Danone y Digi fueron dos de las primeras empresas en formalizar su inscripción en el Registro de Lobbies, tal y como exige el Real Decreto-ley de grupos de interés. Fue el pasado 4 de septiembre, el mismo día en que se abrió oficialmente este registro, que ya cuenta con 41 expedientes de empresas, tal y como pudo confirmar ayer Artículo14 en el portal del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano gestor del Registro.
Además de Danone y Digi, el primer día habilitado también se inscribieron Alliance Nutrition (dedicada al control de la producción alimentaria, la inspección y la certificación de productos, procesos y sistemas de calidad) y Asuntos Públicos Estrategos (consultoría española). Es muy probable que estas entidades, ante algún contacto programado previamente, tuvieran que formalizar apresuradamente su inscripción, según explican fuentes sectoriales.
Pendientes de su convalidación
Todo ello mientras esta exigencia pende de un hilo, a la espera del resultado de la votación del próximo miércoles, cuando el Real Decreto-ley de Lobbies pasará por el Pleno del Congreso de los Diputados para su convalidación. Previsiblemente, la norma decaerá, ya que no cuenta con el apoyo de todos los socios del Gobierno -Junts no le daría su visto bueno- y, además, el PP podría votar en contra, en lugar de abstenerse, lo que dificultaría que salga adelante. Es decir, esta exigencia puede dejar de ser obligatoria, cuando además CEOE y los sindicatos CCOO y UGT se han opuesto frontalmente a su inclusión como grupos de interés.
Mientras tanto, más de 250 entidades han solicitado inscribirse en el Registro Estatal de Grupos de Interés durante su primera semana de funcionamiento. Además de agencias de asuntos públicos y asociaciones -que son la mayoría de las registradas-, figuran empresas de diferentes sectores como automoción (Tesla y Renault), logística (UPS), moda (H&M), energía (Enagás, Reolum, Exolum, Fenie Energía, Octupus Energy, BP Energía), alimentación (además, de Danone y Lactalis Nestlé), tecnología (Amadeus y Ericsson), cultura (Movierecord y Ficción Producciones) y transporte (Alstom), entre otros.
Los grupos de interés que quieran continuar ejerciendo su actividad de influencia ante el sector público estatal o empezar a hacerlo deben apuntarse en este registro.
El silencio administrativo juega en favor de las entidades
Según el decreto ley aún en vigor, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tendrá un plazo máximo de tres meses desde que se presenta la solicitud para resolverla, sin perjuicio de la subsanación de aquellas solicitudes que presenten alguna deficiencia. Además, la normativa recoge que, si transcurre dicho plazo sin resolución expresa, la solicitud se entenderá aprobada.
Asimismo, la presentación de la solicitud produce efectos de inscripción desde el mismo momento de su presentación, permitiendo el ejercicio de la actividad de influencia. Y es que, la normativa establece que antes de mantener contactos o desarrollar actividades conjuntas con grupos de interés, el personal público debe comprobar que dichas entidades han solicitado su inscripción en el Registro.
No obstante, la norma prevé una excepción. El personal público podrá reunirse con grupos que no hayan presentado la solicitud siempre y cuando formalicen por escrito su compromiso de iniciar el trámite en un plazo máximo de tres días.
La patronal y los sindicatos, descontentos con el decreto ley
El Gobierno ha conseguido poner de acuerdo a patronal y sindicatos en esta legislación: tanto CEOE, como UGT y CCOO la rechazan.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cuestionó que una organización sindical deba tener esta consideración. “No conozco ningún país del mundo que sitúe a las organizaciones sindicales como lobby, porque los intereses generales no son un lobby“, afirmó en rueda de prensa.
El rechazo sindical coincide también con el de la patronal y CEOE maniobra para evitar la convalidación del decreto-ley en el Congreso de los Diputados. En este sentido, fuentes próximas a la organización trasladan que, de momento, no se están manteniendo reuniones con el sector público.
Esta sería también la decisión que ha adoptado Foment, que en este asunto está colaborando con CEOE para tratar de que Junts a vote en contra del texto. Para convalidar el decreto-ley es necesaria una mayoría simple, por lo que, si Junts y el PP votan en contra, la norma decaería.
Y es que, según detalló en un comunicado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), la obligación alcanza a personas físicas y jurídicas, pero también a agrupaciones sin personalidad jurídica, como plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva, “siempre que desarrollen actividades destinadas a influir en las decisiones del sector público estatal, ya sea por cuenta propia o ajena”.