La proposición de ley, impulsada por el PP, para reconocer la profesión de riesgo a Guardia Civil y Policía Nacional suma ya 70 ampliaciones consecutivas del plazo de enmiendas en el Congreso de los Diputados. La iniciativa, registrada hace más de un año, no ha avanzado ni un solo trámite y se ha convertido en uno de los ejemplos más claros del llamado “congelador de Armengol”, la práctica por la que la Mesa, con mayoría de PSOE y Sumar, paraliza leyes mediante prórrogas sucesivas sin límite reglamentario. Este miércoles está previsto que la Mesa apruebe la prórroga número 71 si no cambian de idea.
La situación se mantiene pese a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que dio amparo al PP por un caso idéntico en la legislatura anterior y estableció que las ampliaciones deben estar motivadas. El fallo no prohíbe la práctica ni fija un máximo de prórrogas, lo que permite al Gobierno continuar con el bloqueo siempre que añada una justificación formal. Y ahora, los representantes socialistas en la Mesa acuden ya con las motivaciones preparadas para seguir ampliando el plazo.
La paradoja es evidente: mientras la proposición de ley permanece estancada en el Congreso, el Ministerio del Interior ha comunicado a las asociaciones mayoritarias de la Guardia Civil que abrirá un calendario de trabajo para avanzar en el reconocimiento de la profesión de riesgo. De hecho, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, se comprometió a presentar un documento como primer paso para abordar la jubilación anticipada sin penalización económica. Fuentes de Interior subrayan a Artículo 14 que aún estaba por determinar el calendario pero algunas asociaciones apuntan a este periódico que la primera tendrá lugar el 21 de mayo. Las asociaciones consideran que este gesto demuestra que el Gobierno admite la necesidad de actualizar el marco profesional, pero denuncian que la vía legislativa continúa “congelada” y sin voluntad real de avanzar.
Por su parte, desde el Gobierno insisten en que ya son profesión de riesgo y precisan que lo que se pide es incluir en la proposición de ley a policías y guardias civiles dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo. Insisten en que “ya están reconocidos” en un real decreto que aprobó el Ejecutivo y que la mesa de trabajo de Interior es para su desarrollo, informa Alejandro L. de Miguel. Sin embargo, asociaciones y sindicatos insisten de que siguen sin ser profesión de riesgo y que son ellos los que les han forzado a sentarse en esa mesa.
El debate se ha intensificado tras la muerte el pasado viernes de Germán Pérez González y del capitán Jerónimo Jiménez Molero, después de colisionar en alta mar mientras perseguían una narcolancha en un operativo del Estrecho.
Profesiones de riesgo
La Real Academia Española define “riesgo” como la “contingencia o proximidad de un daño”. La Seguridad Social reconoce como profesiones de riesgo aquellas actividades “excepcionalmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres” o con “elevados índices de morbilidad o mortalidad”. Actualmente, en esta condición, están incluidas trabajadores del Estatuto Minero, personal de vuelo, ferroviarios, artistas (cantantes, bailarines, trapecistas), profesionales taurinos, bomberos, policías locales, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra. Sin embargo, Guardia Civil y Policía Nacional siguen fuera. Grande-Marlaska ha subrayado en varias ocasiones que no existe el concepto de “profesión de riesgo” para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad porque para ellos la peligrosidad ya “está considerada”, unas palabras que no han sentado bien entre guardias civiles y policías, menos aún entre los familiares. Y es que esta medida afectaría a más de 150.000 agentes entre ambos cuerpos de los cuales, según el catálogo en enero de 2026 eran unos 82.115 agentes teóricos, con unos 73.539 operativos reales, incluyendo alumnos en prácticas.
Los cuerpos autonómicos y locales disfrutan ya de coeficientes reductores que permiten adelantar la jubilación sin pérdida económica: Policías locales: coeficiente 0,20; jubilación hasta 5 años antes. Ertzaintza: coeficiente 0,20; jubilación desde los 59-60 años. Mossos y Policía Foral: reconocidos desde 2022 tras acuerdo parlamentario. Guardia Civil y Policía Nacional quedaron excluidos de ese acuerdo. Las asociaciones han denunciado de manera reiterada que el criterio económico pesa más que el de seguridad: incluir a ambos cuerpos supondría un sobrecoste en cotizaciones para el Estado. Fuentes de Interior subrayan que es un asunto que va más allá de su ministerio pues están involucrados otros ministerios como el de Hacienda o Trabajo y con esa mesa de trabajo indican que sí que tienen voluntad. Las asociaciones y sindicatos se mantienen expectantes del paso dado y esperan poder avanzar en un reconocimiento que supone todavía un agravio comparativo con las policías autonómicas.
Presión política
El bloqueo legislativo coincide con un aumento de la presión política. El Partido Popular anunció ayer “un plan urgente” contra el crimen organizado en el Estrecho que incluye un endurecimiento del Código Penal y la incorporación de armas no letales en los servicios marítimos de la Guardia Civil para inutilizar las narcolanchas sin poner en riesgo la vida de los agentes. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, presentó estas medidas tras la reunión del Comité de Dirección del partido. Aunque las causas del accidente siguen bajo investigación, Sémper afirmó que los agentes fueron “asesinados”. El plan de los populares también incluye la restauración de la unidad OCON Sur, especializada en la lucha contra el narcotráfico, y reformar la ley para que las macrocausas del narco sean investigadas por la Audiencia Nacional y no por juzgados locales “donde los narcos amenazan a jueces y a sus familias”. Y es que, la iniciativa, registrada en el Senado, tampoco ha avanzado y también quedó paralizada mediante el mismo mecanismo de ampliaciones sucesivas del plazo de enmiendas.
El PP incide también en una ofensiva en la que planteará que se reconozca otra reclamación histórica: la de declarar el Campo de Gibraltar y el litoral andaluz como “zona de singularidad operativa”, una figura que permitiría reforzar medios, incentivos y protección para los agentes destinados en la zona, algo que aunque Marlaska insiste en que se ha reforzado tras la tragedia de Barbate los agentes, desde el terreno, no lo están notando.
El paralelismo con las Fuerzas Armadas
La parálisis en el caso de los Guardias Civiles también se produce en el Ejército. El pasado 7 de abril, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) se reunió con la Secretaría de Estado de Defensa (SEDEF), Amparo Valcarce, y solicitó la creación de una Comisión de Trabajo que garantice la participación de las asociaciones profesionales en todas las fases del proceso, dado que -como ya advirtió la organización- “el personal que pertenece o ha pertenecido a Clases Pasivas no puede quedar fuera de la medida” -anteriormente a 2011, la situación de los militares no los regulaba la Seguridad Social, sino las Clases Pasivas-.
Según explican a declaraciones a este medio, la SEDEF les aseguró que el requerimiento se ha trasladado al ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, organismo encargado de procesar la solicitud. Y, de momento, ahí se encuentra el documento hasta el siguiente paso, que será elevar al Consejo de Ministros el Real Decreto. Entre otros puntos, los militares conseguirán que se aplique el coeficiente reductor, un mecanismo legal en el sistema de Seguridad Social para adelantar la edad de jubilación. En 2025, el Senado aprobó una iniciativa del PP para modificar la Ley General de la Seguridad Social e incluir a los militares, que aún se encuentra en trámite.