La batalla judicial del conocido como ‘caso Alhama’ ya tiene un primer desenlace. La Justicia ha responsabilizado al entrenador Randri García, al Alhama CF y a la exdirectora deportiva Tamara Ruiz por los episodios de humillaciones y comportamientos degradantes denunciados por varias futbolistas del equipo murciano durante la temporada 2022/2023.
La sentencia concluye que cuatro exjugadoras vieron vulnerados sus derechos dentro del club y reconoce una indemnización de 32.000 euros (8.000 para cada una) por los perjuicios sufridos. Aun así, la resolución no es definitiva y las partes condenadas todavía pueden presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Comentarios machistas y humillaciones
La sentencia considera acreditado que varias jugadoras del Alhama estuvieron expuestas de manera habitual a comentarios ofensivos y despectivos por parte del entrenador. El fallo judicial describe un clima marcado por burlas sobre el físico de las futbolistas, críticas humillantes sobre su rendimiento y expresiones de carácter machista y sexual que, según la magistrada, sobrepasaban cualquier límite aceptable dentro de un entorno profesional.
Para el juzgado, este comportamiento terminó generando un ambiente tóxico dentro del vestuario y afectó directamente a la dignidad de las jugadoras. La resolución insiste en que la presión y la competitividad del deporte de élite no pueden utilizarse como excusa para normalizar insultos, menosprecios o situaciones degradantes.
El polémico envío por Whatsapp
La investigación judicial también puso el foco en otro de los episodios que provocó la polémica dentro del club: el envío a las futbolistas de una fotografía en la que aparecían varios miembros del cuerpo técnico desnudos en el vestuario. Según recoge la resolución, la imagen fue enviada mediante una lista de difusión de WhatsApp desde el teléfono móvil del entrenador.
Aunque el técnico ya había quedado libre de las acusaciones de acoso sexual en procedimientos anteriores, el juzgado sí incorpora este episodio al relato de hechos considerados probados y lo enmarca dentro del clima vivido por parte de la plantilla durante aquella temporada.

El vestuario terminó denunciando
El origen del ‘caso Alhama’ se remonta a la primavera de 2023, cuando varias integrantes del equipo hicieron públicos episodios de insultos, comentarios machistas y situaciones que consideraban humillantes dentro del vestuario del club murciano. La denuncia inicial fue impulsada por cinco futbolistas, aunque finalmente cuatro de ellas decidieron mantener la batalla en los tribunales.
La repercusión del caso llevó a abrir diferentes investigaciones, entre ellas una actuación de la Inspección de Trabajo. Las pesquisas apuntaron a la existencia de un clima laboral conflictivo dentro de la plantilla y reflejaron el malestar de buena parte de las jugadoras por la actitud del entrenador hacia varias compañeras.
Las medidas de la RFEF
El escándalo no solo tuvo recorrido en los tribunales, sino también dentro del ámbito deportivo. Tras analizar el caso, la Real Federación Española de Fútbol decidió sancionar a Randri García con dos años de inhabilitación por su comportamiento hacia varias futbolistas del Alhama.
Durante ese periodo, el técnico quedó apartado oficialmente de los banquillos y no pudo dirigir partidos ni ejercer como entrenador federado. Aun así, continuó ligado al día a día de la entidad en funciones internas. Su vuelta al banquillo del conjunto murciano se produjo este mismo año, una vez cumplida la sanción impuesta por la RFEF.
FUTPRO respalda el fallo judicial
El sindicato FUTPRO recibió la sentencia como un paso importante para la defensa de las futbolistas y respaldó públicamente la decisión judicial. La organización, que acompañó a las jugadoras durante todo el proceso, considera que el fallo lanza un mensaje claro sobre los límites que no deben traspasarse dentro del deporte profesional.
Desde el sindicato subrayan que la resolución refuerza la responsabilidad de los clubes y de quienes ocupan cargos de dirección o liderazgo de garantizar espacios de trabajo libres de humillaciones, insultos o comportamientos degradantes. Además, entienden que el ‘caso Alhama’ puede marcar un antes y un después en la protección laboral de las jugadoras dentro del fútbol español.
