una generación a la que se le ha pedido que deje de imaginar su futuro. El problema no termina en las aulas. Un análisis de UNICEF calcula que, si las restricciones continúan, Afganistán podría perder hasta 20.000 profesoras y 5.400 trabajadoras sanitarias para 2030. La representación femenina en la función pública ya cayó del 21% al 17,7% entre 2023 y 2025.

Es precisamente esta exclusión intelectual la que adquiere una dimensión especialmente inquietante en la investigación de la BBC sobre el funcionamiento interno del régimen. Entre las justificaciones atribuidas a responsables talibanes aparece la idea de que “las mujeres tienen deficiencias intelectuales”, un argumento utilizado para defender las restricciones educativas. No es una simple frase: encaja en una estructura política que necesita negar a las mujeres el acceso al conocimiento para mantenerlas fuera de los espacios de poder.

Ni estudiar, ni trabajar, ni siquiera hablar

La expulsión de las aulas es solo una pieza del mecanismo. Las mujeres también han sido apartadas de numerosos empleos, de gimnasios, parques, salones de belleza y baños públicos. En 2024, las autoridades fueron todavía más lejos al restringir la voz femenina en espacios públicos y endurecer las normas sobre vestimenta y desplazamientos.

ONU Mujeres calcula que casi el 80% de las jóvenes afganas de entre 18 y 29 años no estudian, no trabajan ni reciben formación, frente al 20% de los hombres. La participación femenina en el mercado laboral era del 24% en 2024, frente a casi el 90% masculina.

La consecuencia es una dependencia cada vez mayor. Para numerosas actividades, las mujeres necesitan estar acompañadas por un mahram, un familiar masculino. La propia ONU Mujeres señala que las mujeres y niñas permanecen ampliamente confinadas al hogar, con un acceso severamente limitado al empleo, los espacios públicos, el transporte y la justicia.

Cuando tampoco hay mujeres para curarlas

La prohibición educativa tiene otra consecuencia especialmente peligrosa: quién cuidará de las mujeres cuando enfermen. Las restricciones para formar nuevas profesionales están reduciendo el número de médicas, enfermeras y matronas disponibles. UNFPA advierte de que solo una de cada cuatro mujeres embarazadas recibe las cuatro o más consultas prenatales recomendadas. En 2025, más de un centenar de centros de salud comunitarios apoyados por la organización tuvieron que cerrar debido a los recortes de financiación y a las restricciones sobre las trabajadoras sanitarias.

El resultado puede ser tan brutal como paradójico: una mujer puede necesitar atención médica, pero encontrar obstáculos para llegar hasta el hospital o para ser atendida por un profesional adecuado.

La violencia también entra en la ley

El problema ya no se limita a los decretos. En enero de 2026, el líder talibán Hibatullah Akhundzada promulgó un nuevo Código de Procedimiento Penal que, según el análisis recogido por RTVE, profundiza en la discriminación y reduce la protección de las mujeres frente a determinadas formas de violencia doméstica y matrimonio infantil. ONU Mujeres denunció que el nuevo marco incorpora la tutela masculina y la obediencia dentro de una arquitectura legal que deja a las mujeres sin las mismas garantías. Mientras tanto, una de cada cuatro adolescentes se casa antes de cumplir los 18 años, según UNFPA.

El coste de hacerlas desaparecer

La exclusión no solo destruye vidas individuales. También empobrece al país. UNICEF calcula que las restricciones a la educación y al empleo femenino ya cuestan a Afganistán unos 84 millones de dólares al año en producción económica perdida.

Y hay un coste menos visible: el psicológico. Siete de cada diez mujeres describen su salud mental como mala o muy mala, según el informe citado en la información de partida.

Por eso hablar de “prohibiciones” puede quedarse corto. Lo que se está construyendo es una sociedad en la que ser mujer determina dónde puedes estudiar, trabajar, desplazarte, recibir asistencia médica, relacionarte o incluso hablar.

No son invisibles

Y, sin embargo, siguen hablando. Hay escuelas clandestinas, clases por internet, organizaciones dirigidas desde el exilio, redes de apoyo y mujeres que continúan protestando. UNICEF y sus organizaciones asociadas atendieron durante el primer semestre de 2026 a más de 102.000 mujeres y adolescentes mediante espacios seguros y servicios de apoyo, educación digital y atención psicosocial.

 

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