La Guardia Civil ha dado un paso relevante en una de sus reivindicaciones más repetidas en los últimos años. Las asociaciones mayoritarias del cuerpo han comunicado el compromiso del Gobierno de acordar un calendario que sirva como primer movimiento para reconocer sus actividades como una profesión de riesgo.
El anuncio, aunque todavía sin fechas cerradas ni detalles concretos sobre su desarrollo, supone un avance político en una demanda que ha ganado fuerza a medida que se ha intensificado el debate sobre las condiciones laborales y la protección profesional de los agentes.
Según el comunicado conjunto al que ha tenido acceso La Razón, este compromiso llega como consecuencia de un “firme posicionamiento” de las asociaciones. En ese marco, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, se habría comprometido a presentar el documento esta misma semana, antes de las vacaciones de Semana Santa. La noticia ha sido recibida como un primer gesto de apertura institucional hacia una reclamación que la Guardia Civil considera ya inaplazable.
Un primer paso hacia una reclamación histórica
La demanda de que la Guardia Civil sea reconocida como profesión de riesgo no es nueva, pero sí se ha intensificado en los últimos años. Las asociaciones sostienen que el aumento de los índices de delincuencia en España ha reforzado la necesidad de revisar el estatus profesional de los agentes, que desempeñan funciones expuestas a situaciones de elevada peligrosidad y desgaste físico y mental.
En ese contexto, el calendario prometido por el Ejecutivo no se interpreta como una solución definitiva, sino como el inicio de un proceso político y administrativo más amplio. Las asociaciones ven este movimiento como un primer paso necesario para encauzar una reivindicación que consideran un “derecho incuestionable”.
Esa expresión resume bien el tono del mensaje trasladado por los representantes del cuerpo, que insisten en que no se trata de una concesión simbólica, sino del reconocimiento de una realidad profesional que, a su juicio, lleva demasiado tiempo sin respuesta.
El hecho de que aún no se hayan confirmado las fechas de la reunión comprometida introduce, sin embargo, un elemento de cautela. La Guardia Civil valora el gesto, pero mantiene la presión para que ese compromiso no quede solo en un anuncio previo a Semana Santa sin consecuencias concretas posteriores.
La jubilación anticipada, en el centro del debate
Uno de los puntos más sensibles de este proceso tiene que ver con la jubilación anticipada. Las asociaciones pretenden que el reconocimiento como profesión de riesgo se traduzca también en la posibilidad de acceder a esa jubilación sin perjuicio económico, con independencia del régimen de cotización en el que se encuentre cada efectivo.
Ese matiz es clave, porque uno de los grandes temores dentro de la Guardia Civil y también en otros cuerpos vinculados a la seguridad y la defensa es que una eventual reforma deje fuera a parte del colectivo. Por eso, en el comunicado conjunto se insiste en mantener la unidad hasta corregir lo que califican como un agravio. “Es un primer paso en la dirección correcta. Las asociaciones seguiremos en unidad hasta terminar con este agravio”, señala la misiva.
La reivindicación, por tanto, no se limita a una etiqueta formal sobre el riesgo de la profesión. Busca consecuencias reales sobre la carrera laboral de los agentes y sobre sus condiciones de retiro, en un momento en el que los debates sobre desgaste profesional, exposición al peligro y envejecimiento de las plantillas están cada vez más presentes.
El precedente de los militares y el riesgo de una reforma parcial
El movimiento que ahora afecta a la Guardia Civil se produce, además, pocos días después de que el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, propusiera iniciar los trámites para declarar la carrera militar como profesión de riesgo. Aquella decisión abrió expectativas, pero también provocó un fuerte malestar en varias asociaciones profesionales al entender que miles de efectivos podrían quedar excluidos del reparto.
El problema, según denunciaron, es que la medida se limitaría a los militares integrados en el Régimen General de la Seguridad Social. Eso afectaría únicamente a quienes ingresaron a partir del 1 de enero de 2011 y dejaría fuera a la mitad del colectivo. Para esas asociaciones, ese diseño rompe el principio de igualdad dentro de una misma profesión.
Ese precedente explica parte de la preocupación actual. La Guardia Civil quiere evitar que el eventual reconocimiento de profesión de riesgo termine articulándose con criterios que generen desigualdades internas o dejen a una parte de los agentes al margen de los beneficios asociados.