A dos días de que expire el plazo para registrar oficialmente las viviendas de uso turístico, el escenario sigue marcado por la incertidumbre. Aunque la medida entró en vigor en enero con un periodo de adaptación de seis meses, todavía no está claro cuál será el impacto real sobre la oferta de viviendas vacacionales. Hace apenas dos semanas, solo se había inscrito una de cada cuatro y las plataformas han comenzado a retirar anuncios a contrarreloj.
Según datos del Colegio de Registradores, más de 100.000 pisos turísticos habían completado el trámite a mediados de junio, lo que anticipaba la avalancha de registros que vendrían días después. Esta semana, el registro superaba ya las 178.000 inscripciones, una cifra que previsiblemente aumentará en las 48 horas restantes.
Desde la institución se aclara que el Número de Registro Único de Alojamiento (NRUA) solo será obligatorio para los alojamientos de corta duración que se oferten a través de plataformas digitales, por ejemplo, Booking o Airbnb. Por lo tanto, los usos turísticos podrán seguir comercializándose sin necesidad de inscripción.
La exigencia de registro se enmarca en el Real Decreto 1312/2024 y en el Reglamento Europeo 2024/1028. Así, a partir del 1 de julio, todos los anuncios de alquileres de corta duración deberán incluir el NRUA emitido por el Colegio de Registradores. Para obtenerlo, el propietario deberá aportar la referencia catastral, dirección exacta, modelo de alquiler (por habitaciones o vivienda completa), capacidad y el cumplimiento de los requisitos autonómicos correspondientes.
Retirada de 4000 anuncios en Booking
Durante este periodo de transición ya ha habido consecuencias en las plataformas online. Booking ha retirado 4.093 anuncios de alojamientos turísticos, la mayoría en Canarias, en cumplimiento de un requerimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El departamento de Pablo Bustinduy había detectado publicidad ilícita y se instó a su retirada. También se han eliminado alojamientos en regiones como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja o Castilla-La Mancha.
El Ministerio ha valorado públicamente la colaboración de Booking, destacando la necesidad de ajustar la oferta a la legalidad vigente. Bustinduy vinculó la proliferación de estos alojamientos con las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente en zonas tensionadas por el turismo.
Airbnb en el punto de mira judicial
Esta misma semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó el recurso de reposición de la plataforma Airbnb y ratificó la orden de retirar 5.800 anuncios ilegales. Es la segunda resolución judicial en esta línea, tras una primera sentencia que ya avalaba la actuación del Ministerio.
En respuesta, Airbnb calificó el auto como “preliminar” y denunció que las actuaciones del Ministerio van “en contra” de la normativa española. La plataforma ya fue instada en mayo a eliminar cerca de 66.000 anuncios ilegales, como parte de un procedimiento dividido en tres fases. El Ministerio espera que los siguientes requerimientos tengan el mismo recorrido judicial.
En ese sentido, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado haber planteado a Airbnb formular un “nuevo convenio” que incorpore las novedades legislativas sobre el turismo y la vivienda, si bien no ha descartado aplicar sanciones en caso de que la plataforma siga incumpliendo la normativa vigente.
“Nadie está por encima de las leyes y ni de la voluntad democrática de un ayuntamiento y de una ciudad para decidir qué modelo y qué políticas de vivienda hace o qué modelo de turismo defiende”, sostuvo Collboni.
De este modo, ha avisado a la compañía de que el consistorio no permitirá que se infrinja la ley y que, contra ello, actuarán “de manera mucho más contundente” utilizando todos los instrumentos civiles, penales o administrativos que tenga a su disposición. Respecto a las potenciales multas en el caso de que se incumpliese la normativa, Collboni ha explicado que la cuantía dependerá del grado de incumplimiento que se detecte, y ha asegurado que se impondrán por una vía “jurídicamente sólida”.
Nueva regulación
Respecto al nuevo convenio planteado a Airbnb, el alcalde ha defendido que permitirá actualizar el actual, suscrito en 2018, al marco jurídico vigente, entre otras cosas incorporando el registro único de alquileres de corta duración aprobado en el Congreso y que empezará a funcionar el 1 de julio.
Asimismo, ha argumentado que el nuevo convenio responde a un “cambio de actitud” por parte de la compañía difícil de aceptar por parte del gobierno municipal, en sus palabras: “Por eso tenemos que hacer un nuevo convenio, porque pensamos que es mejor que nos entendamos y que colaboremos en combatir la ilegalidad”.
Ha apuntado que la propuesta del Ayuntamiento es que el nuevo convenio, que tiene que ser aceptado por Airbnb, se dará por finalizado en noviembre de 2028, cuando cesarán las licencias de pisos turísticos en Barcelona.
En paralelo, Airbnb ha anunciado que bloqueará los anuncios que no incluyan un número válido. La plataforma también ha lanzado campañas informativas dirigidas a sus anfitriones para adaptarse al nuevo marco legal.