El 1 de julio marca un antes y un después para los alquileres turísticos en España. Desde esa fecha, entra en vigor de forma obligatoria la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. El sistema estatal que exigirá a todas las viviendas destinadas a alquileres turísticos, de temporada o por habitaciones, estar registradas con un número identificativo si quieren anunciarse por internet.
Con esta medida, el Gobierno da un paso decisivo para poner orden en un mercado en auge pero plagado de irregularidades, en un intento de frenar el impacto de este fenómeno en el acceso a la vivienda.
A partir de ahora, ningún anuncio de alquileres turísticos podrá publicarse en plataformas digitales sin un número de identificación oficial. Este número, que debe solicitarse a través del Colegio de Registradores, certifica que la vivienda cumple con la normativa vigente —estatal, autonómica y local— y actúa como una especie de “matrícula” del inmueble.
Durante los seis meses anteriores, el proceso fue voluntario. Pero desde julio se convierte en un requisito obligatorio para todos los alquileres turísticos que quieran existir legalmente en internet. Según el Ministerio de Vivienda, hasta la fecha se han registrado 199.686 solicitudes —156.938 relativas a alquileres turísticos—, aunque todavía casi la mitad están pendientes de verificación.
¿Qué implica la Ventanilla Única Digital para los propietarios?
La Ventanilla Única Digital funciona como una pasarela que conecta a los propietarios de alquileres turísticos con plataformas, administraciones públicas y registros. A través de esta plataforma, deben presentar la documentación que acredite la legalidad del uso turístico del inmueble, incluidos los permisos locales o autonómicos que puedan ser necesarios.
Una vez obtenido, el número debe ser visible en el anuncio del alojamiento en internet. Las plataformas como Airbnb, Booking o Vrbo están ahora obligadas a verificar esa información y a retirar en un plazo máximo de 48 horas cualquier oferta que no cumpla o que esté vinculada a un código retirado.
Las plataformas digitales, que se han convertido en la principal vía para ofertar alquileres turísticos, deberán asumir nuevas responsabilidades. Además de mostrar visiblemente los códigos de registro en cada anuncio, deberán realizar:
- Un seguimiento mensual (o trimestral en el caso de microplataformas) de la actividad.
- Efectuar controles aleatorios.
- Comunicar irregularidades al ministerio correspondiente.
Estas medidas pretenden frenar la proliferación de alquileres turísticos ilegales, que en los últimos años han crecido sin control y han alterado el equilibrio del mercado inmobiliario, sobre todo en zonas urbanas y turísticas tensionadas.
Sanciones: entre la propuesta y la realidad
El nuevo sistema de control no incluye aún un régimen sancionador específico. Aunque el Gobierno dejó abierta esa puerta en el decreto aprobado en diciembre. Por ahora, las infracciones se sancionarán conforme a las leyes ya existentes a nivel estatal, autonómico o local.
Sin embargo, el PSOE ha propuesto multas de hasta 600.000 euros para las plataformas que publiquen alquileres turísticos sin registro. Una iniciativa que se quiere incluir en la proposición de ley impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG. El objetivo de esta ley es regular también los alquileres de temporada y por habitaciones, cada vez más utilizados como alternativa al alquiler habitual.